Barcelona tiene 743 casos pendientes de entregar pisos de emergencia, la cifra más alta en una década

La necesidad imperiosa de disponer de una vivienda persiste en Barcelona. No solo perdura, sino que los vecinos que requieren auxilio y aguardan para obtener un domicilio asequible crecen mes tras mes en casos que son extremos. Las estadísticas de la mesa de adjudicación de viviendas por emergencia social, para personas que han sufrido un desahucio o están en riesgo inminente de pérdida del hogar, revelan que la actual lista de espera es la más alta en la capital desde octubre de 2015, el primer mes del que se dispone de datos.

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El Consorci de l’Habitatge de Barcelona -conformado por la Generalitat y el ayuntamiento- acumulaba 743 casos de vecinos y familias de la ciudad pendientes de recibir un piso el pasado mes de mayo. El colapso presenta el agravante de que todos esos solicitantes cuentan con expedientes aprobados, al haberse comprobado que sus circunstancias de vulnerabilidad les hace valedores de que la administración les aporte un hogar acorde a sus ingresos para librarlos de la amenaza de la exclusión social.

Si bien la cifra de demandantes en espera es la mayor de la última década, el atasco en la mesa de emergencia no es nuevo. "Las solicitudes estimadas pendientes de vivienda se mantienen más o menos similares desde 2021", analiza el consistorio. Los expedientes encallados se cuentan por centenares cada mes desde 2017. 

Escalada constante

En 2018, la media de solicitudes aprobadas que carecían de piso asignado se situaba en cerca de 360 casos mensuales. Sin dejar de engordar año tras año, el promedio se duplicó a unos 641 resoluciones al mes varadas por falta de piso concedido en 2022. En 2023, se dispararon a casi 697 expedientes al mes pendientes de cerrarse con la entrega de domicilios y se alivió ligeramente en 2024, con 679 casos de promedio. Ahora la cantidad sube cada mes sin remitir desde octubre pasado. 

Hace ocho meses, había 667 resoluciones favorables que permanecían a la expectativa de que se otorgasen viviendas. Este pasado febrero se superaron los 700 casos encallados, una barrera que no se franqueaba desde diciembre de 2023. En el último trimestre, la cifra de cada mes bate la del mes anterior, hasta alcanzar una cota inédita en mayo. En paralelo, el ritmo de las adjudicaciones de pisos en la mesa de emergencia queda lejos de saciar toda la demanda: desde enero, se han entregado entre siete y 13 llaves por mes, por debajo de la media mensual de 16 domicilios concedidos el año pasado de promedio o los 24 que se dispensaron de media en 2022.

El gobierno municipal contesta que los motivos tras los datos responden a diversos factores. Menciona "las medidas adoptadas de moratoria en los lanzamientos, la entrada en vigor de diferentes normativas que exigen una serie de requisitos antes de iniciar un procedimiento de desahucio, las diferentes líneas de ayudas al alquiler o las salidas mediante otros programas de vivienda, como la bolsa de alquiler social o las líneas de mediación".

Además, el desfase hasta que el Consorci de l’Habitatge atiende las solicitudes admitidas de la mesa de emergencia también ha ido en aumento. Un demandante tenía que esperar de media entre un año y un año y dos meses a finales de 2018 para conseguir las llaves de un hogar, mientras que debía aguardar entre dos años y cuatro meses y dos años y medio de promedio a finales de 2022. A principios de 2024, el gobierno del alcalde Jaume Collboni admitió casos extremos que superaban los cuatro años de espera para familias que reclamaban un domicilio con cuatro habitaciones. El PSC culpó a sus exsocios de Barcelona en Comú de haber generado un “absoluto colapso” y señaló también que la Generalitat adeudaba entonces más de 1.300 pisos a la ciudad.

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“Cada vez el retraso es superior y detectamos casos de tres años de espera”, afirma Juanjo Ramón, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Barcelona. Advierte que “los desahucios crecen, la lista de espera en la mesa de emergencia crece y las administraciones, que se pasan la pelota la una a la otra, no tienen una respuesta real y satisfactoria”. 

Precariedad en las pensiones

Un dictamen favorable de la mesa de emergencia ayuda a negociar que el desalojo se posponga, aunque la resolución no siempre llega a tiempo ni es una salvaguarda permanente. “Pocos propietarios están dispuestos a aguantar tanto tiempo y, durante el camino, la familia es desahuciada -relata Ramón-. El problema es que solo se les da una pensión por tres días que acaban siendo meses. No es sostenible tanto tiempo: las pensiones precarizan, complican la situación personal, solo tienen una cama, no acostumbran a tener cocina ni servicios básicos y es una dificultad para los niños que viven en estas condiciones”.

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Esta semana, la plataforma Docents 080 ha difundido un informe que, en base a una encuesta a 46 centros educativos, asegura que al menos 180 menores de Barcelona están realojados en pensiones y 215 están afectados por procesos de desahucio. “Su vida está en una habitación compartida con los padres, sin poder crecer como deberían hacerlo y complicando los estudios”, apunta Ramón. Agrega que, con cierta frecuencia, las familias tienen que rebuscar en las ofertas de alquiler al finalizar la estancia en el albergue mientras el hogar de emergencia sigue demorándose.

“Les dicen que miren pisos y les tramitarán las ayudas para pagarlos, pero se olvidan de los topes que las inmobiliarias ponen y que son personas sin capacidad económica para los precios del mercado”, enfatiza el miembro de la PAH. Aparte de exigir que la administración garantice el realojo, la organización aboga por la “cesión obligatoria de pisos vacíos” de grandes propietarios. “No todo es construir y esperar a que se acabe de construir. Hay medidas para acelerar y la emergencia es clara”, sostiene Ramón.

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