El sector alerta de que la regulación del alquiler de temporada amenaza al alojamiento de la población flotante de Barcelona

La inminente regulación de los alquileres de temporada y la limitación a los precios de las habitaciones ha provocado un nuevo tsunami en el mercado de la vivienda en Catalunya, pero que tendrá especial repercusión en el caso de Barcelona, dado el enorme flujo de población flotante que ostenta: desde estudiantes de másters a trabajadores o familiares de pacientes que pasan solo unos meses en la ciudad. Todos ellos deberán alquilar viviendas de temporada para uso residencial y por tanto a precios limitados, como en los arrendamientos de larga duración, pero se enfrentarán a una drástica reducción de la oferta, teniendo en cuenta que los propietarios optarán por sacarlos también del mercado (al ser precios inviables para pisos amueblados y equipados) o por dedicarlos exclusivamente al turismo (no por días, sino de más de un mes) como marca la nueva regulación. Así lo advierten las distintas patronales y colectivos profesionales de la vivienda.

El Govern alcanzó la pasada semana un acuerdo con sus socios de investidura, ERC y Comuns, y con la CUP, para tramitar un proyecto de ley al respecto, que se aprobará antes de junio. Restringe el alquiler temporal de libre precio a arrendamientos para uso turístico o recreativo, y deja fuera aquellos destinados a vivienda no habitual por motivos laborales, estudio y cuestiones médicas, que estarán sujetos a partir de ahora al control de precios. De ese modo, cualquier alquiler "destinado a la satisfacción de la necesidad de vivienda" será considerado residencial independientemente de la duración. Aunque la medida afecta a cualquier municipio, en el caso de Barcelona, epicentro de centros de estudios superiores, de actividad médica y de multinacionales, el efecto será especialmente notorio.

Oferta eludiendo controles

En la actualidad, el alquiler convencional se está contratando prácticamente por boca-oreja o en listas de espera en agencias inmobiliarias, y apenas llega a anunciarse en la ciudad. Este viernes el portal Idealista ofrecía poco más de 4.700 viviendas en alquiler, de las que 3.440 aparecían ya identificadas con el filtro de arremdamiento 'de temporada'. Pero al acceder a las casi 1.300 restantes, en la descripción de muchas de estas también mencionaban que se arrendaban "por meses". Es decir, que el alquiler de larga duración se ha extinguido en las plataformas más populares de búsqueda desde que se puso tope a los precios hace un año en Catalunya.

Los propietarios han buscado fórmulas más lucrativas, en algunos casos enlazando contratos de 11 meses para residentes, una picaresca que trata de evitar el nuevo paso del Govern. Pero otros muchos se habían enfocado a la población flotante, nómadas tecnológicos, trabajadores de multinacionales, de start-ups, pacientes de tratamientos largos... En ese contexto, está por ver cómo se reconduce toda oferta temporal con la nueva normativa, porque gran parte de la demanda de este tipo no podrá destinarse a un uso turístico por meses y justificarlo. La mayoría del turismo opta directamente por los apartamentos turísticos (alquilables por días, y cuyas licencias están limitadas hace una década en la ciudad), con la previsión de que se eliminen en 2028, como ha reiterado el alcalde Jaume Collboni.

Cambio de escenario

Por una parte, el nuevo mecanismo --que largamente ha reivindicado el Sindicat de Llogateres-- logrará el objetivo de acabar con el fraude que practicaban algunos propietarios y operadores para eludir las medidas de control de precios impulsadas por el Govern en zonas tensionadas, en base al índice establecido por el Gobierno central. Pero por otro lado harán "inviable económicamente la actividad" que realmente apuntaba a esa población de paso, que no solo precisa de un techo, sino también de inmuebles listos para habitar: con mobiliario, menaje y hasta sábanas. En este caso se trata además de pisos reformados y en perfecto estado, porque se dirigen a usuarios que así los demandan, subraya Óscar Gorgues, gerente de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. "Es una oferta de calidad, que además tiene rotación y no siempre está ocupada, que suele incluir suministros y que precisa inversión en mantenimiento", por lo que no se someterá a precios de mercado convencional, asevera. Cree que gran parte se pondrán en venta.

La entidad estimo mediante un reciente estudio que el año pasado los contratos temporales supusieron un 2,68% del parque total de arrendamiento de la ciudad. No obstante, señalan que al ser un alojamiento rotativo permanece anunciado aunque esté ocupado durante un periodo.

Comparte la misma opinión Llorenç Viñas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida (CABFL), que insiste en que Barcelona tiene una "idisioncrasia mayor que cualquier otro municipio" y el proyecto de ley alteraría el parque de vivienda temporal. La primera regulación "se cargó el mercado tradicional, y esta se cargará el temporal, que necesita la ciudad para su funcionamiento", mantiene.

Ofensiva colectiva

A nivel de todo el territorio catalán, Foment del Treball, la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE), la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC), el CAFBL, el Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Inmobiliària de Barcelona (COAPI) y la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ya criticaron hace unos días la medida. La ven como "una grave distorsión del marco jurídico actual" y mantienen que "afectaría negativamente a un segmento del mercado que es esencial para la movilidad laboral, académica y social en Catalunya", destacaron. Defienden que el alquiler temporal "responde a causas objetivas y finalidades muy concretas", como son alojar temporalmente a profesionales desplazados, estudiantes, investigadores, personas en transición residencial o en movilidad internacional", habitualmente unos meses.

En el caso de las habitaciones, que se había convertido en un próspero negocio dedicando pisos completos a ese fin y fuera del control de precios, la regulación también establecerá que en conjunto no sumen más del límite aplicable a la vivienda en cuestión. Sin embargo, los mismos colectivos creen que al aplicarla en la globalidad de casos se perderá la oferta destinada a estudiantes, entre otros.

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