Collboni propone limitar el impacto del 30% de vivienda protegida en las grandes rehabilitaciones

La reforma de la norma que obliga a los promotores a destinar un 30% de los pisos que construyen a vivienda social en Barcelona es una de las grandes promesas del mandato de Jaume Collboni. El alcalde se propuso flexibilizar la medida, que impulsó el gobierno de la exalcaldesa Ada Colau en 2018, al considerar que no estaba dando los resultados esperados. Tras meses barajando propuestas y ahora en plenas negociaciones centradas en Junts para poder tramitar la modificación cuanto antes, el gobierno del PSC ya tiene confeccionada su propuesta, que ha hecho llegar a algunos grupos.

Esta propuesta, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, afecta principalmente a las grandes rehabilitaciones, en las cuales se diluye el impacto de la norma. Hasta ahora la obligatoriedad de aplicar la reserva del 30% a vivienda protegida afectaba a las rehabilitaciones que se hicieran en fincas de a partir de 600 metros cuadrados. Con su modificación, Collboni propone aumentar el baremo de superficie mínima hasta los 1.500 metros cuadrados, lo que reduciría el parque de vivienda que se podría ver afectado por la medida.

En estos casos de fincas de más de 1.500 metros cuadrados, solo estarían obligados a reservar el 30% a vivienda protegida las grandes rehabilitaciones de más de 600 metros cuadrados que impliquen un cambio de uso -por ejemplo, el paso de oficinas a vivienda- y los edificios con propiedad vertical (con un único propietario) que pidan la división horizontal (que vendan pisos a más de un propietario), excepto si la finca se ha rehabilitado en los últimos 10 años.

Las grandes rehabilitaciones eran la base de la norma que impulsaron los Comuns hace dos mandatos -con el apoyo del PSC, Junts, ERC y de la CUP- y diversas entidades sociales, como la PAH Barcelona, el Observatori DESC y el Sindicat de Llogateres, entre otras. El objetivo era que el impacto de la medida en las rehabilitaciones facilitara la creación de vivienda protegida especialmente en el centro de la ciudad, donde no hay más superficie para construir. En este sentido, fuentes de los Comuns lamentan que, con esta propuesta, los promotores privados "podrán hacer beneficio" y no se podrá cumplir con la voluntad con la que nació la norma.

Alternativas a los promotores

Con este espíritu de flexibilizar la norma, Collboni también ofrece alternativas a los promotores para que no estén obligados a hacer la reserva únicamente en el mismo edificio. Esta posibilidad ya fue avanzada en la propuesta que elaboró el equipo liderado por la experta en vivienda Carme Trilla y se basa en poder construir el 30% de vivienda protegida en otro solar del mismo barrio o de un barrio limítrofe. Esto supondría que una vivienda protegida podría pasar de la Esquerra de l'Eixample a Sants, por ejemplo.

Con la norma vigente, el traslado del porcentaje fuera del edificio en construcción ya es posible dentro del mismo barrio, pero para ello es necesario un plan especial, lo que suele frenar la cesión. Las otras opciones que ofrece el gobierno del PSC es trasladar la reserva a vivienda protegida a pisos construidos que estén vacíos en el mismo barrio o en parcelas públicas con techo de vivienda pública en cualquier punto de la ciudad.

Según se precisa en el texto de la propuesta, esto se haría mediante una modificación del artículo 73 de la Carta Municipal habilitando un registro de las transferencias de aprovechamiento urbanístico y con "un acuerdo de transferencia de aprovechamiento con equivalencia de valores, con control previo municipal e información pública". Es decir, el promotor tendría que pagar al ayuntamiento la compensación económica correspondiente para que el consistorio la destine a ampliar el parque público de alquiler asequible.

Negociaciones abiertas

Con todo, esta propuesta de Collboni no es la definitiva y podría modificarse durante las negociaciones, que ahora están centradas en Junts, con quien el gobierno tendría la mayoría suficiente para aprobar la reforma. La formación liderada por Jordi Martí presentó hace dos años una primera proposición para flexibilizar la norma y planteaba excluir la rehabilitación y la posibilidad de monetizar la reserva de vivienda protegida.

Con el 'no' de los Comuns más que asegurado, el alcalde ha apelado en más de una ocasión a ERC en el marco de esta negociación, pero ha sido con Junts con los que se han intensificado las conversaciones las últimas semanas. Martí presentó al gobierno municipal un documento de medidas sobre vivienda como condición para pactar la reforma del 30%, entre las cuales está la rebaja del IBI.

La "confidencialidad" de las reuniones

La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, que es una de las personas que está al frente de la negociación, ha pedido respetar la "confidencialidad" de las reuniones. "Hace tiempo que trabajamos con todos los grupos municipales que creemos que deben estar y estamos teniendo reuniones con ellos", ha subrayado insistiendo en la confidencialidad de la negociación. "Si los demás quieren jugar con interpretaciones sesgadas con el contenido de las propuestas, no nos encontrarán. Es demasiado importante", ha añadido.

Acuerdo en el aire

Sin embargo, según diversas fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, por ahora no han llegado a un acuerdo que permita al ejecutivo elevar la propuesta a la comisión de gobierno para aprobarla y someterla a votación de los grupos municipales en la comisión de Urbanismo del martes que viene.

Así, ahora se abren dos escenarios en el calendario: o aplazar la votación a la próxima comisión de Urbanismo de julio, lo que da un mes más para seguir negociando y cerrar un pacto, o convocar una comisión extraordinaria este mismo mes que resuelva la modificación cuanto antes.