Equipamientos y entidades de La Mina piden clarificar si deben cerrar por seguridad en caso de incidentes graves

Los miembros y trabajadores de entidades y servicios educativos, sanitarios y sociales son un bálsamo para las familias de las calles menos favorecidas de La Mina. El personal que vela por menores, mayores y familias en el barrio a las puertas de Barcelona y situado en Sant Adrià de Besòs conoce de primera mano las necesidades avivadas por las estrecheces que claman respuesta y que, tras el intenso tiroteo de enero pasado, las administraciones han prometido afrontar, más allá de las medidas policiales. Una vez apagado el foco, los contactos entre quienes auscultan la zona a diario y las autoridades han perdurado, intercambiando demandas de soluciones y compromisos para desplegar un paquete de políticas sociales, pendiente de precisarse. 

Aprovechando dos encuentros inéditos con altos cargos a los que han sido citados después de la reyerta de principios de año, educadores, sanitarios y demás agentes sociales de La Mina han planteado 15 propuestas con las que urgen un “compromiso claro y firme de las administraciones”. El Proyecto Educativo de Barrio en La Mina (pebMINA, integrado por 113 agentes socioeducativos y 42 entidades y servicios) entregó un informe que advierte de las “afectaciones socioeducativas causadas por los últimos incidentes graves”, en una reunión reciente con la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, y la alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete. 

La primera solicitud que figura en el documento es “desarrollar un plan de autoprotección inmediata”, con “medidas rápidas ante incidentes graves”. Sugiere que incluya “canales de comunicación adecuados y protocolos para el cierre de servicios y la cancelación de actividades” para “mitigar el impacto” de los enfrentamientos.

“Necesitamos que la administración nos diga qué hacer cuándo pasan estos hechos”, manifiestan fuentes del equipo coordinador del pebMINA. “Es la primera vez que ponemos nuestra posición sobre la mesa como profesionales del barrio, hasta ahora era un tema del que no se hablaba”, añaden. Subrayan la altísima responsabilidad que se descarga sobre ellos para resolver si suspenden sus labores para no exponer a riesgos a menores y familias que atienden cuando se ha producido un suceso violento que ha alterado al barrio. 

“En ese caso, no hay una comunicación directa y clara que nos diga si es seguro o no mantener las actividades y hacerlas en la calle, sino que cada servicio y cada equipamiento toma su decisión”, lamentan. “De la misma manera que se activa una alerta cuando hay lluvia o fuerte viento, podría haber algún aviso que informe de que hay una situación de tensión en el espacio público y que recomiende qué hacer -sugieren-. Son decisiones muy difíciles: si se anula, se puede crear una alarma mayor de lo que realmente pasa pero, en el caso contrario, nos sentimos responsables si ocurriera algo. La información que manejamos nunca es equiparable a la que dispone la administración, que debe aconsejarnos y tomar una decisión”. El pebMINA también ruega establecer un canal de comunicación para que “la ciudadanía pueda pedir ayuda de manera segura y totalmente confidencial”.

Retrocesos y malestar

El memorial de daños y ruegos es fruto de un proceso de reflexión entre el personal que procura alivio a las urgencias del barrio. Se desencadenó a raíz de disturbios con armas de fuego previos a la refriega de hace casi tres meses. Fueron disputas que también causaron sobresalto y conmoción.

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“Han ocasionado retrocesos en los avances conseguidos y han agravado las situaciones de vulnerabilidad existentes”, apunta el escrito. Enumera que los incidentes han alentado la “alarma social”, generando “un fuerte malestar colectivo, alimentado por la sensación de impunidad, que amenaza la convivencia y la libertad en el barrio”. También advierten de la “vulneración de derechos” a familias y menores, al sentir “desamparo e impotencia ante una situación que los desborda”. Para revertirlo, instan a “recuperar el espacio público y la participación comunitaria”, mejorando a la par el estado de calles y equipamientos.

También avisan de las “repercusiones sobre la salud mental”. Mencionan que se ha dado un incremento de casos de estrés, insomnio, dificultad de concentración, inquietud y fatiga. Al respecto, abogan por “incrementar recursos en bienestar emocional y comunitario” en el vecindario, así como “atender necesidades de cuidados” de profesionales que han de gestionar los efectos de los altercados. 

Asimismo, diagnostican una “insensibilización ante las violencias” en La Mina. “La exposición constante a situaciones de violencia ha conducido a la normalización de estas, y ha hecho que se deje de percibir la violencia como una excepción y se asuma como un medio habitual para resolver conflictos y obtener poder o respeto”, analizan. A su vez, educadores y sanitarios observan una amenaza de “fragmentación de la comunidad” y de perpetuar la “estigmatización”, por lo que llaman a “generar comunicación positiva” sobre el barrio.

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Cumbres mensuales

Los agentes sociales del barrio plasman por escrito que han añorado una “respuesta efectiva” de las autoridades. Creen que ha nutrido un “sentimiento de abandono y desprotección” y ha hecho aumentar “los conflictos y los abusos de poder”. En todo caso, confían en que se dé un viraje tras los últimos contactos con las administraciones, que han aceptado reunirse con representantes de educadores y sanitarios una vez al mes. 

“Es la primera vez que las vemos interesadas en una fase de diálogo”, aprecian en el pebMINA. “Nos han dicho que no quieren tomar ninguna decisión sin la consulta comunitaria -destacan-. Es un gran avance y nos sentimos interpelados en amplificar la voz de la comunidad y las necesidades que quiere transmitir”. El Departament de Drets Socials expresa que está "determinado a abordar las problemáticas de La Mina en toda su complejidad".