Política municipal
Jordi Valls, sobre el acceso a la vivienda en Barcelona: "Tener 10.000 pisos turísticos no ayuda"
Maria Eugenia Gay defiende que los arrendadores temen a los morosos y Elisenda Alamany le ha reclamado que "baje a la Tierra"
El teniente alcalde de Barcelona, Jordi Valls, en una imagen de archivo / Alberto Paredes - Europa Press
Por qué confiar en El Periódico El cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha afirmado este miércoles que "tener 10.000 pisos turísticos que se destinan básicamente no a un uso residencial, sino a un uso económico, no ayuda" a resolver el problema de la vivienda.
Lo ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio en la que ha señalado que el principal problema de la vivienda ahora mismo es la oferta porque es una ciudad que "no tiene mucho suelo, ubicada entre dos ríos, el mar y la montaña y su capacidad de crecimiento es compleja".
Por ello ha remarcado que desde el gobierno municipal siguen con la intención de eliminar en 2028 todas las viviendas turísticas y también ha apuntado que deben "incentivar capital privado porque la solución no puede ser única y exclusivamente del servicio público".
Recriminación de ERC
Este mismo jueves, la segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, ha defendido en otra entrevista en Betevé que los propietarios tienen miedo de alquilar sus viviendas por los inquilinos morosos.
La líder municipal de ERC, Elisenda Alamany, ha replicado a Gay que "baje a la Tierra" y se preocupe por las dificultades de los arrendatarios, en una publicación en la red social 'X'. "Que se relacione con los mortales que no pueden pagar alquiler, que comparten piso pese a tener trabajo, que reciben presión para abandonar su piso para vendérselo a 'expats'", ha expresado.
Vetos comunitarios
Precisamente este martes el Ayuntamiento de Barcelona, la Cambra de Propietat Urbana y el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida firmaron un convenio que propuso ERC al gobierno de Jaume Collboni para la limitación de pisos turísticos en comunidades de propietarios de la ciudad.
El acuerdo fomentará que las comunidades de vecinos redacten nuevos estatutos o modifiquen los ya existentes para limitar el uso turístico u otras actividades que puedan tener consecuencias negativas en la convivencia de las fincas, explica el consistorio en un comunicado.
El convenio comportará una aportación municipal de 100.000 euros: 4.000 para cada institución, 36.000 para subvencionar las minutas de los profesionales que contribuyan a los nuevos estatutos y 56.000 para los costes que asuman las comunidades vecinos en el trámite.
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