Barcelona dejará de multar a las prostitutas y castigará más a los clientes y publicitar sexo de pago

La letra pequeña de la renovada ordenanza de civismo que Barcelona empieza a tramitar revela cambios que se extienden más allá de penalizar los botellones en presencia de menores, perseguir los paquetes turísticos que ofrecen rutas de borrachera, vetar los recorridos organizados para pintar grafitis o invitar a los turistas a pagar las multas de inmediato para que las trastadas que cometan no salga gratis. Las modificaciones que el gobierno del alcalde Jaume Collboni quiere que sean vigentes hacia finales de año o primeros de 2026 están pendientes de recibir enmiendas para ajustarla y someterse a debate en junio o julio en el ayuntamiento, el primer corte al que el anteproyecto deberá medirse para seguir cursándose. Los cambios con que el ejecutivo del PSC pretende actualizar la norma datada en 2005 incluyen también eliminar la posibilidad de sancionar a prostitutas y trabajadores sexuales que ejerzan en la calle y que el grueso de la amonestación recaiga sobre los clientes y la publicidad del sexo de pago, endureciendo los castigos previstos.  

El anteproyecto que se tramita para reformular la ordenanza deja sin efecto el apartado que, desde que el reglamento entró en vigor en 2006 y aún a día de hoy, indica que “se prohíbe ofrecer o aceptar prestar servicios sexuales retribuidos en el espacio público”. Por ahora, la normativa establece que en Barcelona se imponga de 100 a 300 euros por ofertar servicios sexuales en la calle, que se elevan de 300,01 a 750 euros en caso de hacerlo a menos de 200 metros de un centro educativo. 

Con la revisión, el consistorio plantea que, en vez de amonestar a prostitutas, “los y las agentes de la autoridad deben requerir a las personas que ofrecen estos servicios que se abstengan de hacerlo” en puntos habitualmente concurridos por menores de edad o donde exista peligro de causar un accidente de tráfico. A ello añade que los policías “también las han de informar de los programas y servicios municipales que presta el Ayuntamiento” para atenderlas. De todos modos, el borrador deja un resquicio para apercibir a trabajadores sexuales que desoigan el aviso de abandonar las inmediaciones de un colegio o un lugar de recreo para público de corta edad. En ese supuesto, se juzgará como un incumplimiento de una orden de las autoridades municipales, lo que la ordenanza califica como una infracción muy grave y grava con sanciones de 1.500,01 a 3.000 euros. 

El horizonte de la abolición

La posibilidad de descargar a empleados sexuales de la amenaza de multa por brindar sus servicios en la vía pública de la capital corre en paralelo a la voluntad del Govern de Salvador Illa de incluir la abolición de la prostitución en el plan de políticas de igualdad de género que traza de cara a 2026. Asimismo, la relectura de la ordenanza de civismo aboga por poner el foco sobre los clientes.

De ese modo, se sugiere reescribir un precepto para que estipule que “se prohíbe la solicitud o la aceptación por parte del demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tráfico público en las proximidades de lugares destinados al uso por parte de personas menores”. Menciona como ejemplos los “centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a personas menores de edad, o cuando estas conductas, por el lugar en que se realizan, puedan generar un riesgo para la seguridad viaria”.

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En esos casos, se considerará que los clientes de la prostitución incurren en una falta grave y podrán ser reprendidos con castigos de 601 a 30.000 euros. Hasta la fecha, demandar y negociar servicios sexuales a pie de calle se penaliza con cuantías de 1.000 a 1.200 euros, que ascienden entre 1.200,01 y 1.500 euros si el trato se cierra a menos de 200 metros de centros docentes.

Tanto la redacción con que se propone rehacer el artículo como las cantidades que se prevén en caso de aprobarse la modificación son idénticas a las que figuran en la ley estatal de protección de la seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, en que la ordenanza se basa para tasar las sanciones por servicios sexuales retribuidos en la calle, la venta ambulante no autorizada, las pintadas y los botellones. El borrador especifica que la adopción de la ley mordaza por parte del consistorio “ya se hizo desde el primer momento” en la práctica, pero alega que “había que adaptar formalmente”.

Por último, la reforma de la norma contempla que promover el consumo de prostitución y otras formas de explotación sexual pasa de catalogarse como grave a muy grave. Las multas al respecto se incrementan de un baremo entre 1.000 y 1.200 euros (o hasta 1.500 de promocionarse cerca de una escuela) a otro entre 1.500,01 a 3.000 euros. La misma horquilla aplicable a los supuestos que se tipifican de máxima gravedad seguirá penando las relaciones sexuales mediante retribución en el espacio público.

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