Dos bomberos cambian de sexo tras la reserva del 40% de plazas para mujeres: las claves del caso

Primer caso en Badalona

Según confirman diversas fuentes, uno de los bomberos habría actuado como protesta ante las políticas de igualdad de género. El otro lo habría hecho por miedo a perder su puesto, al malinterpretar el funcionamiento de las reservas de plazas para mujeres.

El conflicto estalló en abril de 2024 en el parque de bomberos de Badalona. Allí, varios efectivos denunciaron a un compañero, identificado como R.N., tras comunicar que había cambiado su sexo en el registro civil. “Sabíamos que no se identificaba como mujer”, explican algunos miembros del cuerpo.

Este diario ha podido acreditar que la jefatura del parque recibió peticiones para que R.N. adaptara sus hábitos en el cuerpo a su supuesto nuevo sexo, como utilizar el vestuario femenino. Sin embargo, él lo rechazó. El jefe de parque trasladó el asunto al jefe regional, quien lo derivó como un caso de salud laboral y riesgos psicosociales.

Además, la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS), de la conselleria de Interior, fue avisada formalmente de la situación. El organismo abrió una investigación interna en forma de expediente informativo que concluyó sin sanción, "por falta de pruebas concluyentes", según bomberos.

El caso de Osona

Unos meses después, en Vic, se dio una situación similar. El bombero D.R. modificó su sexo en el DNI por miedo a perder su plaza, “al creer que las políticas de igualdad implicaban una cuota obligatoria de mujeres por parque”, explican fuentes conocedoras de primera mano. Sin embargo, se trataba de un error de interpretación: la reserva del 40% se aplica a nivel de todo el cuerpo, no en cada parque.

El colectivo LGTBIQ+ Orgull Osona tuvo conocimiento del caso, y tras conversar con el propio D.R. exigió a la Generalitat una respuesta institucional. Reclamaron un pronunciamiento claro de la dirección de Bombers y medidas contra lo que consideran un uso fraudulento de la Ley Trans, así como formación obligatoria sobre igualdad y derechos LGTBIAQ+ para todo el personal.

En un comunicado remitido a este diario, el colectivo apuntó además a un entorno preocupante: “Sabemos que muchos compañeros han apoyado y alentado estas prácticas, generando una complicidad estructural”.

Qué dice la norma

La Ley Trans (Ley 4/2023), aprobada en España en febrero de 2023, reconoce el derecho a la autodeterminación de género y permite que cualquier persona mayor de 16 años solicite el cambio de sexo en el Registro Civil sin necesidad de informes médicos, psicológicos ni tratamientos hormonales. El trámite consiste en una declaración administrativa y también contempla la posibilidad de revertir el cambio una vez transcurridos seis meses. Para menores de entre 12 y 16 años, la ley establece requisitos adicionales como la autorización judicial o el consentimiento de los tutores legales, mientras que los menores de 12 pueden cambiar su nombre pero no su sexo registral.

La norma prohíbe expresamente el uso fraudulento de este derecho. No permite acceder a derechos derivados del nuevo sexo registral sin haber completado el procedimiento legal y advierte que cualquier instrumentalización de la ley con fines ajenos —como obtener ventajas en oposiciones— puede ser considerada fraude de ley. Los tribunales están facultados para rechazar estos abusos y garantizar que la norma se aplique según su propósito: proteger los derechos de las personas trans y garantizar su reconocimiento legal sin patologización ni obstáculos innecesarios.

Qué dice la Generalitat

La respuesta de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS) no se hizo esperar. El 30 de septiembre de 2024, su director, Joan Delort, firmó una circular interna a la que ha tenido acceso este diario donde se tildan estos actos de “fraudulentos” y “reprobables”. El texto denuncia que este tipo de prácticas erosionan la “convivencia interna”, “perjudican la imagen del cuerpo” y “vulneran los derechos tanto de las mujeres como del colectivo LGTBI+”.

“Desde la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres, estas acciones no resultan inocuas, pues representan un desafío y atentan contra la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no-discriminación de las personas de los colectivos LGBTI+ y los derechos de las mujeres”, se manifiesta en la circular oficial. “Son conductas contrarias a los valores y principios del Cuerpo de Bombers de la Generalitat de Catalunya que corporativamente no pueden tolerarse”, añade.

Entre las medidas anunciadas figuran la revisión de los procesos selectivos, formación en igualdad y la obligación de trasladar al “organismo competente” cualquier caso con indicios de fraude legal.

Qué dicen los sindicatos

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) respondió con dureza a la circular. En un comunicado fechado el 3 de octubre de 2024, se acusa a la DGPEIS de exceder sus competencias y de vulnerar el derecho de las personas a modificar su sexo registral, una cuestión que recae exclusivamente en el ámbito del Registro Civil. CCOO denunció un “abuso de poder” por parte de la dirección y una actitud que, a su juicio, niega la diversidad sexual y deslegitima las herramientas legales actuales.

En cambio, la Intersindical expresó su apoyo a quienes dentro del cuerpo han denunciado actitudes transfóbicas y sexistas. El sindicato reclama un cuerpo de Bombers comprometido con la diversidad, y exige formación en igualdad y prevención de violencias machistas como condición estructural.

El impacto de estos casos ha provocado una fuerte sacudida interna, especialmente en el parque de Badalona. Bomberos del parque aseguran haber vivido episodios de presión, aislamiento e incomodidad entre compañeros. Algunos, incluso, han pedido el traslado a otros parques por el mal ambiente que ha generado el episodio. El caporal que inició las primeras quejas ya ha abandonado su puesto. La fractura es evidente y ninguna fuente consultada se atreve a anticipar cómo evolucionará el caso, ni si dejará cicatrices permanentes en uno de los cuerpos mejor valorados del sistema público catalán.