La dispar subida de IBI e IPC ahonda en la crisis financiera de los ayuntamientos catalanes

Los datos actualizados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) ahondan en la crisis financiera que el mundo local catalán ha colocado en el centro de su agenda política. Los consistorios ingresaron 2.970 millones el pasado 2024 por IBI urbano (y 38 simbólicos millones por IBI rústico). Pese a que son 440 millones más que una década atrás, el crecimiento se sitúa unos 6 puntos por debajo del incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC). Es decir, los costes de los servicios municipales crecen por encima de lo que lo hace la recaudación del impuesto que representa de media una cuarta parte de los ingresos de las administraciones locales.

A esos gastos les puso datos a finales del pasado 2024 un nuevo observatorio de la Associació Catalana de Municipis (ACM). Entre ellos están los 510 millones a cargo de los consistorios por "facturas energéticas disparadas", que se han encarecido en diez años unos 130 millones. O la subida del coste de los intereses, que suponen hoy a los ayuntamientos 93 millones después de haber rondado la mitad años anteriores. Así como el coste por los incrementos salariales acordados por el Gobierno estatal: en una década, sostiene la ACM, los ayuntamientos han pasado a asumir 1.200 millones más por salarios. Los sueldos públicos supusieron en 2023 a las arcas municipales catalanas 3.892 millones. Son casi 900 millones más que la recaudación total del IBI en Catalunya.

Aunque la relevancia financiera del IBI perdura en los ayuntamientos —supone una cuarta parte de ingresos totales y dos tercios de los ingresos impositivos—, su crecimiento más lento que el IPC implica que el tributo "esté perdiendo poco a poco peso en las haciendas locales", considera Joaquim Solé, catedrático de Finanzas Públicas en la Universitat de Barcelona (UB). Solé lamenta que "impedir la expansión del IBI sería un retroceso", especialmente por su significativo papel en la autonomía fiscal de los municipios.

El experto propone incluso elevar el gravamen máximo que los consistorios pueden aplicar hasta el 1,5% (actualmente está en el 1,3%). Pero también por habilitar a los ayuntamientos a aplicar bonificaciones en la cuota en función del nivel de renta de cada unidad familiar, algo que la Ley veta en la actualidad.

La dispar subida de IBI e IPC agudiza las flaquezas de un sistema de financiación local que reprueban especialistas como la profesora Maite Vilalta, doctora en Ciencias Económicas por la UB y también profesora especializada en haciendas locales. Vilalta asegura que la anquilosada Ley de Haciendas Locales de 1988 "ha ido haciendo más dependientes de Estado y Generalitat a los ayuntamientos". Precisamente, la académica se refiere a la pérdida de autonomía financiera a partir de ingresos como el del IBI, que relegan a las administraciones a financiarse a partir de las transferencias de Estado y Generalitat, que junto con otras transferencias corrientes suponen de media un 35% de los ingresos municipales.

IBI e IPC: una Catalunya dividida

Pese al indicador global catalán de una subida del IBI por debajo del IPC esta última década, los datos arrojan que Catalunya está dividida si se analiza ayuntamiento por ayuntamiento. De los 947 consistorios catalanes, 429 de ellos —177 en la provincia de Barcelona— registran esta última década una subida de ingresos por IBI por debajo del incremento del índice de precios. La otra mitad, los 518 restantes, muchos de ellos muy poco poblados, han sumado en proporción más ingresos de lo que ha subido el coste de la vida.

Barcelona es un paradigmático caso de suma prácticamente cero: el Ayuntamiento ingresó por IBI en 2024 un 26,6% más que en 2013, concretamente unos 750 millones de euros. Algo más de lo que subió en ese mismo periodo el IPC. Un fenómeno parecido ocurre en L'Hospitalet de Llobregat: los ingresos por IBI se han incrementado durante una década un 22%, prácticamente al nivel del IPC. La comparativa entre la variación de los ingresos municipales y la del IPC puede consultarse municipio a municipio en el siguiente mapa de EL PERIÓDICO.

Pero no todos los ayuntamientos son Barcelona. Hay llamativos casos de grandes consistorios catalanes donde el recibo medio de IBI ha bajado durante estos años, los consistorios ingresan sensiblemente menos y la diferencia entre la bajada del IBI y la subida del IPC es notable. Son los casos de Mataró y Vilanova i la Geltrú.

En la capital del Maresme, el Ayuntamiento ingresa hoy unos 40,4 millones de IBI y en 2013 ingresaba 69,6 millones. Es una bajada del 42%, cuando el IPC ha subido un 23%. El recibo medio ha pasado de 787,6 euros a los actuales 428 euros. Vilanova i la Geltrú es un caso similar: de 36 millones ingresados por IBI en 2013 ha pasado a los actuales 27,7. Una caída del 23%. El recibo medio en la ciudad ha pasado de 695 (2013) a los 509 euros anuales.

La incógnita de estas bajadas se despeja por la revisión de valores catastrales. Mataró revisó en 2013 y, tras la crisis inmobiliaria, la caída de los valores catastrales fue muy pronunciada. Vilanova i la Geltrú revisó por última vez valores catastrales en 2019, pero antes había aplicado coeficientes correctores al haber revisado en 2006. También en Matadepera (-10%) y Montcada i Reixac (-7,5%) ha bajado esta última década la recaudación del IBI.

Una futura ley de financiación local

En el contexto del debate sobre la salud financiera de los ayuntamientos, la tramitación de una nueva ley a propuesta de los Comuns para mejorar la financiación de los ayuntamientos de Catalunya echó a andar hace unos días en el Parlament. Se trata simplemente de un borrador y en algún punto de su aventura parlamentaria se topará con la propuesta normativa sobre la misma cuestión que trabaja el propio Govern de la Generalitat. Pero da muestra del papel que ocupa la cuestión en el debate político, donde alcaldes de todos los colores, de PSC a Junts, han reclamado la renovación de un sistema de financiación obsoleto.

Consulta cuánto se paga de media de IBI en todas las localidades de Catalunya

Al margen de los ayuntamientos, harina de otro costal son el resto de gobiernos locales de Catalunya como los de los 41 Consells Comarcals. A juicio de la presidenta de la ACM y exconsellera Meritxell Budó (Junts), estos entes "están en la UCI financieramente hablando". Al no disponer precisamente de ingresos propios como los procedentes del IBI, su dependencia de las transferencias de Estado y Generalitat es muy superior que la de los ayuntamientos.

Para tratar de paliar ese agujero financiero, el Govern lanzó a finales de junio un fondo extraordinario de 23 millones que incrementa un 20% la partida que los Consells Comarcals recibieron en 2023, el año de los hasta ahora prorrogados Presupuestos de la Generalitat. A través de su Secretaria de Governs Locals liderada por Xavier Amor, el ejecutivo catalán ya ha avanzado que analizará caso por caso los gastos de los entes comarcales que vinculados a la administración catalana por los denominados contratos-programa, empezando por el de Servicios Sociales. 

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