El acuerdo entre PSC y Junts para reformar el 30% de vivienda protegida se resiste en Barcelona

La modificación de la norma que obliga a los promotores a destinar un 30% de los pisos que construyen a vivienda protegida en Barcelona es una de las carpetas todavía abiertas del mandato de Jaume Collboni y una de las protagonistas de la actualidad municipal de los últimos meses. Su reforma está pendiente desde que el alcalde se hizo con la vara. Fue una de sus promesas: flexibilizar una medida que considera que no ha funcionado. La previsión cuando se aprobó la norma en 2018, en el primer mandato de Ada Colau, era de 334 nuevos pisos protegidos cada año. Siete años después, sólo se han construido 23, según los cálculos del gobierno municipal.

La necesidad de modificar la norma es unánimemente asumida por la mayoría de los grupos del Ayuntamiento. Al menos cinco de los seis partidos con representación en el consistorio coinciden en que no ha dado los resultados esperados. PSC, Junts y ERC apuestan por cambiarla para que funcione y PP y Vox piden directamente su eliminación, mientras que los Comuns se mantienen firmes en su 'no'. No obstante, el camino para tramitar su reforma no está siendo fácil. La falta de apoyos y de alianzas estables, sumadas a la presión del sector inmobiliario, están siendo la causa de que el acuerdo para reformarla se resista.

Collboni propone limitar el impacto del 30% de vivienda protegida en las grandes rehabilitaciones

El gobierno de Collboni lleva tiempo esperando un "consenso político con los grupos y con el sector". El otoño pasado ya pospuso su negociación a este año al constatar que no contaba con los apoyos necesarios. Desde entonces, los meses han ido pasando con la reforma en el tintero hasta que el propio alcalde sentenció que quería cerrar un acuerdo y aprobarla de manera inicial en la comisión de Urbanismo de mayo. Algo que no pudo ser.

Junts, la mayoría suficiente

Collboni apeló entonces a Junts y ERC, los dos partidos que priorizó para desencallar al fin la reforma. Aunque ha citado en más de una ocasión a los republicanos, el grupo liderado por Elisenda Alamany se ha desmarcado de esta negociación y fuentes de la formación explican a EL PERIÓDICO que no están teniendo conversaciones con el gobierno. Así pues, las negociaciones están centradas en Junts, ya que el apoyo de sus 11 concejales son suficientes para lograr una mayoría que dé luz verde a la tramitación.

Las reuniones se han intensificado en las últimas semanas entre el PSC y Junts y todo apuntaba a que el acuerdo podría desbloquearse esta misma semana para que se sometiera a votación en la comisión de Urbanismo del próximo martes, pero finalmente tampoco va a ser así. El ejecutivo socialista ha optado por no presentar en la comisión de gobierno de este jueves el expediente de la nueva norma y, por lo tanto, no podrá llevarse a la comisión de Urbanismo.

De este modo, los socialistas siguen tratando de cerrar un acuerdo, que los posconvergentes, por su parte, no están poniendo fácil. La formación liderada por Jordi Martí presentó al gobierno municipal un documento de medidas sobre vivienda como condición para pactar la reforma del 30%, entre las que se encuentra la rebaja del 4% del IBI, reclamar a la Sareb la cesión de los 823 activos inmobiliarios que tiene la ciudad y crear nuevas ayudas, entre otras. Fuentes de la formación recalcan a este diario que pusieron encima de la mesa una “serie de temas” y que esperan una respuesta.

Reuniones confidenciales

Por su parte, la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, uno de los puntales del gobierno de Collboni que está al frente de la negociación, ha pedido respetar la "confidencialidad" de las reuniones. "Hace tiempo que trabajamos con todos los grupos municipales que creemos que deben estar y estamos teniendo reuniones con ellos", ha subrayado insistiendo en la privacidad de la negociación.

Sus declaraciones se han dado después de hacerse pública la propuesta que ha confeccionado el gobierno y que ha traslado a algunos de los grupos, según ha podido saber este periódico. En ella se propone limitar el impacto del 30% de vivienda protegida en las grandes rehabilitaciones aplicándolo en fincas de más de 1.500 metros cuadrados, y no a partir de 600 metros cuadrados como hasta ahora, lo que implicaría que la medida afectara a menor proporción de parque de vivienda.

También da alternativas a los promotores para no hacer la reserva únicamente en el mismo bloque y abre la posibilidad de trasladarlos a otros solares o pisos vacíos del mismo barrio o barrios adyacentes, o bien pagar al Ayuntamiento una compensación económica para que la destine a ampliar el parque público de alquiler asequible.

¿Tramitación antes de verano?

Con todo, ahora se abren dos escenarios en el calendario: o aplazar la votación a la próxima comisión de Urbanismo de julio, lo que da un mes más para seguir negociando y cerrar un pacto, o convocar una comisión extraordinaria este mismo mes que resuelva la modificación cuanto antes y que permita al gobierno irse de vacaciones con los deberes hechos.

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