Un centenar de municipios del área de Barcelona ya han postulado solares para la vivienda pública del Govern

Una cincuentena de representantes del mundo local del área de Barcelona han peregrinado hasta la sede del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en Sant Just Desvern, para esclarecer sus dudas respecto a la reserva pública de solares con la que trabaja el Govern para la construcción de pisos de protección. El ejecutivo de Salvador Illa (PSC) aspira a lograr 50.000 pisos públicos nuevos con el 2030 como horizonte, tal y como él mismo anunció en el debate de política general del pasado mes de octubre. Desde las delegaciones del Govern se ha perseguido a los distintos ayuntamientos catalanes para que enviasen los solares que tienen disponibles y en los que podrían proyectarse estas promociones. Así, la delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz, ha explicado en su intervención que casi 100 de las 127 urbes de la 'vegueria' de Barcelona ya han dado respuestas a las demandas del Govern y han postulado su suelo susceptible de contribuir a ampliar el parque de vivienda público.

Díaz ha celebrado la gran respuesta por parte de los consistorios y ha explicado que supone "un porcentaje muy elevado" y que permite planificar una respuesta fidedigna a las circunstancias del territorio. El acto ha contado también con la participación de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, quien ha vuelto a insistir en que es imposible asumir ese objetivo de las 50.000 viviendas sin la colaboración del mundo local y de la colaboración público-privada".

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La crisis habitacional se ha convertido en los últimos años en el principal problema para cada vez más vecinos del área de Barcelona y de distintos puntos de Catalunya. Es por ello que, en los últimos tiempos, las distintas administraciones han puesto el pie en el acelerador en la búsqueda de medidas que permitan solucionar o, por lo menos, mitigar las dificultades generadas en torno a un derecho que funciona a su vez como piedra angular del estado del bienestar: la vivienda. Los últimos datos del Incasòl exponen que el precio del alquiler en el ámbito funcional metropolitano —que se compone de las comarcas del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental— se situó en los 978,02 euros al mes y cerró el 2024 con la media anual más alta de la historia.

La propia Paneque ha reconocido como uno de los principales problemas en materia habitacional es precisamente la práctica inexistencia de un parque público de vivienda y que mientras el objetivo es que esta alcance el 15% del total del parque catalán —una cifra considerada como mínima para que exista un equilibrio con el mercado libre—, por ahora, ni tan siquiera llega al 2%.

Paneque ha señalado que éste es "un programa de vivienda de protección oficial, de alquiler asequible, para la mayoría de catalanas y catalanas". "Hablamos de alquiler asequible, para las clases medias. Éste es el objetivo que hay tras este programa", ha dicho durante la presentación. La consellera ha recordado que, en estas nuevas promociones, se destinará una reserva de, como mínimo, un 25% de los pisos a jóvenes, dado que son el colectivo más afectado por los problemas de acceso a la vivienda, además de que habrá un 10% destinado a perfiles vulnerables. Con todo, Paneque también ha advertido de que ni con todos los solares disponibles en la actualidad en Catalunya podrían llegar a esos 50.000 pisos que ambiciona el Govern de Illa. Se quedarían en unos 25.000. Es decir, la mitad. Por ello, ha insistido en la necesidad de "movilizar más suelo".

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El acto también ha contado con la participación de la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret (PSC), quien también ha remarcado la importancia de "dar respuesta al derecho de a la vivienda", un reto que, cada unas con sus casuísticas, se manifiesta tanto en las ciudades más grandes y pobladas, como en las más pequeñas. "Dar respuesta, implica la colaboración entre instituciones. Sentirnos interpelados en dar respuesta. Las administraciones tenemos como máxima garantizar derechos", ha dicho Moret.