El absentismo enfrenta a Guardia Urbana y Ayuntamiento de L'Hospitalet en las negociaciones para un nuevo convenio

Hace ya casi una década que las relaciones entre la Guardia Urbana y el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat discurren entre arenas movedizas. Desde nueve años atrás ambas partes tienen pendiente firmar un nuevo convenio laboral que, hasta la fecha, no ha logrado ponerlos de acuerdo. Por una parte, los sindicatos reclaman mejoras en las condiciones salariales y laborales del cuerpo. Por otra, el Ayuntamiento las condiciona a una bajada del absentismo laboral, que actualmente está entre el 24% y el 35%.

El propio alcalde David Quirós (PSC) explica a EL PERIÓDICO que ya hay fecha para un nuevo encuentro negociador: el próximo 16 de octubre. El primer edil asume que la administración local tiene ante sí el gran reto del absentismo laboral entre sus policías. Y no obvia que el consistorio también debe a los agentes garantías de recursos y modernización "para que puedan realizar su trabajo con normalidad".

A ello hizo también referencia Quirós el pasado lunes, en la presentación del plan para la reforma de los barrios del norte (Samontà). "Estamos buscando cómo fortalecer el ámbito de la Guardia Urbana. Los agentes deben trabajar en las calles con mejores condiciones, evidentemente", remarcó el alcalde, que tildó la seguridad de "prioritaria" y avaló las preocupaciones de los 3.000 vecinos que salieron a la calle para pedir mejoras el pasado 1 de octubre. De hecho, la estrategia de regeneración urbana en el Samontà, con una primera inversión de 15 millones, contemplarà un plan específico de convivencia y seguridad.

La colisión con la Guardia Urbana derivó, a principios de septiembre, en protestas de la plantilla del cuerpo de policía local, que dejó de apuntarse a horas extra como medida de presión para que el gobierno municipal cambiara su propuesta inicial. Los sindicatos dejaron a un lado la protesta el pasado 22 de septiembre a la espera de retomar las negociaciones. El ejecutivo local ya había advertido de que no se sentaría a hablar mientras el cuerpo mantuviera acciones de protesta.

Tras la falta de agentes disponibles para el primer fin de semana de las fiestas de Bellvitge, y ante las quejas de los sindicatos por la propuesta de convenio, el gobierno local firmó un decreto el pasado día 5 de septiembre para modificar los turnos de trabajo, vacaciones o fiestas de la plantilla "cuando se considere necesario para garantizar un servicio mínimo".

El Ayuntamiento lo aprobó después de que un informe de la jefatura de la Guardia Urbana apuntara que, desde mediados de junio, el cuerpo cuenta con un índice de absentismo que varía entre el 24 y el 35% en servicio de ordinario y con el objetivo de tratar de cubrir las patrullas necesarias para el fin de semana.

La condición de no superar los 19 días al año

La propuesta municipal, explica a este diario el portavoz del SPL-CME, Juanjo Torán, incluía una mejora fija de unos 1.000 euros al año para toda la plantilla y otros 3.500 euros anuales sujetos a que el absentismo "no fuera mayor de 19 días al año". "En cuanto faltas 19 días, de esos 3.500 ganas cero euros. Lo normal es que la policía trabaje en la calle y es habitual coger, al menos, una gripe al año. Pues una semana fuera ya supone que un agente pierda 1.300 euros al año. O que ir al médico te reste", lamenta Torán.

Tras una asamblea celebrada el día 4 de septiembre, buena parte de la plantilla se sumó a esa negativa de apuntarse a las horas extras y, además, aumentó el número de bajas por incapacidad temporal e indisposiciones de última hora.

El primer teniente de alcalde y responsable del área de Seguridad del consistorio hospitalense, Jesús Husillos, no quiso hablar de una "huelga encubierta" y dijo que estudiarían "caso por caso" antes de tomar nuevas medidas. En cualquier caso, Husillos se aferró a esa falta de agentes para cubrir horas extras y al auge de las bajas para firmar el decreto con tal de garantizar el servicio policial.

Por su parte, la oposición aprieta a Quirós. Los portavoces del PP y ERC-EUiA, Sonia Esplugues y Jaume Graells, anunciaron el pasado viernes que retoman la petición de un Pleno extraordinario para que "el gobierno dé explicaciones públicas sobre la situación de inseguridad que sufre la ciudad". De hecho,  ERC y PP ya habían convocado este Pleno extraordinario a raíz de las protestas de la policía local, pero el 30 de septiembre anunciaron que suspendían la petición para dar más margen a las negociaciones entre el ejecutivo local y la plantilla de Guardia Urbana.

La masiva manifestación del 1 de octubre

A tal punto llega la preocupación en torno a la seguridad en L'Hospitalet que la masiva concentración del pasado 1 de octubre puso de acuerdo a fuerzas de tan heterogéneo pelaje político como ERC, PP, Comuns y Vox. Ya advirtieron los organizadores de que la marcha era una protesta "vecinal" y "apolítica" y que no tolerarían consignas o banderas partidistas, un tono que lograron mantener con éxito durante la protesta. Tan solo al final de la marcha, ya en la puerta del Ayuntamiento, se generaron unos segundos de tensión después de que un manifestante haya ondeado una bandera de España, un acto que ha sido respondido con gritos de "fuera, fuera" de buena parte de los asistentes.

Como ya adelantó este periódico en mayo de este año, el aumento de la presión policial en Barcelona y el aeropuerto de El Prat ha supuesto que buena parte de los criminales multirreincidentes y negocios ilegales como los narcopisos se desplacen a L’Hospitalet, ubicada entre ambos puntos. De hecho, los datos de la última Junta Local de Seguridad de la ciudad, celebrada en abril de este 2025, reflejaron que, en el último año, los delitos en L'Hospitalet habían crecido un 6,4%, principalmente, debido a los hurtos.

En esta línea, mandos policiales de los Mossos d'Esquadra remarcaron entonces que la "casuística única" de L'Hospitalet, con más de 280.000 habitantes concentrados en 12 kilómetros cuadrados que tiene el municipio, en el que hay barrios con la mayor densidad de población de Europa como Pubilla Cases, provocan que la ciudad sea un "preludio de lo que puede pasar en otras zonas de Catalunya". También, argumentaron los mandos policiales, con una derivada en cuanto a seguridad: en algunos barrios hay un porcentaje muy elevado de población migrante, lo que supone un contraste cultural con posible impacto en la convivencia y en el uso del espacio público.

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