Los escenarios del Govern para la reforma de los polígonos industriales: nueva ley o cambio parcial

El Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat ha presentado este 2 de junio en un acto en la Escola Industrial de Barcelona el estudio 'Polígons d’activitat econòmica a Catalunya: reptes i escenaris reguladors', que ha contado con la colaboración del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. Se trata de su diagnóstico sobre el estado, los retos y las necesidades de los polígonos industriales que, tal y como avanzó EL PERIÓDICO, el Departament ha redactado para estudiar qué pasos tomar para solventar los déficits crónicos que padecen estos espacios.

El estudio, tal y como han explicado sus autores durante el acto de presentación, deja "más preguntas que respuestas", pero plantea dos escenarios para tratar de paliar los problemas de infraestructuras, de gestión y de competitividad que padecen los polígonos. Por un lado, dan la opción de adaptar la Ley 15/2020 de las Áreas de Promoción Económica Urbana (APEU). Se trata de un texto que ya propone un modelo de gobernanza para ciertas áreas, incluidos los polígonos, pero que no ha caído demasiado en gracia en el sector industrial por estar inicialmente planteado para zonas comerciales.

Por otro, plantean la posibilidad de redactar una nueva Ley de Polígonos de Actividad Económica, específica para los polígonos industriales y basada en textos ya existentes en otras comunidades, como la Comunitat Valenciana.

Entre los aspectos que la futura normativa deberá tener en cuenta, destacan los siguientes:

Clasificación de los polígonos

La actual Ley de las APEU propone una clasificación de los polígonos industriales en cuatro categorías: básico, consolidado, avanzado y excelente. Este modelo, tal como refleja el informe, genera algunas dudas entre empresarios y entidades a la hora de encasillar a un polígono en una categoría u otra, especialmente entre 'consolidado' y 'avanzado'.

Una reforma de la ley de las APEU tendría que modificar esta tipificación. Alternativamente, el informe también pone sobre la mesa la posibilidad de desarrollar una clasificación de solamente tres niveles en la hipotética nueva Ley de Polígonos, a imagen y semejanza de la normativa valenciana. Los polígonos podrían ser considerados básicos, avanzados o excelentes según sus características. El informe contempla que la clasificación no sea estática, sino que sea revisable y variable en el tiempo.

Definición de un paquete básico de servicios e infraestructuras de los polígonos

La futura normativa también deberá incluir un "paquete básico" de infraestructuras y servicios que garantice el funcionamiento de los polígonos, algo que, de momento, no está recogido en la Ley de las APEU.

El informe recoge que en una futura Ley de Polígonos, deberían incluirse en este paquete elementos "esenciales" como "la conectividad digital, la iluminación, el mantenimiento de las vías internas, el acceso al suministro energético sostenible y servicios de gestión de residuos". El estudio también contempla que, tras el periodo transitorio de adaptación a la hipotética ley, existan medidas para controlar el cumplimiento de estas condiciones en todos los polígonos industriales.

Establecer ayudas e incentivos vinculados a la modernización de los polígonos

En la futura ley, el hecho de contar con una clasificación clara y un "paquete básico" debería facilitar el establecimiento de ayudas e incentivos para garantizar la modernización y el dinamismo de los polígonos. Así lo recoge el informe, que apunta que los polígonos requieren de "inversiones significativas que no pueden depender únicamente de los recursos municipales".

En la actual Ley de las APEU, el modelo de financiamiento es uno de los puntos más discutidos. En algunas ocasiones, la existencia de una APEU en un polígono industrial coincide con la de una asociación privada de empresarios, lo que obligaría a industrias a pagar dos cuotas diferenciadas. Además, la recogida de estas cuotas se realiza a través de los ayuntamientos, lo que les somete a la fiscalidad pública.

Por todo ello, si no se recoge todo lo anterior en una nueva Ley de Polígonos, habría que plantear una modificación que permitiera a las APEU recaudar y gestionar las cuotas directamente.

Favorecer la creación de un ente de gobernanza en los polígonos

Es uno de los principales puntos discutidos en el estudio del Departament. La mayoría de las patronales, asociaciones y entidades entrevistadas parecen estar convencidas de la necesidad de que todo polígono cuente con un ente de gobernanza y, de hecho, en el informe se propone que no tenerlo suponga "una desventaja significativa" a la hora de recibir ayudas o incentivos.

El informe subraya que, si se redactara una nueva Ley de Polígonos, esta tendría que evitar los errores identificados en el actual texto de las APEU.

En concreto, se trata del hecho que las APEU estén sujetas a la Ley de Contratación Pública, cosa que provoca la ralentización en los procesos de selección; del modelo de financiación discutido en el anterior punto y de la limitación de vigencia de las APEU a cinco años, que impide que los polígonos desarrollen planes de trabajo a largo plazo.

Distribución de responsabilidades y consecuencias entre los diferentes sectores

El estudio del Departament también propone que la próxima normativa defina con claridad las responsabilidades y competencias entre los diferentes agentes que interviene. El diagnóstico de Empresa i Treball asegura que "actualmente, la falta de una distribución clara genera confusiones y vacíos de responsabilidad".

Por ello, tanto una modificación de la Ley de les APEU como una Ley de Polígonos tendría que indicar más claramente cuáles son las responsabilidades de ayuntamientos, empresas, consejos comarcales u otros agentes implicados en el polígono industrial.

Obligación de comunicación de datos respecto al polígono

Por último, la nueva normativa deberá también pensar en un sistema más ágil para transmitir los datos relativos al polígono y a su actividad económica al Sistema de Información de los Polígonos de Actividad Económica (SIPAE). El informe recoge que, con el modelo actual de las APEU, la comunicación recae "en la voluntad y capacidad de los técnicos de los ayuntamientos o consejos comarcales".

Por ello, piden que la transmisión de los datos sea obligatoria en la nueva Ley de Polígonos.

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