El Síndic exige al Ayuntamiento de Barcelona actuar ante el caos de Rodalies y su impacto en los servicios públicos

El Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, ha reclamado al Ayuntamiento de Barcelona que “se implique más” en los problemas de Rodalies, aunque no sea de su competencia directa, tras constatar las “graves afectaciones” que sufre su personal y la ciudadanía.

La institución envió un formulario al personal del consistorio y de los entes dependientes para conocer cómo afecta el servicio ferroviario a dicho colectivo. Ha obtenido 380 respuestas que, según ha asegurado en un comunicado, acreditan la vulneración de varios derechos humanos a causa de cortes, suspensiones, retrasos y averías, así como afectaciones en los servicios municipales que prestan.

El primero de estos derechos vulnerados, según el Síndic, es el de la movilidad, seguido del derecho al medio ambiente, al estar relacionado con el fomento de desplazamientos en medios poco contaminantes. Otros derechos afectados son: el derecho al trabajo (afectado en el 82,6% de las respuestas), a la salud (72,9%), a la información (68,4%), a una buena administración (58,4%) –un 67,3% asegura haber tenido problemas para conseguir un justificante por un retraso o cancelación– y a la seguridad ciudadana (44,7%).

La R4, la línea más mencionada por los trabajadores

Al ser preguntados sobre en qué línea viajaban y dónde se producían las afectaciones, el 25% respondió que en la R4, el 21,8% en la R2 Sur, el 21,1% en la R1, el 17,3% en la R2 y el 13,7% en la R2 Norte. Las líneas R7, R13, R14, R15, R16, R17 y RG1 tienen porcentajes inferiores al 10%.

Afectación sobre los servicios sociales

La mayoría de personas que sufrieron incidencias trabajan en el Instituto Municipal de Servicios Sociales, representando un 13,9% del total. Le siguen los distritos, con un 12,3%, principalmente en el Eixample y Ciutat Vella. Entre ambos grupos suman más de una cuarta parte de quienes respondieron.

Para el Síndic, estos resultados “confirman el alcance y la gravedad de la problemática”. Considera que para la ciudadanía supone un doble perjuicio: el que deriva directamente de las afectaciones y, además, el que repercute en los servicios que presta el Ayuntamiento. Dado que la mayoría trabaja en servicios de proximidad, esto hace que la ciudadanía “se vea especialmente perjudicada en ámbitos tan sensibles como los servicios sociales”, ha recalcado.

La institución ha trasladado las conclusiones de este trabajo al gobierno municipal, “para que las administraciones competentes lo aborden con celeridad”.