Barcelona quiere que los turistas paguen de inmediato las multas por incivismo

El Ayuntamiento de Barcelona quiere que las infracciones que los turistas cometan no queden impunes y que sufraguen las multas antes de que se marchen de la ciudad. Tras dos años de estudio y debate, el gobierno del alcalde Jaume Collboni confía en estrechar el control para que no se eluda el pago con la revisión que tramita de la ordenanza de civismo, que prevé aprobar en noviembre o diciembre. Con los cambios, se elevan ciertas sanciones, incluyendo castigos de 300 a 750 euros por orinar en una calle estrecha o una zona con lavabos públicos o de 750,01 a 1.500 euros por hacer botellón en presencia de menores. Después de que la comisión de gobierno aprobara un anteproyecto con modificaciones del reglamento la semana pasada y a la espera de que la oposición presente enmiendas, el ejecutivo municipal manifiesta que le preocupa el impago de sanciones, en especial de los visitantes a la capital, por lo que propone que la multa se abone de inmediato.

En ese sentido, el gobierno del PSC ha explicado este viernes que los agentes que impongan una denuncia por una conducta incívica notificarán la multa al instante y ofrecerán la posibilidad de que se liquide al momento, “a pie de calle”, ilustra la comisionada de Convivencia, Montserrat Surroca. “Se busca que haya agilidad en el proceso, sobre todo en personas que no son residentes en territorio español”, ha expresado. El ayuntamiento tiene pendiente desarrollar la operativa de cobro en un reglamento posterior, si bien los agentes ya suelen portar un datáfono para percibir la cuantía de las multas. 

En todo caso, los turistas sancionados no estarán obligados a pagar de inmediato, por lo que podrían seguir rehuyendo el castigo al abandonar el país. Según los últimos datos disponibles, el consistorio solo ingresó el importe del 47% de los expedientes cerrados por faltas de incivismo registradas en 2023.

“La efectividad de la multa y el cobro son temas que nos preocupan”, ha admitido el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle. Ha reconocido que resulta “más difícil” cobrar una sanción de un viajero de paso por la ciudad y que el sistema vigente para liquidar la amonestación “no es suficientemente ágil”.

El consistorio solo ingresó el importe del 47% de los expedientes cerrados por faltas de incivismo registradas en 2023

Veinte años en vigor

Con algún que otro retoque, la actual ordenanza de civismo data de 2005. El gobierno de Collboni confía en cerrar el año renovándola, con cambios que cataloga como un endurecimiento de la normativa. “La reforma es necesaria por el tiempo transcurrido, han pasado 20 años y la ciudad ha cambiado tanto que es necesaria una revisión desde diferentes puntos de vista”, ha defendido Surroca.

En todo caso, normas de rango superior impiden elevar la cuantía de la sanción de ciertas faltas. La ley de seguridad ciudadana (también conocida como ‘ley mordaza’) impone un tope a las multas por botellones y pintar grafitis sin permiso, que se mantienen en general entre 100 y 600 euros.

El gobierno local se abre a castigos alternativos para dispensar del pago, si bien debe precisarlos todavía

No obstante, el consistorio ha rastreado en otras leyes para incorporar agravantes que permitan encarecer las amonestaciones. De ese modo, se quiere penalizar la promoción de rutas de borrachera -prohibidas en Ciutat Vella y el Eixample- con castigos de 1.500,01 a 3.000 euros. Además, a la multa que se aplique se propone sumar el gasto de la reparación al autor de la pintada. También se plantea reducir la bonificación por el pago anticipado: el descuento de un 65% o un 75% que se aplica ahora se rebajará a un 40% o 50%.

Medidas alternativas

A su vez, el ayuntamiento se abre a incorporar alternativas para satisfacer la amonestación sin que comporte un desembolso. El gobierno municipal indica que partidos de la oposición han enfatizado que dicha opción se incorpore, sobre todo para perfiles vulnerables y personas sin hogar. No obstante, queda por concretar cuáles serán las medidas sustitutorias.

Una de las posibilidades que se barajan es que el infractor limpie la pintada que haya garabateado. En todo caso, el consistorio admite que la fórmula no está exenta de peros: por ejemplo, la limpieza de grafitis requiere el uso de aparatos que exigen un cierto conocimiento para manejarlos. "Puede haber dificultades por riesgos laborales. Queremos estudiarlo con más detenimiento", señala Surroca.

Por su parte, Batlle manifiesta que el gobierno Collboni ha mantenido contactos con todas las fuerzas opositoras -salvo Vox- para tratar de concitar el "máximo de los consensos". El teniente apeló a "la responsabilidad de los grupos" para reformular la ordenanza del civismo antes de que acabe el año y dejarla al margen de las disputas preelectorales que se tenderán en 2026.