Armamento controvertido

Entidades sociales reclaman prohibir el uso de las táser sobre menores, enfermos mentales y personas ebrias en Barcelona

Irídia, SOS Racisme, Amnistía Internacional y otras asociaciones presentan alegaciones ante el ayuntamiento para reclamar cambios en el reglamento que regula el funcionamiento de las pistolas eléctricas en la Guardia Urbana

La Guardia Urbana de Barcelona usará las pistolas eléctricas para reducir delincuentes con arma blanca

Un agente blande una pistola Táser.

Un agente blande una pistola Táser. / FERRAN NADEU

Europa Press

Europa Press

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una veintena de entidades del ámbito de los derechos humanos, el antirracismo, la salud mental y la atención primaria ha presentado alegaciones al reglamento del Ayuntamiento de Barcelona para regular el uso de pistolas eléctricas, conocidas como táser. Entre otras reclamaciones, solicitan que se evite el uso de esas armas sobre menores, enfermos mentales y personas ebrias en Barcelona. La Guàrdia Urbana prevé dotarse de 22 pistolas táser a partir de principios de 2026.

Al mismo tiempo que este jueves vencía el plazo para presentar alegaciones, la miembro de Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans, Irene Urango, ha manifestado que "es la última oportunidad para que el Ayuntamiento de Barcelona incorpore garantías de protección a los derechos humanos" a la propuesta, que las entidades valoran como deficiente. Irídia recuerda que las entidades de derechos humanos han mostrado de forma reiterada su preocupación desde que el Ayuntamiento de Barcelona anunció que incorporaría las pistolas táser. Consideran que se trata de un arma "potencialmente letal que comporta graves riesgos para la protección de los derechos humanos".

Critican que, tal y como está redactado actualmente el reglamento "se podría dar cobertura legal" a graves vulneraciones de estos derechos, entre los que destacan su uso en menores de edad o en personas que se encuentran atravesando una crisis mental. Exigen que su uso se limite a situaciones que comporten un grave riesgo para la vida o lesiones graves y que las actuaciones se graben de forma "obligatoria" para poder realizar una trazabilidad de las mismas.

Subrayan que las táser son un arma de descarga eléctrica "potencialmente mortal". Recuerdan que existe un caso documentado en Badalona, en noviembre de 2021, en el que falleció una persona, Antonio, cuya familia sigue exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Estándares internacionales

Desde Irídia critican que 79 municipios en Catalunya acumulaban en 2023 un total de 134 pistolas táser "sin que esta decisión vaya acompañada de mecanismos de control efectivos". Toman como referencia la instrucción de Mossos d'Esquadra, de la que han dicho que tampoco se adecúa a los estándares internacionales de derechos humanos.

La miembro de Amnistía Internacional Catalunya, Júlia Pérez, ha alertado de que los supuestos en los que el Ayuntamiento avala su uso son "demasiado amplios y vagos". Ha citado como ejemplo que se mencione como hipótesis poner en riesgo la seguridad ciudadana o la previsión de que se produzca una agresión. También ha indicado que el propio fabricante alerta de que el riesgo aumenta considerablemente cuando el arma se utiliza sobre personas que tienen una masa corporal muy baja, por lo que exigen que no se utilice a partir de los 14 años, como prevé el reglamento, sino solo sobre adultos.

Asimismo, las entidades piden que se prohíba emplearlas sobre personas vulnerables, como enfermos mentales o personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. Alegan el riesgo que comporta su uso y que se vete en contextos de manifestación o concentraciones "sin excepciones de ningún tipo". Amnistía Internacional también pide que el protocolo de actuación por el que la Guardia Urbana de Barcelona se regirá se haga público.

Salud mental

El responsable de incidencias de salud mental en Salut Mental de Catalunya, Iván Cano, ha recordado que existe un convenio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la Generalitat de Catalunya ha firmado, así como un plan de salud mental con una línea específica en perspectiva de derechos. Considera que el uso de la táser no sólo está contraindicado en personas que sufran una crisis, sino que es "una respuesta simple de la Administración" ante situaciones de sufrimiento psíquico extremo y de situaciones de agitación psicomotriz. Pide que este tipo de casos se aborden con más servicios y recursos para la salud mental para garantizar un trato digno. Asimismo, Cano ha puesto en valor que Barcelona fue la primera ciudad de Catalunya en elaborar un plan de salud mental, por lo que pide que se continúe con esta trayectoria

El integrante de SOS Racisme Catalunya, Kaire Ba, ha manifestado que la "sobrevigilancia policial" siempre afecta a las personas de los márgenes y, concretamente, a las personas extranjeras y racializadas y que habitan en los barrios de la periferia. Según los datos de un informe de Sos Racisme de 2021, de cada 100 personas extranjeras se identifica a entre 19 o 20, frente a cinco o seis españolas, "siempre teniendo en cuenta que las personas extranjeras son muchas menos, pues representan el 16% de la población total". Ba sostiene que la entidad intuye que "los cuerpos de las personas no blancas se verá directamente afectado y en peligro de manera totalmente gratuita" con el uso de estas armas.

Las entidades critican que no se haya hecho "ninguna evaluación técnica independiente" sobre la necesidad real de su incorporación ni sobre sus impactos en el derecho a la salud y los derechos humanos. Reprochan también no se hayan abierto espacios de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil ni se haya respondido a sus comunicaciones.

"Supone un riesgo"

La comisión municipal de presidencia y seguridad aprobó la propuesta de reglamento el pasado 19 de marzo. Las entidades consideran que se trata de una proposición "insuficiente y que supone un riesgo" pues, según ellas, no incorpora las salvaguardas internacionales de protección de derechos humanos.

Por eso, piden que su contenido incorpore el máximo de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y que el uso de estas armas se limite estrictamente a lo que establecen los estándares internacionales. Las alegaciones presentadas incluyen el texto original del reglamento, las propuestas de modificación, eliminación o adicción, y la correspondiente justificación de acuerdo con las recomendaciones de organismos internacionales, el Síndic de Greuges de Catalunya e investigaciones científicas, entre otros.