La Fiscalía cerca a las ZBE ante "una gran cantidad de incumplimientos" por parte de ayuntamientos

La Fiscalía General del Estado ha centrado su mirada en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de unos 150 ayuntamientos españoles para comprobar si las restricciones para los vehículos más contaminantes cumplen los requisitos exigidos por la actual legislación medioambiental. En el contexto de estas actuaciones, según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Ministerio Público ha solicitado por la vía administrativa documentación a la Generalitat de Catalunya, competente en materia de medioambiente, sobre las regulaciones de los municipios de más de 50.000 habitantes.

El objetivo de este requerimiento es "determinar el alcance y la situación" de las ZBE de todos los municipios de territorio español para analizar posibles "incumplimientos" por parte de los consistorios. De hecho, según reza el escrito de la Fiscalía, que tiene la categoría de "expediente gobernativo", ya se ha comprobado que "una gran cantidad" de localidades no acatan la normativa en relación a esta materia.

Lo que hace la Fiscalía en este tipo de actuaciones consiste en dirigirse a las Comunidades Autónomas para reclamar información y recordar los requisitos obligatorios que las ZBE deben incluir. Se trata de un paso previo a iniciar unas eventuales diligencias de investigación, por lo que de momento se ha pedido colaboración a todas las administraciones autonómicas.

En el caso de Catalunya, la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental, adscrita a la Conselleria de Territori del Govern de la Generalitat, ya está remitiendo información al Ministerio Fiscal. Específicamente, se está detallado el estado de implementación de cada ZBE y las características de cada uno de los proyectos municipales.

Una de las cuestiones sobre las que la Fiscalía solicita información es si se está sancionando o no a los vehículos que entran dentro del perímetro de la ZBE sin la autorización ambiental correspondiente. La aplicación de sanciones es uno de los requisitos que ha exigido el Ministerio de Transportes para otorgar las ayudas estatales al transporte público de los municipios. La progresividad y los escollos —el retraso de un registro catalán que ahora despega— para la aplicación de sanciones ha desembocado en una heterogeneidad que ha provocado un ruido que no facilita esclarecer hasta qué punto los ayuntamientos cumplen con la normativa.

Cascada de aprobaciones a final de año

Pese a que la acción de Fiscalía es de alcance estatal, fuentes especializadas en materia de ZBE apuntan a que se ha intensificado en Catalunya los últimos meses. En los municipios catalanes, el próximo 1 de enero del 2026 será un momento clave en cuanto a ZBE: el decreto catalán sobre calidad del aire, avanzado por este diario, exige a las administraciones locales tener sus ordenanzas aprobadas para entonces. Ello explica la cascada de aprobaciones en grandes ciudades catalanas de este final de año: de L'Hospitalet de Llobregat a Cornellà o Mataró, pasando por la activación de sanciones en poblaciones que ya tenían ordenanza pero no era completamente efectiva, como Sabadell o Reus. En el área de Barcelona, falta aún por aprobar Santa Coloma de Gramenet por aprobar su primera ordenanza en este ámbito.

El agravamiento de los recelos de Fiscalía coincide en el tiempo con el hecho de que algunos municipios hayan evidenciado su voluntad de desmarcarse de ciertos consensos medioambientales a los que se había llegado. Es el caso de Castelldefels, con alcaldía del popular Manu Reyes, que se ha desmarcado de la línea del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) al aprobar una moratoria que exime de multas a residentes hasta el 2030, cuatro años más tarde de la vigencia general que estipula la norma catalana.

También Badalona es un caso singular. Pese a no disponer de la nueva ordenanza aprobada aún tras suspenderse la anterior, el alcalde Xavier Garcia Albiol (PP) ha hecho público que apuesta por una 'ZBE' que funcione sin etiquetas ambientales, una de las condiciones esenciales de esta regulación. La estrategia de Albiol pasa por justificar como ZBE la pacificación de su centro histórico, la cual restringirá el tráfico —sí podrán circular residentes— en una superficie de 250.000 m² en el barrio del Centre y de otros 130.000 m² en el barrio de Dalt de la Vila. También Tarragona y Reus, ambas con alcaldías socialistas, se han sumado a la senda de las moratorias para residentes, en el primer caso con una exención hasta diciembre del 2026 y en el segundo hasta enero del 2028.

El blindaje de las sanciones de las ZBE

Las normas locales que salen adelante a finales de este 2025 buscan consolidar las regulaciones de ZBE. Por ejemplo, Cornellà ha ampliado el perímetro vetado a vehículos más contaminantes a todo el término municipal. Y también se está poniendo especial cuidado en contar con los informes oportunos de impacto económico en residentes o grupos afectados como los autónomos, uno de los argumentos que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya esgrimió para tumbar el verano del 2024 las ordenanzas de los municipios integrados en la ZBE Rondas Barcelona.

Las sanciones son, a todas luces, el principal elemento de blindaje de las nuevas ZBE. Tanto los ayuntamientos de Barcelona como de L'Hospitalet se vieron obligados a anular cantidades millonarias por multas que habían previsto cobrar. Como el mundo local no quiere volver a pasar por ese mal trago, los consistorios optan ahora por remitir a la garantista regulación estatal para reforzar jurídicamente las sanciones que se imponen.

La gran diferencia entre las regulaciones actualizadas y las de antes de las sentencias judiciales es que aquellas no remitían a normas estatales sino municipales. Existe consenso entre voces expertas de que basar regímenes sancionadores en reglamentos locales confiere menos garantías jurídicas en una normativa que adolece de debilidad jurídica desde su origen. Tanto por su carácter pionero como por la oposición social a las restricciones, especialmente de las patronales o plataformas vecinales que las han impugnado.

Ese blindaje de las sanciones cristalizó este verano en una resolución pionera del TSJC que avaló las multas del Ayuntamiento de Barcelona. Tras el revés judicial en 2022 a la primera regulación barcelonesa sobre ZBE, sobrevolaba el interrogante de hasta qué punto puede seguir multando el consistorio después de la anulación de la norma sobre la calidad del aire que sustentaba jurídicamente esas sanciones. El TSJC despejó la incógnita: la administración local no tiene por qué anular multas de oficio y puede seguir sancionando con base a su nuevo reglamento aprobado en enero 2023.

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