Las grandes ciudades deberán sancionar en sus ZBE para acceder a las ayudas estatales al transporte público

Las grandes ciudades no sólo deberán implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para acceder a las ayudas estatales al transporte público, tal y como avanzó EL PERIÓDICO, sino que además deberán justificar que están sancionando en ellas. Las multas por infracciones son la parte de la regulación de las ZBE más polémica: sólo 5 de las 23 ciudades catalanas obligadas a sancionar lo hacen con normalidad desde el inicio de este 2025. En Catalunya, las subvenciones condicionadas son de unos 60 millones de euros, 52 de los cuales van destinados al Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

El interrogante sobre si la financiación estatal estaría condicionada a la aplicación del régimen sancionador estaba sobre la mesa porque el decreto 'ómnibus' del Gobierno que regula las ayudas de julio a diciembre usa la ambigua fórmula de que las ZBE deberán estar "en funcionamiento" durante 2025. Pero los documentos de la convocatoria que estipulan los requisitos técnicos para que las entidades locales accedan a ella, recién actualizados, disipan las dudas.

Las ZBE protagonizan uno de los formularios del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) que las entidades locales, tanto el AMB como los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, deberán cumplimentar antes del próximo 30 de abril. El texto indica que, para acceder a las ayudas estatales, el régimen sancionador de las ZBE locales debe estar "activo". "Quedando excluido para esta consideración el sistema de avisos que pudiera haberse contemplado previamente", apostilla el tenor literal del documento, que también consta en la resolución de la convocatoria.

Fuentes expertas en la materia consultadas consideran que la norma es clara y confirman que la financiación estatal queda supeditada a que las sanciones estén en marcha. Grandes ciudades catalanas como Tarragona han explicitado que no empezarán a sancionar al menos hasta el 2027. También el Castelldefels de Manu Reyes (PP) ha comunicado que no multará hasta el 2030. Y la Badalona de Xavier Garcia Albiol (PP), que sigue con su ordenanza suspendida,, tampoco tiene intención de sancionar próximamente.

Además del régimen sancionador, la convocatoria estatal exige a las administraciones locales justificar los siguientes requisitos para considerar efectivamente implementadas las ZBE en las ciudades: tener vigente la ordenanza municipal que establezca la delimitación y regulación de la ZBE; disponer de medidas de prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos; y un sistema de control de accesos, monitorización y seguimiento.

Aunque las ayudas —como la competencia— son locales, en el ámbito del AMB, integrada por Barcelona y otros 35 municipios, es la administración metropolitana la que gestiona los servicios de buses urbanos y la que recibe los fondos estatales. En caso de incumplimientos locales, el decreto asume que el montante se reducirá proporcionalmente en función de la población atribuible a los municipios que no implanten ZBE en relación al total de 3,3 millones de habitantes del AMB. Por ejemplo, si L'Hospitalet de Llobregat acabara 2025 sin su ZBE en funcionamiento —tras un revés judicial, el Ayuntamiento trabaja ahora en una nueva ordenanza—, el AMB dejaría de ingresar proporcionalmente unos 4,4 millones de euros. En el caso de Badalona, la pérdida de financiación para el AMB rondaría los 3,5 millones de euros. 

Las ciudades que todavía no sancionan en sus ZBE

El estado de las sanciones en ZBE de grandes ciudades catalanas puede clasificarse en las tres franjas de un 'semáforo': el color verde se corresponde con las urbes que sancionan; el rojo con las que no lo hacen por ni siquiera tener ordenanzas aprobadas; y el naranja con las que no multan pero sí tienen o han tenido regulación aprobada y sancionarán próximamente. Esta división puede visualizarse en la siguiente infografía.

Los cinco grandes municipios catalanes que ahora mismo están multando en sus ZBE integralmente son la pionera Barcelona; Sant Cugat del Vallès; Sant Boi de Llobregat; Viladecans; y El Prat de Llobregat. Sus correspondientes normas locales estipulan un régimen general de sanciones de 200 euros que pueden llegar a 260 euros en caso de reincidencia. Sant Cugat es un caso excepcional: prevé multas de hasta 500 euros para sanciones muy graves.

Al otro extremo del 'semáforo' de las ZBE se ubican las grandes ciudades que todavía no han aprobado sus ordenanzas municipales: Mataró; Santa Coloma de Gramenet; Tarragona; Reus; Castelldefels; Vilanova i la Geltrú y Rubí. El grueso de estos consistorios asume la previsión de impulsar sus regulaciones durante este año.

La mayor disparidad se da en la franja intermedia, donde la gran mayoría de ciudades no sancionan —excepto Cerdanyola del Vallès, precursora de las moratorias para residentes— pero sí tienen aprobada una regulación municipal. A partir de ahí existe mucha heterogeneidad: unas ciudades —L'Hospitalet y Cornellà de Llobregat— están a la espera de aprobar nueva ordenanza tras el revés judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Otras —Sabadell, Terrassa o Manresa— proyectan multas antes de verano. Y otras tantas, como Girona, esgrimen estar a la espera de que la Generalitat ponga en marcha su propio registro para las autorizaciones de vehículos, imprescindible para la efectividad de las ZBE.

Solo dos de los municipios obligados en el AMB no han aprobado aún siquiera una primera ordenanza de ZBE: Santa Coloma de Gramenet y Castelldefels. Fuentes de la administración metropolitana aseguran que confían en que cumplan todas las ciudades obligadas de su ámbito. Sin ir más lejos, estas mismas fuentes corroboran que Castelldefels, una de esas ciudades hasta ahora sin ZBE, se ha comprometido a implantarla este año. También lo hará Santa Coloma, que se halla elaborando su ordenanza municipal.

Fuera del AMB, los casos más significativos de ciudades que no han aprobado todavía una ordenanza de ZBE son algunas integrantes del llamado Arc Metropolità, concretamente Mataró, Rubí y Vilanova i la Geltrú, y por otra parte los de Tarragona y Reus, que lo proyectan para diciembre. Según los datos del MITMA, estas cinco ciudades recibieron conjuntamente unos 3 millones el pasado 2024, que es la cantidad susceptible de evaporarse si no activan sus ZBE durante el ejercicio.

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