El Tribunal Supremo estrecha el cerco judicial sobre la contaminación de la incineradora del Besòs

El Tribunal Supremo ha puesto en el punto de mira a la incineradora pública de residuos Tersa, en Sant Adrià de Besòs, y sobre todo al jefe de explotación de la planta, el imputado F. R., por no controlar presuntamente que la temperatura en los hornos de cremación se ajuste a los niveles exigidos y no evitar un supuesto "riesgo grave" de emisión excesiva de sustancias contaminantes a la atmósfera. Las conclusiones a las que ha llegado la Sala de lo Penal del alto tribunal dan un espaldarazo a las tesis del fiscal y la acusación particular, ejercida por la entidad vecinal Airenet, lo que presupone que, como la Audiencia de Barcelona avanzó al reabrir el proceso, el caso llegará a juicio.

Será el juzgado de Badalona que abrió la investigación quien concluya la causa después de que el Supremo haya exculpado a Eloi Badia, expresidente de la compañía. Badia fue concejal de los Comuns en el Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato de la exalcaldesa Ada Colau y ahora ejerce de diputado por Sumar en el Congreso.

La acusación de Airenet estudiará recurrir en contra de que el dirigente quede absuelto. "Hay responsabilidades políticas en este caso y Badia tenía una enorme responsabilidad, porque estaba al tanto de nuestras reclamaciones, de lo que ocurría y de las sospechas desde antes de ser presidente", esgrime Silvina Frucella, presidenta de la asociación denunciante. A su vez, se declara indignada por lo que califica como "impunidad política": "La Generalitat es tan responsable como Badia, porque tenía que ejercer de ente de control sobre Tersa. Que no haya responsabilidad política es institucionalmente muy grave. En el mejor de los casos, la culpa recaerá en un cargo de la tercera fila de Tersa". Los Comuns definen la causa contra su miembro como un ejemplo de 'lawfare', por supuesta persecución judicial injusta por razones ideológicas.

Al margen de eximir al parlamentario, el Supremo es contundente y estrecha el cerco sobre la central de quema de basura de Tersa, de la que el Ayuntamiento de Barcelona posee el 58,35% de la propiedad, el Área Metropolitana ostenta el 41,16% y el resto se reparte entre otros consistorios de la corona de la capital. El auto sostiene que en la instalación investigada "no se aseguraba la adecuada incineración de los residuos conforme a la referida normativa ambiental, causando así un riesgo de grave contaminación del aire con compuestos nocivos para la salud y el medio ambiente".

Riesgo grave

En base a las averiguaciones de las pesquisas y los informes de la Guardia Civil, el alto tribunal concluye que, "en numerosas ocasiones", los tres hornos de la incineradora quemaron basura "a unas temperaturas muy inferiores" a los 850 grados exigidos para los gases de combustión en la incineración de residuos. Los magistrados subrayan que "está científicamente acreditado que, si no se llega a esa altísima temperatura, se generan emisiones a la atmósfera" en la quema de desechos, con un "elevado contenido de compuestos altamente nocivos para la salud humana y el medio ambiente", como los furanos y las dioxinas, que son partículas potencialmente cancerígenas.

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El Supremo previene del "grave riesgo" que haber infringido supuestamente los parámetros de temperatura "ha podido entrañar para la calidad del aire en una zona de alta densidad de población, como es el área de Sant Adrià de Besòs". Desde la denuncia de Airenet en 2018 que originó las indagaciones, el Supremo es la cuarta instancia que pone en cuestión la operativa de la planta y alerta que su actividad puede haber comprometido la salud de los vecinos del entorno.

El auto conocido esta semana discute la veracidad de las temperaturas a las que se deshicieron los desechos, a niveles que supuestamente llegaron a rozar los 10.000 grados o se hundieron hasta 801 grados bajo cero, según los registros que Tersa comunicó a la Generalitat. Se trata de niveles imposibles de producirse en la Tierra. Esos valores disparatados ya fueron advertidos por informes de la Guardia Civil, el recurso de la Fiscalía para retomar la investigación y el pronunciamento de la Audiencia de Barcelona, que desmontó los argumentos de la jueza instructora de Badalona que dio carpetazo a las diligencias.

Tersa responde a EL PERIÓDICO que no ha recibido de momento notificación de la resolución del Supremo, por lo que ha declinado hacer valoraciones. Por su parte, Frucella destaca que "varios entes judiciales" han apuntalado las acusaciones. "Tersa ha trabajado fuera de la ley y ha puesto en riesgo a la gente que vive alrededor pero, además, lo ha maquillado con una fórmula fraudulenta que no representa la realidad, lo que es aún más grave", reprocha la presidenta de Airenet. "El Supremo avala nuestra denuncia, pero hay una impunidad política que tiene que acabar", postula.

Un solo acusado

Todo el peso de las acusaciones se carga ahora sobre el jefe de explotación de la incineradora del Besòs. El Supremo precisa que F. R. es el "máximo responsable técnico" y el "garante para evitar el riesgo ambiental derivado de un conocido funcionamente anómalo" en la fábrica.

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En ese sentido, remarca que debía asegurar que el tratamiento de residuos se "verificara" respecto a la normativa. De la investigación judicial se deprende, incide el alto tribunal, que la incineración de los residuos se verificaba controlando la temperatura mediante un "simple algoritmo" que, según la Guardia Civil, "no aseguraba a los responsables del correcto funcionamiento saber a ciencia cierta si se alcanzaba la temperatura máxima exigida".

La resolución apunta otra circunstancia llamativa: la anomalía en la cremación fue detectada por la Generalitat en una inspección de las instalaciones de la planta realizada durante varios días en marzo de 2018, "llegando a exigir" a los responsables de la central que "pusieran en marcha los quemadores auxiliares si la temperatura de los hornos" bajaba de 850 grados.

Los jueces recalcan que la última jurisprudencia se ha inclinado mayoritariamente por considerar que el delito contra el medio ambiente "es un delito de peligro hipotético o potencial", un "híbrido entre el peligro concreto y el abstracto en el que no basta la contravención de la normativa administrativa para poder aplicarlo, sino también algo más: que la conducta sea potencialmente peligrosa". En su opinión, la actuación del jefe de explotación de la incineradora puede tipificarse como un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

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