Barcelona identifica un centenar de ocupaciones y asentamientos pendientes de desalojo

El Ayuntamiento de Barcelona tiene un centenar de ocupaciones ilegales y asentamientos de infraviviendas “identificados y en algún tipo de trámite”, tanto en pisos de titularidad municipal como otros espacios públicos o privados, ya sean solares, naves, locales u otro tipo de edificios. El dato figura en el plan sobre ocupaciones y asentamientos que el gobierno del alcalde Jaume Collboni presentó este martes ante la oposición en la comisión municipal de urbanismo. El protocolo pone el acento en velar por evitar riesgos que comprometan la integridad de quienes malviven bajo un techo sin un título habilitante o en barracas y, al mismo tiempo, aboga por impedir que las ocupaciones se consoliden. 

El informe, al que EL PERIÓDICO ha tenido acceso, detalla que el 65% del centenar de los casos de infravivienda localizados son en propiedades privadas y el 35% restante en suelo municipal. El mismo documento desgrana que "el 70% de estas ocupaciones se concentra en los distritos de Sant Andreu, Sant Martí y Eixample, el 20% está situado en Sants, Sarrià y Gràcia, y el 10% en Nou Barris, Horta-Guinardó y Les Corts”. El consistorio precisa que no todos los casos identificados se hallan en trámites para ser desalojados. "Cada expendiente está en diferentes fases", indica, sin que se pueda anticipar cuál será la resolución.

La hoja de ruta preconiza que, “para evitar nuevos asentamientos u ocupaciones, hay que anticiparse a su implantación”, tanto en casos nuevos como “si son reicindentes una vez ya desalojados”, distingue. “Se debe adoptar medidas para evitar la consolidación de la ocupación ya implantada, tanto por lo que se refiere al número como al tiempo, para evitar posibles riesgos, garantizar la seguridad o minimizar las posibles molestias que puedan ocasionar”, defiende.

El documento enumera propuestas “para evitar la nueva implantación o consolidación” de ocupaciones o núcleos de infraviviendas. Aboga por “promover usos u obras provisionales en inmuebles, locales o solares vacíos, tanto públicos como privados, para evitar posibles ocupaciones”. En caso de no ser factible sacar provecho temporal de esos espacios, plantea instalar "alarmas en espacios municipales vacíos". 

También cree necesario aconsejar "medidas a tener en cuenta por parte de los propietarios cuando cierran locales de negocios". A su vez, sugiere que el ayuntamiento se dote de una partida presupuestaria para asumir el coste de demoliciones y tapiados sin retrasarlos y pasar luego la factura a los dueños, así como "promover las acciones judiciales subsidiarias para el desalojo si se altera la convivencia o el orden público o si ponen el peligro la seguridad o la integridad del inmueble". Por otro lado, insiste en la necesidad de "llevar a cabo las investigaciones policiales que correspondan" y elaborar un registro de solares sin edificar.

Seguridad de los ocupantes

El plan municipal apunta a que la “máxima prioridad” recae en “velar por la seguridad de las personas ocupantes o terceros”, para “evitar situaciones de riesgo o peligro para su seguridad o integridad física, garantizando además la protección y atención a las situaciones de vulnerabilidad”. Menciona también que se precisa “minimizar el impacto de las ocupaciones en la convivencia con el resto de vecinos de inmuebles adyacentes y el espacio público inmediato, así como garantizar la seguridad de estos y el orden público en los espacios ocupados”.

Añade que “se garantizará igualmente la investigación policial por los presuntos delitos que se hayan cometido”. Concluye que se ha de “velar por la protección de los bienes ocupados y los adyacentes afectados por el riesgo que generen las ocupaciones”.  

El plan pretende trazar una directriz común para los servicios sociales, la Guardia Urbana y otros trabajadores municipales. “Cada territorio requiere de una aplicación singular en cada caso, pero es necesario unificar los criterios”, señala. Expone que se ha iniciado una revisión y actualización de protocolos, que debe acompañarse con "la identificación de todas las ocupaciones y asentamientos con riesgo para la seguridad de los ocupantes o con afectación a la convivencia y el orden público". También propone categorizarlas según la presencia de menores o el nivel de riesgo que se aprecie, entre otros baremos, así como definir una hoja de ruta para actuar en cada caso con antelación y adoptar "medidas provisionales" para proteger a personas y bienes. 

El informe cita que, desde que el PSC retomó la Alcaldía en 2024, se han creado dos órganos para abordar el fenómeno, “poniendo el foco en las personas, el restablecimiento de la legalidad y la recuperación de la convivencia”, resalta. Marca que una de las "líneas de actuación más prioritarias" es crear una base de datos que integre información de la Guardia Urbana, los servicios sociales, los distritos y otras áreas municipales sobre los asentamientos, así como ofrecer un plan de formación a los empleados municipales que intervienen en ellos.

El dictamen recuerda que los distritos son competentes para recuperar la posesión de viviendas municipales usurpadas y otros espacios que también sean de titularidad pública. Apostilla que, en caso de espacios privados, los distritos actúan en caso de peligro inminente, riesgo para las personas o alteración grave de la competencia.