Unos 500 bomberos voluntarios estudian judicializar sus reclamaciones laborales antes de que acabe el año

Un total de 470 demandas individuales, coordinadas por la asociación de bomberos voluntarios denominados Bombers Precaris en Lluita, se preparan para converger en una demanda colectiva que la entidad sospesa presentar ante los juzgados de lo social antes de que acabe el año. "Hemos iniciado el proceso para presentar una demanda que pida mejoras laborales a la Generalitat de Catalunya", explica a EL PERIÓDICO Francesc Castillo, portavoz de Bombers Precaris en Lluita.

Ese medio millar de bomberos representan al 31% del cuerpo de bomberos voluntarios activos, que critican sufrir un régimen "precario y sin derechos laborales esenciales" al tiempo que se les exigen "obligaciones propias de los funcionarios de carrera", señala Castillo. Los bomberos voluntarios, que además de sus empleos habituales forman parte del cuerpo de emergencias para garantizar intervenciones más rápidas en todo el territorio, solicitan mejoras como la reducción de horas de servicio (actualmente, son 650 horas mínimas) sin necesidad de convertirse en bomberos de carrera, o bien la posibilidad de cotizar dichas horas de trabajo.

Ante esta potencial acción judicial, fuentes del Govern consultadas por este diario aseguran que "no existe una relación contractual entre la Administración y el personal voluntario", por lo que no será posible asumir las demandas de dichos profesionales. Lo que reciben, dicen, son "compensaciones por el posible perjuicio causado en la actividad del personal voluntario al margen de su dedicación al Cuerpo de Bomberos".

Fuentes del Departament d’Interior insisten en que la propuesta de reconocimiento laboral directo es inviable: “Más allá de la normativa vigente y la jurisprudencia, existen impedimentos legales”. Recuerdan que el Estatuto Básico del Empleado Público y la Llei 5/1994 marcan que el ingreso en la categoría de bombero de primera solo puede producirse mediante oposición.

Mínimo de 650 horas

En Catalunya hay actualmente 2.077 bomberos voluntarios, de los cuales 1.499 figuran en activo. El colectivo de bomberos sostiene que, pese a esa etiqueta de “voluntarios”, sus tareas responden a las obligaciones y controles de un empleo reglado. Cada miembro debe asegurar un mínimo de 650 horas anuales de disponibilidad, entre intervenciones, formación y trabajos internos.

La gestión de esa dedicación se articula a través de una aplicación oficial del Departament d’Interior instalada en sus móviles personales, donde deben marcar si están disponibles de forma presencial, inmediata, diferida o no disponibles. El incumplimiento de este sistema, explican, puede acarrear la expulsión.

Por las horas efectivamente trabajadas reciben una compensación de 10 euros brutos por hora, abonados en nómina y con retención de IRPF. “Somos mano de obra barata, 'low cos't para la Administración”, denuncia Castillo, quien subraya que en emergencias ejecutan las mismas funciones que los bomberos funcionarios pero sin los derechos reconocidos a estos. "Los ciudadanos no disingen si somos voluntarios o no. Tampoco lo tienen que saber, porque lo que tenemos que hacer es resolver la situación", argumenta.

Sin cotización

Las reclamaciones no se limitan a lo económico. Los voluntarios señalan que Interior no reconoce su cotización a la Seguridad Social a efectos de jubilación, ni les aplica coeficientes reductores por la peligrosidad del trabajo. Tampoco están amparados por la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, a pesar de afrontar idéntico riesgo físico que sus compañeros funcionarios, denuncian.

Interior recuerda algunas mejoras recientes. En septiembre de 2024 entró en vigor un contrato con la aseguradora Previs Gestión de Riesgos SLU para ampliar la asistencia médica de todo el cuerpo, con cobertura en todas las especialidades sanitarias. También se trabaja en un Plan d’Estalvi específico para el colectivo. Pero los voluntarios replican que la nueva póliza “aún no se ha activado en la práctica” y consideran insuficientes las medidas.

Choque de modelos

Interior reivindica, además, las ventajas del sistema mixto. Según la Conselleria, esta fórmula permite mantener un despliegue territorial muy extendido, con capacidad de respuesta rápida en zonas rurales o poco pobladas donde no sería sostenible un parque exclusivamente profesional. “El posicionamiento sobre el territorio es un valor inalienable, tanto en tiempo de respuesta como en conocimiento local y actividad preventiva”, sostienen.

Tras una década de reuniones con partidos, consellers y directores generales, el colectivo asegura que la vía política está agotada. “Nos hemos sentado en innumerables ocasiones, incluso en la comisión de Interior del Parlament, y no ha habido cambios. La única salida que nos queda es la judicial”.

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