El gobierno Collboni pide disculpas por los baches de Pi i Margall y culpa a los Comuns

El PSC y Barcelona en Comú se han enzarzado este martes en la comisión de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona a cuenta de la reforma por la que este verano se rehará la calzada de la calle Pi i Margall, donde abundan los baches pese a haberse inaugurado a finales de 2023. La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, anunció la semana pasada que el consistorio gastará casi un millón de euros para sustituir la piedra de granito que adoquina el paso para vehículos, ya maltrecho con resaltos y grietas en la vía que conecta la Vila de Gràcia con el Baix Guinardó. Esta tarde, Bonet se ha excusado en nombre del ayuntamiento y ha traspasado toda la responsabilidad a su antecesora al frente de urbanismo y actual líder de los Comuns, Janet Sanz. Bcomú ha acusado a la socialista de mentir y tender una “cortina de humo”.

“Quizá sería más útil que estuviera aquí la señora Sanz”, ha observado Bonet nada más comenzar su comparecencia, a petición de Junts. La teniente de urbanismo y concejala de Gràcia ha acusado a la ‘número uno’ de BComú de haber tomado “la decisión que obligará a gastar un millón de euros más por una calle reformada hace año y medio”. Parte de la calle volverá a levantarse a partir de mediados de julio y durante seis semanas. 

Bonet ha culpado a los Comuns de “no respetar el acuerdo político” con el PSC, que fue socio de gobierno de la alcaldesa Ada Colau y que ostentaba la alcaldía cuando la calle se reabrió. Los socialistas reprochan a Barcelona en Comú que, pese a aceptar que el transporte público siguiera circulando por Pi i Margall, insistieran en cubrir la calzada con piedra natural. “Se puso un pavimento que no aguantaba el paso de transporte público”, ha observado Bonet, que ha recriminado que “Sanz aún no ha pedido disculpas ni ha rectificado”. 

“Pi i Margall es el enésimo ejemplo de las buenas intenciones y los malos resultados de Barcelona en Comú”, ha concluido la teniente. “Como la señora Sanz parece que no está dispuesta a hacerlo, pido disculpas en nombre de la institución a las vecinas y los vecinos de Pi i Margall por las molestias que, sin duda, ocasionarán las obras para rehacer la calle”, ha manifestado. Junts ha echado en cara a Bonet que escurriese responsabilidades.

El papel de las constructoras

Lucía Martín (BComú) ha afeado a Bonet que culpe a Sanz y su formación. “Después de dos años y ser reprobada por su mala gestión, después de que le hayan retirado las competencias en vivienda, está tan desesperada en mejorar su desastrosa gestión que monta una cortina de humo a partir de desprestigiar las pacificaciones que lideramos desde Barcelona en Comú”, ha esgrimido la concejala.

Junts y ERC exigen "responsabilidades políticas" a Collboni por "la chapuza" de la calle Pi i Margall

Martín ha respondido que las acusaciones al gobierno de Colau “ya no se aguantan cuando el PSC lleva dos años gobernando” y ha afirmado que los socialistas carecen de obra de gobierno que lucir en Barcelona. A su vez, la edila ha postulado que el ejecutivo municipal ejecute la garantía del contrato de las obras de Pi i Margall e imponga a las constructoras que asuman el dispendio de los arreglos. La reforma costó 9,45 millones de euros al consistorio y se confió a una UTE formada por Acsa y Vimasa y a la empresa Vías y Construcción. 

Asimismo, Martín ha defendido el uso del enlosado de granito frente al asfalto. “Lisboa y Roma lo usan en vías más transitadas sin problemas y la Rambla tiene piedra natural de subida y bajada con paso de buses y camiones. ¿Lo que es bueno para turistas no lo es para las vecinas de Pi i Margall?”, ha planteado. El gobierno municipal explica que el granito se suplirá por un aglomerado asfáltico, de una tonalidad similar a la piedra natural pero que promete más resistente.  

Desalojos en Vallcarca

Por otro lado, el ayuntamiento ha desestimado una petición de BComú para detener los desahucios en fincas públicas de Vallcarca, previstos para el próximo 2 de julio, y desafectar las viviendas pendientes de desalojo, ocupadas por una cuarentena de personas, incluidos 13 menores. Los Comuns han propuesto replantear el planeamiento urbanístico, que “lleva 25 años en un cajón”, ha recalcado Martín.

“Los desahucios que Collboni quiere ejecutar abocarán a familias a situaciones de infravivienda”, ha alertado la concejala, que ha instado a los socialistas a “rectificar” y a “sentarse a negociar” para evitar lo que ha tachado de “sinsentido”. El PSC, Junts, el PP y Vox se han opuesto a la propuesta y BComú solo ha hallado el respaldo de ERC. 

Bonet ha subrayado que los Comuns no modificaron el plan mientras gobernaban. A su vez, ha opinado que aceptar la proposición implicaría “dilatar ‘de facto’ una transformación urbanística necesaria”. Ha resaltado que está pendiente construirse un parque central, una rambla verde y más de 500 pisos, un 40% de titularidad pública.

La teniente ha expresado que comparte la preocupación por “la situación de vulnerabilidad de algunas personas que viven en condiciones de infravivienda” en Vallcarca. Al mismo tiempo, ha recahzado el “inmovilismo” y la “provisionalidad” que considera que se ha perpetuado demasiado en el barrio. Ha prometido “acompañamiento individual y personalizados de los servicios sociales” a los afectados.

El 30%, la enésima disputa

Y por si no hubiera suficiente con Pi i Margall y Vallcarca, los Comuns han puesto encima de la mesa otro de los temas que genera más enfrentamiento con el gobierno del PSC: la modificación del 30%. Martín ha pedido a Bonet que explique los cambios que quieren introducir en la norma, que según los Comuns afectarán a los 4.000 edificios de propiedad vertical donde viven 150.000 inquilinos. "¡Recibirán un tsunami de burofax para comunicarles que no les renuevan los contratos!", ha alertado la concejal de BComú.

Bonet ha insistido en que la norma no ha funcionado y que es necesaria su rectificación para que la regulación "pase del papel a la calle". "Espero que podamos llegar a un acuerdo lo más pronto posible", ha afirmado la teniente de alcalde, que lidera la negociación, ahora centrada en Junts.

A Martín no le ha servido la explicación de la socialista. "¡Tiene el morro de decir que están poniendo las mismas sanciones que nosotros! ¿No le da verguenza escucharse? Nuestras sanciones eran pertinentes", ha dicho la concejal. Bonet le ha respondido que las multas se ponen según la normativa vigente y que ésta no ha cambiado.