Barcelona inspecciona 52 pensiones para familias sin hogar: deja de colaborar con cuatro y expedienta a siete más

Vivir rodeado de cucarachas, con una nevera que no funciona, en una cama asaltada por chinches o estar tres años sin ver una cocina. Así es como se vive en algunas de las estancias que alojan a las personas más vulnerables que se quedan en la calle en Barcelona: familias desahuciadas con menores, víctimas de violencia de género, enfermos, personas con discapacidad, problemas de salud mental o ancianos sin hogar en elevado riesgo. El Ayuntamiento de Barcelona contrata por unos 40 millones de euros a un proveedor que busca alojamientos disponibles, que a menudo acumulan quejas y carencias.

Por ello, el consistorio ha realizado en los últimos meses 52 inspecciones para revisar los que recibían más críticas. Son el 21% de los espacios usados en total. Y el examen ya ha tenido consecuencias: el ayuntamiento ha dejado de colaborar con cuatro alojamientos, ha abierto siete expedientes leves y en seis casos más está pendientes de corroborar si se cumplen las licencias. La prospección sigue en marcha: a lo largo del primer semestre de 2025 se prevén 98 visitas más. Asimismo, el gobierno municipal está estudiando un nuevo modelo para ofrecer mejores condiciones a los usuarios con un menor gasto público.

El contrato

El contrato de gestión de alojamiento temporal y manutención de personas y familias en pensiones, hostales y pisos temporales de Barcelona dicta que el consistorio paga entre 40 y 50 euros por día por cada persona atendida en este servicio. Son más de 3.000 usarios, en 2024 se estimó un gasto de 38 millones de euros. El concurso público lo ganó en 2023 la empresa BCD Travel, una filial del grupo Barceló, que se dedica a buscar los alojamientos para todos los afectados de la forma más rápida posible en la ciudad y su área metropolitana. El 8% de todo el dinero, 3 millones de euros aproximadamente, corresponden a los costes de su gestión. Hace dos años el ayuntamiento quiso cambiar el contrato de licitación, añadiendo más medidas de control sobre los alojamientos usados: nadie se presentó, el concurso quedó desierto. Cuando se realizó el nuevo contrato, hoy vigente, estas medidas desaparecieron del pliegue de condiciones.

BCD Travel, que no ha querido hacer declaraciones a este diario, factura a diferentes operadores las plazas para estas personas vulnerables a petición de los servicios sociales municipales. Son 247 alojamientos: 160 apartamentos, 27 pensiones, cinco hostales, 17 centros con trabajadores sociales, siete albergues y 31 pisos de autonomía. Hay cinco empresas que gestionan el 78% de estas plazas. El 86% de establecimientos están en la capital, el 4% en L’Hospitalet y en Santa Coloma, el 2% en Badalona, pero también los hay en Cerdanyola, Sabadell o El Prat de Llobregat.

Las quejas

El consistorio explica que el 2,3% de los usuarios se quejan sobre el estado de estos alojamientos. Serían unas 70 quejas al año, aunque son conscientes que no todos los afectados dan el paso porque temen quedarse en la calle y asumen también que hay quien se queja de forma injustificada. La mitad de esas demandas son por las instalaciones, el 19% por plagas, el 15% tienen que ver con problemas de alimentación y el 10% con crisis de convivencia.

También el Síndic de Greuges de Barcelona ha recibido una treintena de quejas en los últimos años. Por ejemplo, una mujer víctima de violencia de género con un bebé que dormía en una cama con chinches o una señora de 62 años con discapacidad a quien le asignaron plaza en un hostal durante dos meses, que tuvo que ir tres veces al médico por afecciones en la piel causadas por los chinches de una habitación que nadie limpiaba.

A su vez, una mujer con discapacidad reprochó que la alojaron en un albergue con un único baño compartido, que la habitación era un antiguo trastero con un armario en el balcón y que convivía con hormigas, cucarachas y suciedad. Aseguraba que ni neveras ni lavadora funcionaban bien, con lo que la comida no se conservaba y no lograba limpiar su ropa. Otra familia pidió al 'síndic' poder acceder a una cocina tras más de tres años comiendo comida precocinada en una pensión y un hombre de 72 años con problemas de salud se quejó de alojarse en una cuarta planta de un piso de Sabadell pese a tener que ir constantemente a Barcelona al médico.

