Menos votantes elegirán más concejales: Barcelona crece en población y electos mientras el censo se desploma

Barcelona vive desde hace años una situación que, por paradójica que parezca, en realidad no lo es. Mientras la ciudad no deja de crecer en población y prevé aumentar el número de concejales que la representan, el censo electoral se desploma drásticamente. Es decir, hay más gente empadronada, pero menos con derecho a voto. El balance de las últimas cuatro décadas lo constata: los vecinos llamados a las urnas son ahora un cuarto de millón menos. Este escenario abre ciertos debates, como el peso real de cada voto en las elecciones municipales y, sobre todo, si el censo representa la realidad y los cambios que están viviendo los barrios de la ciudad, que cada vez acogen a más residentes.

La principal explicación a este escenario es la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) de 1985, que se basa en el padrón de cada localidad. El reglamento establece que el número de concejales en cada municipio varía en función de sus habitantes, sin considerar si estos tienen derecho a voto o no. La ley electoral fija un escalado según el cual los municipios de entre 50.001 a 100.000 habitantes tienen 25 concejales y a partir de 100.001 hacia adelante se añade uno más por cada 100.000 residentes, sumando un edil más “cuando el resultado sea un número par”, con la intención de evitar empates en las votaciones de los ayuntamientos.

Barcelona vivirá la aplicación directa de la Loreg en las elecciones municipales de 2027 porque, si no hay un cambio repentino en el padrón municipal y se confirma la tendencia al alza de la población, el pleno municipal sumará dos concejales más. Según la última fotografía a día 1 de enero de 2025, la ciudad contaba con 1.732.066 vecinos empadronados, un umbral que permitiría a la capital catalana tener 43 concejales, dos más de los que tiene ahora. Este cambio, aparentemente técnico, podría alterar el equilibrio de fuerzas en el ayuntamiento y reconfigurar las mayorías necesarias para formar gobierno, complicando pactos o, por el contrario, abriendo nuevas combinaciones en un tablero cada vez más fragmentado.

La capital catalana no ha rebasado la cifra de 41 ediles en los últimos 30 años. De hacerlo en 2027 y alcanzar los 43 concejales, volvería al mismo escenario que en 1991. La caída de la población ese mismo año generó que Barcelona perdiera dos concejales en el mandato de 1995. Antes de ese año, siempre había tenido los 43 electos que adquirió tras las primeras elecciones de la restauración democrática, las de 1979. Tenía entonces una población de casi 1,9 millones de habitantes, un récord histórico que nunca se ha vuelto a alcanzar.

El peso de la población extranjera

A pesar del aumento de la población en los últimos años, el censo electoral no muestra una tendencia de crecimiento porque, entre otros motivos, una parte cada vez mayor de la población es de origen extranjero. Nunca antes tantos vecinos de Barcelona habían poseído un pasaporte de otro país como ahora. En concreto, hay 612.529 personas empadronadas nacidas fuera de España. Sin embargo, que estas personas vivan y trabajen en la ciudad no implica que tengan derecho a voto. Lo que les da derecho a voto es, literalmente, la relación de su país natal con el de destino.

Sólo pueden participar en las elecciones municipales quienes han adquirido la nacionalidad española o quienes proceden de países con acuerdos bilaterales con España, siempre que estén empadronados y hayan solicitado su inclusión en el censo electoral. Para los ciudadanos de la Unión Europea, el derecho a voto también existe en comicios locales, pero deben registrarse expresamente en el censo. Y muchos de los que llegan a Barcelona para una estancia temporal no dan este paso. En definitiva, los requisitos y trámites lastran significativamente la representación electoral de una parte importante de la población real de Barcelona.

Un ejemplo de esta complejidad es el caso de Argentina, que es actualmente la procedencia extranjera más numerosa en la ciudad, con casi 50.000 personas empadronadas nacidas en este país. Pese a los vínculos históricos entre los dos países, Argentina no cuenta con un acuerdo bilateral que permita votar en las municipales españolas. Sin embargo, la limitación tiene letra pequeña: muchos de estos residentes argentinos tienen también la nacionalidad italiana y la condición de europeos sí les da acceso a las urnas.

