Barcelona traza un plan para tratar de impedir que se consoliden ocupaciones y asentamientos

El Ayuntamiento de Barcelona ha elaborado un plan para abordar los casos de ocupaciones y asentamientos de infraviviendas, tanto en espacios públicos como privados (sin incluir viviendas de terceros), con el que pretende prevenir que se ocupe o que, cuando menos, las usurpaciones no se consoliden. El gobierno del alcalde Jaume Collboni ha presentado el protocolo ante los grupos de la oposición en la comisión municipal de urbanismo y responde a una petición del PP que el consistorio aprobó en junio de 2024. La gerente de coordinación territorial y proximidad, Gemma Arau, ha recalcado que la medida quiere “centrarse en la atención de las personas” que viven “en situación de vulnerabilidad en esos espacios”, al mismo tiempo que incorpora medidas policiales. 

Arau ha dicho que se pretende “garantizar la seguridad” de los ocupantes frente a las condiciones precarias que amenacen su integridad y “poner servicios a su alcance”. Si bien el acento se pone en aliviar las penurias de ocupantes y barraquistas, la gerente ha añadido que no se obvian otro tipo de políticas. “No se nos escapa que, en ocasiones, es necesario poner la mirada en la seguridad, porque a veces se detectan perfiles delincuenciales que se aprovechan de este fenómeno para instrumentalizarlo y conseguir mayor impunidad”, ha asegurado Arau. 

A su vez, ha remarcado que se requiere proteger la convivencia, “sobre todo en espacios con una mayor concentración de asentamientos y ocupaciones”. En ese sentido, la gerente ha afirmado que se dan casos en que “existen problemáticas de convivencia con los entornos y viviendas, que son necesarias trabajar”.

Espacios públicos y privados

El gobierno local ha señalado que la fórmula incluye “medidas preventivas y reactivas”. “Intentamos que no se ocupe o no se consoliden ocupaciones”, ha comentado Arau. “Hay un fenómeno que es que los que desocupamos pasan a otro ámbito de ocupación”, ha reconocido.

La gerente ha agregado que el protocolo aspira a ser un “plan de trabajo transversal” extensible a todos los servicios municipales competentes. “Es un fenómeno muy complejo, que nos exige una aproximación de diferentes miradas y muy coordinada por diferentes servicios del ayuntamiento: intervienen la Guardia Urbana, los distritos, los servicios sociales, la Agència de Salut Pública o áreas como vivienda y patrimonio”, ha enumerado Arau. 

A su vez, ha precisado que el plan abarca “todo tipo de espacios, como solares, naves locales o edificios que pueden tener la condición de infravivienda y deficiencias que pueden representar un riesgo para la seguridad, la salubridad o la integridad de los ocupantes, y que pueden alterar o no el orden público en el entorno”, ha desmenuzado Arau. A su vez, ha agregado que se extiende tanto a propiedades públicas como privadas.

“En espacios privados, el ayuntamiento interviene con capacidad subsidiaria para requerir la seguridad de las personas”, ha indicado la gerente. Ha precisado que fuera del plan queda el abordaje que se efectúa en los casos de personas sin hogar que malviven en la calle. Arau ha añadido que se requiere una “puesta al día” de los protocolos y elaborar una base de datos para “garantizar información común” entre los distintos departamentos municipales.