Un registro de los grafiteros más buscados: la propuesta del PP para la nueva ordenanza de civismo de Barcelona

La nueva ordenanza de civismo de Barcelona sigue en la casilla de salida a la espera de enfrentarse a su primer trámite en comisión. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, esta votación no se dará hasta el próximo mes de julio. Mientras, los grupos municipales ya han presentado sus enmiendas al texto elaborado por el gobierno municipal de Jaume Collboni, que confía en cerrar el año renovando la norma, con cambios que la endurezcan. Su propuesta está lista, a la espera de algún que otro retoque procedente de las propuestas que sugiera la oposición y que servirá para lograr alianzas -que por ahora no tiene garantizadas- que permitan su aprobación definitiva, 20 años después de su entrada en vigor.

Uno de los grupos que ya las ha registrado es el PP. Bajo la premisa de que "en Barcelona, quién la hace, la paga", la formación que lidera Daniel Sirera quiere incrementar las sanciones, especialmente por beber y orinar en la calle, y de algún modo aplicar más mano dura para “terminar con el incivismo”. Para ello, los populares han presentado 24 enmiendas al nuevo texto en un documento al que ha tenido acceso este diario.

Una de las que destaca por su singularidad es la creación de un 'banco de firmas y motes' para identificar, documentar y registrar a los grafiteros que hacen pintadas no autorizadas en el espacio público y privado, "incluyendo las pinturas ideológicas". De este modo, subrayan los populares, se facilitaría la identificación de los responsables y su castigo con la sanción correspondiente y la reparación del daño ocasionado.

Actualización periódica y exhaustiva

Este banco incluiría un registro de firmas, 'tags' y motes identificados en espacios públicos y privados afectados por intervenciones urbanas no autorizadas; fotografías, descripciones y ubicaciones específicas de los grafitis y "cualquier información adicional que permita relacionar las firmas o motes con patrones de actividad recurrentes, respetando la normativa sobre protección de datos personales".

Los populares proponen que su gestión vaya a cargo de la tenencia de alcaldía de Seguridad, desde donde se actualice el banco periódicamente con nueva información, se mantenga la confidencialidad y se colabore con los cuerpos de seguridad y otras instituciones. Conjuntamente con este banco, proponen desarrollar iniciativas para incentivar el uso de espacios habilitados para el arte urbano y campañas educativas.

En el marco de la nueva contrata de limpieza de pintadas en el espacio público, que va al margen de la contrata general y tiene una vigencia de dos años, el gobierno municipal ya propuso activar un elemento tecnológico, un nuevo programa de identificación a disposición de la Guardia Urbana, con el objetivo de determinar las pintadas de un mismo autor y facilitar así su búsqueda y, si procede sanción.

Grafitis en persianas, porterías o fachadas

Aunque en el texto de la nueva ordenanza el gobierno ya propone que las personas responsables de las pintadas asuman la multa -de entre 100 y 600 euros- y el gasto que comporte la limpieza o reparación, el PP incide en que en el caso de grafitis en persianas, en el exterior de los comercios y establecimientos, así como en porterías o fachadas, junto con la sanción, se reclame la cantidad que los técnicos consideren oportuna para restituir la persiana o el exterior de los comercios o establecimiento.

Multa fija de 700 euros por orinar en la calle

Otra de las cuestiones que quiere enmendar el PP es la sanción por orinar en la calle. La propuesta del gobierno concreta dónde se castigaría más: en las inmediaciones de lavabos públicos o de libre acceso público, en el entorno de bares musicales o establecimientos de restauración, y en calles de hasta cuatro metros de ancho. También cuando haya mucha afluencia de personas o sean frecuentados por menores de edad, o en monumentos o edificios catalogados o protegidos. Las multas oscilan entre los 300 y los 1.500 euros.

Sin embargo, los populares no quieren que haya espacios “donde se más barato defecar o orinar” y piden una cuantía única para todos los espacios de 700 euros. “Igualmente se debe incluir la limpieza del espacio de manera inmediata”, subrayan, añadiendo que “hacer las necesidades fisiológicas en el espacio público es una de las conductas más graves, incívicas y reprobables”.

El incivismo de las mascotas y sus amos

Algo que también resaltan los populares en sus enmiendas es la necesidad de agrupar las conductas incívicas en la misma ordenanza y no “acomodarlas a otras ordenanzas sectoriales”. Un ejemplo de ello es el comportamiento de las mascotas y de sus amos en la vía pública. “En realidad son una de las fuentes de incivismo más grandes”, sostienen pidiendo incorporarla en la norma de civismo. Otras de sus propuestas que el PP espera que se incorporen son la figura del “multireincidente incívico” o una regulación propia para los agentes cívicos.

Manifiesto contra la nueva ordenanza

Esta misma semana diversas personalidades de la sociedad civil, entre las que se encuentran periodistas, filósofos, educadores y sociólogos, han impulsado un manifiesto en contra de la modificación de la ordenanza de civismo. Consideran que la propuesta del gobierno de Collboni “sólo conseguirá incrementar las dinámicas de criminalización mediante un incremento de las multas”, según se recoge en el texto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En él claman por un “espacio público libre de estigmatización y control”.

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