Badalona recurre a la Generalitat para que decida posibles sanciones a policías locales por la 'guerra' abierta entre sindicatos

El conflicto abierto entre los dos principales sindicatos de la Guàrdia Urbana de Badalona (PSU y SIP-Fepol) se eleva a la Generalitat de Catalunya, tras la aprobación en el Pleno municipal ordinario de octubre, celebrado este lunes por la tarde en la casa consistorial badalonesa, de uno de los puntos del orden del día, que planteaba precisamente en su encabezado la encomienda al Departamento de Interior y Seguridad Pública de "la tramitación de un expediente de información reservada o expediente disciplinario, según corresponda, derivado de la conducta y actuación de miembros del cuerpo de la Policía Local". Esta conducta presuntamente inapropiada incumbe a ambos sindicatos, y se materializa a través de una cadena de correos electrónicos que se inició en abril de este año.

La irrupción de la Generalitat en la controversia se produce a petición de la gerencia del Ayuntamiento de Badalona ―cabe señalar que el puesto de gerente no existía en el gobierno municipal hasta el nombramiento de Jofre Clofent, en 2024―, que emitió un informe el 21 de mayo en que concluía pedir que se tramite un convenio de colaboración entre el Departament y el Ayuntamiento para la instrucción de estos expedientes; todo ello, con el fin "que la división de Asuntos Internos incoe un expediente de información reservada sobre los correos enviados al conjunto de la plantilla por parte de las secciones sindicales PSU y de SIP-Fepol".

El primero de los correos electrónicos lo envía el sindicato PSU el 28 de abril de 2025, según la transcripción del informe emitido por gerencia que se incluye en la preacta del Pleno municipal, que ha podido consultar este medio. Se trata de un correo "dirigido a toda la plantilla del Ayuntamiento poniendo en cuestión la integridad del procedimiento de selección de sargentos de la Guardia Urbana de Badalona".

En los últimos meses, tanto el proceso de selección de sargentos como el de la plaza de intendente mayor (tras la jubilación a principios de este año del superintendente Conrado Fernández) han quedado marcados por la polémica. Particularmente este último, el del máximo responsable de la policía local badalonesa, tras la petición al alcalde Albiol por parte de cinco de los seis aspirantes al mencionado puesto de suspender el concurso, alegando que se han vulnerado normativas sobre los principios de publicidad, transparencia e igualdad.

La cadena de correos continuó el mismo 28 de abril, con un envío de la sección sindical de SIP-Fepol, dirigido también a toda la plantilla, denunciando "la revelación de imágenes y datos personales de agentes de la Guardia Urbana de Badalona". Este episodio hace referencia a la publicación en redes sociales de una fotografía en que se ve a tres de los aspirantes a los puestos de sargento junto a otros miembros de la plantilla que formarían parte del jurado encargado de evaluar las candidaturas. El intercambio de correos dirigidos a toda la plantilla continuó al día siguiente.

Ya el 30 de abril, continúa el gerente en su informe, SIP-Fepol denunció una presunta mala praxis de los empleados de la brigada de mantenimiento de edificios recalcando que son miembros o simpatizantes de la PSU. El 7 de mayo de 2025, la sección sindical de la PSU vuelve a responder a los correos de la sección sindical de SIP-FEPOL dirigida a toda la plantilla. El último de los correos referenciados en la preacta del Pleno data del 9 de mayo de 2025, cuando SIP-Fepol pose de manifiesto que ha denunciado a la sección de la PSU ante la Agencia Española de Protección de Datos por difusión de datos personales. Un correo que recibe respuesta también por parte de la PSU.

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