Crisis habitacional
El alquiler se duplica en el área de Barcelona en los últimos 20 años y se diluye el porcentaje de propietarios
Un estudio del Institut Metròpoli destaca un aumento de la concentración de la propiedad y la desigualdad creciente en el nuevo paradigma inmobiliario
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Dos chicas jóvenes buscan ofertas de alquiler en una inmobiliaria de Barcelona. / Efe / Marta Pérez

El acceso a una vivienda digna, uno de los derechos más básicos, se ha convertido en los últimos años en una utopía para cada vez más vecinos de las grandes ciudades a lo largo del planeta. Sobre todo para aquellos que buscan un hogar estable y que no se coma la mayor parte de sus ingresos. El área metropolitana de Barcelona es buen ejemplo de ello. Un estudio elaborado y publicado recientemente por el Institut Metròpoli permite analizar cómo el acceso a la vivienda se ha complicado en la capital catalana y su conurbación, a la vez que se ha transformado el modelo de tenencia, donde el alquiler ha roto con la hegemonía de la propiedad.
El estudio expone como, el mercado del alquiler ha cogido fuerza en el área metropolitana, sobre todo a raíz de la crisis económica de 2008, de modo que se ha doblado el porcentaje de arrendatarios, mientras que la propiedad se ha diluido en cada vez menos manos. “La población que ha accedido a la vivienda en los últimos años es la que se ha encontrado más dificultades para entrar en la vivienda en propiedad y, por lo tanto, se ha visto ‘obligada’ a optar por el alquiler”, destaca Sergio Porcel, investigador del Institut Metròpoli y director del informe, que analiza la situación conjunta de los 36 municipios que integran el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
El informe refleja que, en el año 2000, punto álgido de la propiedad como principal tenencia, el 61,6% de la población metropolitana era propietaria plena de su vivienda principal y otro 20,8% era propietaria con pagos pendientes asociados a créditos hipotecarios. En cambio, entonces, solo el 15,7% de la población metropolitana residía en viviendas de alquiler. Así, entre 2000 y 2011, se produjo un marcado descenso de la población con vivienda en propiedad plena (del 61,6% al 46,4%), en especial en favor del alquiler, cuya proporción casi se duplicó en ese periodo (del 15,7% al 27,5%).
Por dos décimas, la propiedad sigue siendo el modelo residencial más frecuente (33,6%), el alquiler le ha ido comiendo terreno año a año y, con los últimos datos analizados, suponía el 33,4% del total. Una tendencia, además, que no se prevé que se detenga. La propiedad con pagos pendientes también ha aumentado, pasando de representar al 20,8% de la población metropolitana en el año 2000, al 25,3% en 2022. En definitiva, esta transformación en el modelo de acceso implica que “ha aumentado sustancialmente la proporción de población que debe asumir mayores gastos vinculados a la vivienda y que reside en su hogar principal bajo formas de tenencia más inestables”.
De hecho, una encuesta reciente del Observatori Metropopolità de l’Habitatge de Barcelona (OH-B) refleja que ya hay más de un millón de catalanes que buscan piso, una cifra que ha ido a más año a año.
Mercantilización
La radiografía de la vivienda metropolitana cambió a raíz de la crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008. Entre las medidas adoptadas para estabilizar el sistema bancario destacaron las restricciones al crédito hipotecario. Nuevas condiciones que, desde entonces, han condicionado el importe del crédito hipotecario al 80% del valor de la vivienda, lo que limita el acceso a la compra de vivienda a aquellas personas que contasen con ahorros suficientes para cubrir al menos el 20% restante del precio del inmueble.
Sergio Porcel habla de dos fenómenos que han supuesto una transformación estructural del mercado inmobiliario: la mercantilización y la financiarización. El primero es el fenómeno por el que la vivienda pasa a tener una mayor importancia en su valor de mercado y no en el valor de uso. “Se prioriza más cómo se pueden generar beneficios a partir de la compra-venta de vivienda, que no su función social”, apunta el investigador.
La financiarización son el conjunto de normativas o regulaciones que permiten “transformar en beneficios líquidos” —es decir, en dinero— el valor patrimonial de los inmuebles. Por ejemplo, “las facilidades para el uso turístico de los pisos”. “Todo esto facilita la especulación”, añade Porcel, quien apunta a la falta de oferta como otro posible factor.
Además de estos factores, el estudio también expone como el precio de la vivienda, en sus distintas modalidades, se ha disparado en los últimos 20 años con valores muy por encima de los de las rentas. Así, mientras que desde el año 2000 los precios de la vivienda han crecido entre un 275% y un 226% en función de su régimen de tenencia, las rendas familiares solo lo han hecho un 176%. Además, el informe remarca que los inquilinos deben destinar mensualmente casi un 40% de su renta a gastos de vivienda, mientras que los propietarios aún con pagos pendientes destinan menos de un 27%.
Riesgo de pobreza
Así, el informe del Institut Metròpoli subraya que la vivienda se ha convertido en un elemento que "marca la estratificación social". "La propiedad se está concentrando cada vez en menos manos. Eso nos lleva a intuir que será un elemento de desigualdad cada vez más claro”, sigue el texto, que remarca que la edad, el nivel de renta y el lugar de nacimiento se configuran como los principales ejes de esa desigualdad en lo que se refiere al impacto de los costes de la vivienda. Ejes que, de hecho, muchas veces se solapan. En esta línea, el informe detalla también las consecuencias que comporta para muchas familias este nuevo paradigma habitacional.
Por ejemplo, el informe estima que, en 2022-2023, la pobreza inducida por la vivienda afecta al 14,7% de la población en el área metropolitana de Barcelona y ha provocado que el riesgo de pobreza se elevara del 19,8% al 34,4%. Esta es la diferencia entre la tasa de riesgo de pobreza antes de los gastos de la vivienda y la de después de estos gastos es lo que se denomina la tasa de pobreza inducida por la vivienda y permite cuantificar la proporción de población que se encuentra en situación de riesgo de pobreza como consecuencia de la carga para su economía doméstica. "Se puede constatar cómo la pobreza inducida por los gastos de la vivienda es notablemente mayor entre la población que vive en viviendas de alquiler o de propiedad con pagos pendientes (23,3% y 18,9% respectivamente), lógicamente aquellas tenencias que requieren un nivel de gasto superior", apunta el texto.
Porcel explica que la pobreza inducida por los costes de la vivienda "no ha cambiado mucho en los últimos años". Pero que, pese a esta estabilidad, la población que accede en los últimos años tiene mayores costes habitacionales. "Es muy diferente haber accedido al alquiler antes del 2000 que haberlo hecho después de 2015", remarca.
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