La reforma del 30%, a un paso de saltar de mandato: ultimátum del PSC a Junts y choque con BComú

La reforma del 30% de vivienda protegida se enquista en Barcelona. Tanto que incluso el gobierno de Jaume Collboni se plantea la posibilidad de que salte de mandato y se tramite en el siguiente. Cuando parecía que el acuerdo entre el PSC y Junts podía ser inminente, el ejecutivo socialista ha lanzado un ultimátum este miércoles. "Si antes del 1 de agosto no hay acuerdo, este tema no se volverá a abrir hasta 2028", pasadas las elecciones municipales de 2027. Con este movimiento, el gobierno del PSC añade presión a Junts para cerrar un acuerdo cuanto antes, ya que el apoyo de sus 11 concejales son suficientes para lograr una mayoría que dé luz verde a la tramitación.

"Si antes del verano no hay acuerdo, no discutimos, quedará cerrado en discusión política". Así de contundente se ha pronunciado el teniente de alcalde Jordi Valls, que lidera la negociación junto a su homóloga Laia Bonet. El gobierno no quiere hacer un “debate eterno”. "Hace dos años que discutimos sobre el 30% y creo que ya hemos debatido suficiente al respecto", ha admitido en declaraciones a SER Catalunya. Ante la dilatación del acuerdo con Junts y con dudas de que pueda materializarse pese a los esfuerzos depositados en las conversaciones, los socialistas han decidido marcar esta fecha límite en el calendario.

Eso no quiere decir que las negociaciones se paralicen. Todo lo contrario. Bonet ha recordado este mismo miércoles que las conversaciones continúan para tratar de desbloquear la reforma, que está pendiente desde que Collboni se hizo con la vara de alcalde. Fue una de sus promesas: flexibilizar una medida que considera que no ha funcionado. Así, la teniente de alcalde ha insistido en que el gobierno sigue trabajando "en la posibilidad de que la reforma del 30% sea una realidad".

100 millones de euros tumbados

Mientras el acuerdo entre el PSC y Junts se resiste, la oposición de los Comuns a la reforma del 30% está complicando la gestión del día a día del gobierno. El desencuentro entre los exsocios de gobierno en esta cuestió ha vuelto a ser determinante en la comisión de Economía de este miércoles.

Si el 30% ya fue el tema de la discordia en la negociación del presupuesto de 2025, ahora lo ha sido para aprobar una modificación de crédito de 100 millones de euros de la prórroga presupuestaria de 2024. Los Comuns condicionaron su apoyo a que el gobierno socialista parara la reforma del 30%. Como el PSC no renuncia a ello, los Comuns han votado en contra junto a Junts, PP y Vox, y el expediente no ha prosperado. Sólo lo han apoyado PSC y ERC.

La comisión de Economía era la única oportunidad para aprobar esta modificación de crédito, que se financia con Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales (RLTDG). Estos 100 millones de euros permitían hacer una transferencia de 50,1 millones de euros a la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) para financiar las bonificaciones del transporte público, hacer frente a gastos sociales con 13,7 millones para el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) y a gastos de personal con 36,3 millones.

"El 30% aparece para bloquear"

Con el expediente tumbado, ahora el gobierno puede volver a presentarlo cuando considere o repartir las partidas en un nuevo expediente que deberá pasar otra vez por la comisión. Valls ha lamentado la posición de los Comuns porque considera que “el 30% aparece constantemente cuando quieren bloquear” y les ha recordado que en el acuerdo al que ambos llegaron para las ordenanzas fiscales de 2025 se les exigía congelar las tarifas de transporte público.

En su respuesta, Marc Serra (BComú) ha acusado al gobierno de ser el único responsable de la situación por “levantarse de la mesa” cuando se les pide “políticas de izquierda”. El posicionamiento de Junts en contra también ha sido clave para que la modificación de crédito no haya prosperado. En su caso, han recriminado al ejecutivo la “incapacidad” y el “menosprecio de Collboni al diálogo” para llegar a acuerdos.

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