Como explica en declaraciones a EL PERIÓDICO la doctora en Ciencia Política de la Universitat de Barcelona (UB), Esther Pano, hay que tener en cuenta “múltiples factores para entender quién puede votar y quién no”. Ella pone el foco en la configuración del censo para las municipales, que abarca a más población con derecho a participar. Esta mayor cobertura hace que “no sea completamente evidente cuánta gente tiene derecho a voto” porque, una vez más, hay que fijarse en los detalles. Para empezar, en el convenio bilateral entre países, ya que cada uno está regido por sus propias circunstancias, siguiendo por la solicitud previa, que no todas las personas cursan.

La población flotante y los ‘expats’

“Hay que considerar cual es la naturaleza de este incremento en el padrón porque también existe la población flotante, que puede tener incentivos para empadronarse en un momento determinado, pero sólo quedarse tres o cinco años en la ciudad”, apunta la profesora. Para estas personas -que pueden ser estudiantes, trabajadores temporales o personas que no se empadronan-, la implicación electoral suele ser menor. Esto también puede distorsionar el cálculo de la tasa de abstención, ya que hay inscritos que realmente no tienen posibilidad práctica de votar aunque figuren en el padrón.

Algo parecido sucede con los ‘expats’. Según su nacionalidad podrán votar o no, pero necesitarán cumplir los requisitos legales y una cierta permanencia en la ciudad que no siempre se cumple. Aunque a menudo son europeos con cierto nivel socioeconómico y cultural, no siempre se inscriben en el censo o desconocen que tienen derecho a votar en las municipales. Este grupo puede tener derecho a voto -por ejemplo, si son ciudadanos de la UE- pero su participación efectiva es baja. Todos estos motivos, que han ido evolucionando con el tiempo, han propiciado un descenso del 18% en los últimos 40 años, que también se refleja en el número de votantes.

¿Hace falta una reforma electoral?

¿Qué hay que hacer ante este escenario? El profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Ernesto M.Pascual lo tiene claro: hace falta una reforma electoral, aunque admite que “no es una situación fácil de resolver”. Otra de las vías que plantea es “ir a la raíz del problema y facilitar la nacionalización de los extranjeros”. “Si queremos una democracia plena no nos podemos permitir que una parte creciente de la población quede fuera, en un vacío político permanente”, señala.

Pano, sin embargo, es más prudente y cree que “reformas tan fuertes se tienen que pensar muy bien”. “Te tienes que plantear qué está pasando y ver quién y por qué se está quedando fuera”. “Entonces valoras si es necesario una reforma electoral o no”, dice, avisando que la Loreg no sólo afecta a Barcelona. “Hay que vigilar con resolver problemas locales con una solución que es general”, advierte.

La legitimidad democrática

El hecho de tener más representación en un ayuntamiento pero escogido por menos personas puede abrir un debate sobre la legitimidad democrática. ¿Cuántos votantes deben escoger al alcalde? Para Pascual, una de las consecuencias es la brecha democrática. “Tenemos una parte de la población que vive completamente integrada, pero no puede votar. Esto plantea preguntas incómodas sobre cómo entendemos la ciudadanía y la soberanía popular”, asegura.

Apunta también a que la falta de derecho a voto de parte de la población puede hacer que los partidos no se dirijan a estos colectivos, “lo que refuerza su invisibilidad” y deja fuera del foco político a determinadas realidades sociales. Esto puede provocar una desconexión entre la Administración y la realidad social: “Tenemos instituciones escogidas solo por una parte del vecindario, pero que deben gobernar para todo el mundo”.

La mayoría sube a 22 votos

Los efectos inmediatos del aumento de dos concejales en el Ayuntamiento de Barcelona es que subirá el listón de la mayoría absoluta a 22 votos, cuestión determinante para garantizar la estabilidad del mandato. Este hecho podría suponer un mayor reto para el gobierno de Jaume Collboni, en caso de reelección, porque necesitaría el apoyo de un concejal más para lograr pactos en un consistorio tan fragmentado como el actual.