El papel del Síndic

Los expedientes del síndic muestran que en la mayoría de casos los servicios sociales municipales ya han pedido a BCTravel un cambio de plaza o un recurso alternativo a la mesa de emergencia municipal, pero la falta de alojamiento y las elevadas listas de espera para una vivienda social obligan a muchos a esperar mucho tiempo.

“Hay que tener en cuenta que muchas de estas personas no sienten que tienen derecho a quejarse o tienen miedo: solo vemos una parte de la realidad debido a su elevada vulnerabilidad y el miedo de perder la única alternativa de vivienda que tienen”, insiste el síndic, David Bondia. “No se está prestando una atención adecuada en algunos de estos alojamientos, y me temo que puede haber quien esté sacando rédito económico de la situación extrema que viven tantas familias ahorrando en costes higiénicos o de personal”, opina Bondia. En su informe de 2023, Bondia situó estos alojamientos de emergencia como el primer agravio.

Los expedientes

En el último año, el Ayuntamiento ha realizado 52 inspecciones. A raíz de ello, ha pedido a BCDTravel que deje de enviar usuarios a una pensión en el Call Jueu, una residencia en Sant Gervasi y un centro de acogida de otra de las empresas que gestiona más alojamientos temporales de urgencia, además de la Casa de Acogida Collblanc, un centro propiedad del Grupo Sociohabitatge.

También hay siete centros más a los que han abierto un expediente por sanciones leves, y seis más están pendientes de tener una visita de nuevo junto con los responsables de las licencias municipales, aunque el consistorio no detalla cuáles son. Fuentes municipales insisten que no les temblará el pulso para seguir tomando estas medidas. No descartan lucro indebido, pero defienden que aunque una empresa que tenga un centro en mal estado, no tiene por qué tenerlos todos así.

Sociohabitage, el único nombre que ha trascendido, es propiedad de dos inmobiliarias, TITO 2006 S.L. y DASKI BCN 2001 SL. Gestiona el 25% del total de alojamientos temporales de urgencia en Barcelona. El ayuntamiento inspeccionó este centro tras una denuncia del sindicato CGT. "Cuando se hizo la inspección del ayuntamiento nos dijeron que estaba todo correcto, pero decidieron dejar de colaborar con nosotros porque el caso se hizo viral. El único problema era que durante unos días el aire acondicionado no funcionó", defiende Daniel Villergas, director de Sociohabitatge.

"Atendemos colectivos muy vulnerables: hay personas sin hogar que traen chinches y por eso hay colchones que pueden tenerlos, hay gente que ha defecado en las instalaciones o que cocina donde no debe. Cuando los servicios sociales les piden que abandonen la plaza, un 40% se niegan a ello y tenemos que expulsarlos nosotros a cambio de dinero", añade. Algunos empleados, que prefieren mantenerse en el anonimato, denuncian que hay más centros con características similares y que las inspecciones municipales se hacen con previo aviso a los gestores, aunque ayuntamiento y empresa lo niegan. "Hemos tenido más inspecciones y algún requerimiento de calidad, por ejemplo una puerta que no cierra bien, pero este pasado febrero hemos gastado más de 45.000 euros en mantenimiento", responde Villergas, mostrando varias facturas a este diario.

Cambio de modelo y más ahorro

Este modelo, que garantiza que las personas no se queden en la calle, tampoco gusta a parte de los trabajadores de servicios sociales, que son quienes derivan a las familias, ni a los movimientos por el derecho de la vivienda. Hace años que denuncian el estado de algunos que estos alojamientos, en las que las estancias provisionales pueden llegar a alargarse más de un año por la dificultad de encontrar un lugar definitivo.

El Síndic ha encargado un informe para evaluar y proponer un modelo alternativo al de las pensiones. También el consistorio está trabajando en un nuevo modelo de alojamiento temporal de urgencia, junto con el Consell de l’Habitatge i de Benestar Social. La idea es apostar con por centros propios y dejar de externalizar este servicio. “Creemos que conseguiremos ahorrar mucho dinero haciendo lo mismo si sólo lo gestionamos nosotros en vez de que lo hagamos con empresas externas”, añaden estas fuentes.

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