Arai, 3, la ‘Casa Orsola’ que Barcelona compró en 2022 cuyos inquilinos siguen con contratos provisionales

En el número 3 de la calle de Arai, en el barrio Gòtic, se encuentra un edificio que se asoma a la plaza de George Orwell. Está junto a la calle de Escudellers, a un paso de la de Avinyó. A 300 metros del Ayuntamiento de Barcelona. Fue, hasta hace un siglo aproximadamente, una finca señorial, en el sentido de que allí residían prebostes de Barcelona. No es que ahora no sea señorial, pero hace mucho que los prebostes se fueron a otras zonas de la ciudad.

Ahora vive allí un grupo de personas que hace casi tres años asistió con alivio a cómo el Ayuntamiento de Barcelona adquirió la finca, bajo la presión de las protestas vecinales en Ciutat Vella. Un claro precedente de la Casa Orsola adquirida este febrero. Fue en mayo de 2022, y eso quitó de encima a los inquilinos la espada de Damocles de una más que probable expulsión de sus pisos si estos pasaban a ser propiedad de un privado. Sin embargo no todo es positivo: la situación de provisionalidad en la que se encontraban los vecinos no ha cambiado. No cuentan con contratos estables: se siguen renovando cada mes o cada año, en función del piso.

Caso a caso

Tampoco tienen información del consistorio sobre cuáles son sus planes de futuro. De hecho, el Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), titular del edificio, casero desde hace 34 meses, ha emprendido reformas -que no afectan a los pisos con inquilinos- sin informarles de ello. Preguntado por este diario, el ayuntamiento subraya que tras “subrogar y mantener la vigencia de los contratos de alquiler” en su día, emprenderá la transformación del edificio.

Fuentes municipales añaden que una vez quede “establecida” su “configuración”, y en función de cómo afecte a los pisos, “se estudiará cada caso en particular” para cerrar una solución definitiva con cada arrendatario. Por ahora destaca el hecho de que el consistorio piensa dividir los cuatro pisos que están vacíos para convertirlos en ocho.

La historia

La película de la finca es conocida. Un día, los vecinos se enteraron de que sus casas habían quedado ‘huérfanas’, aunque lo supieron tarde. En el 2002 murió Maria Teresa Vives, la propietaria, con la que la comunidad no tenía contacto, y pasaron siete años sin que esa defunción trascendiera. Finalmente, el edificio pasó a manos de la Generalitat, ante la ausencia de herederos, y el Govern lo subastó en 2015 por 3,3 millones, como precio de salida, pero no hubo postor. En 2016 apareció un autodeclarado heredero: la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB). Hubo un litigio y lo ganó la fundación, que se dispuso a vender el inmueble, y esta vez si había postor: un fondo alemán, que llegó a avanzar el 10% del pago.

Entonces, la resistencia vecinal resultó decisiva para que el Ayuntamiento de Barcelona tomara cartas en el asunto y comprara el edificio, por un precio de 3,9 millones de euros y con la previsión anunciada entonces de invertir 1,8 millones en rehabilitación. Los grupos Resistim al Gòtic y el Sindicat de Llogateres y los residentes sumaron sus esfuerzos para que se diera ese movimiento.

Protesta decisivas

“Los vecinos vinieron a la asamblea de Resistim al Gòtic a explicar su situación cuando la fundación del Clínic ya estaba vendiendo el edificio al fondo alemán, que había pagado las arras. Se organizaron con nuestra ayuda: nos reunimos con el ayuntamiento, decoramos Arai, 3 con pancartas, nos vimos con la Fundació Clínic y todo eso acabó con la compra del edificio por parte del ayuntamiento, y eso es una buena noticia”, explica Martí Cusó, de Resistim al Gòtic.

Cusó defiende la adquisición de inmuebles en casos similares, si bien admite que no tiene que ser la única herramienta: “No se pueden comprar todos los edificios ni todos los que están en lucha, pero algunos sí”.

Similitudes con Orsola

Como similitudes con el caso de la Casa Orsola, cita el hecho de que sea una compra directa, mediante un negociación, en este caso con la fundación del Clínic. Y, sobre todo, que el ayuntamiento, en este caso con Jaume Collboni como alcalde, y en el de Arai con Ada Colau al frente de la ciudad, actuara gracias a la presión del activismo vecinal. Como diferencia, subraya a que aquella no fue una operación público-privada, como sí el caso de la finca del Eixample, comprada por el consistorio y la entidad Hàbitat 3.

Cusó señala también otro matiz. En Orsola, el privado quería hacer pisos para hacer negocio, lo que es indudablemente legítimo pero no supone un beneficio para la ciudadanía como el que podría argumentarse en el caso de la Fundació Clínic, cuya intención era vender para investigar sobre salud mental. Con ese objetivo, quería sacar el máximo rendimiento económico sin entrar en lo que hiciera el comprador. Aún así, Cusó lo ve incoherente, ya que recuerda que con ello “se ponía en riesgo la salud mental de los vecinos del edificio” de Arai, 3.

Falta de diálogo

“No nos parece bien que no haya diálogo con los vecinos, ni que estos no tengan información sobre las obras ni sobre los derechos que tendrán, sobre cuándo se formalizarán los contratos y cuando tendrán garantía del tiempo que podrán estar allí”, afirma Cusó sobre la actuación municipal.

El movimiento vecinal considera que los pisos vacíos deben dedicarse a la emergencia, es decir, acoger a personas en la lista de espera de la mesa de emergencia, y a vivienda dotacional, es decir, pisos para colectivos como el de los jóvenes o el de la gente mayor, con precio tasado. En cuanto a los que ya tienen inquilino y no entra en estas categorías, defiende que cuenten con un primer contrato estable por unos años y una negociación sobre cómo seguir allí.

La rehabilitación

Consultadas por este diario, fuentes del ayuntamiento explican que el edificio tiene 11 viviendas de las que cuatro están vacías y siete tienen arrendatarios. También relatan que se están haciendo obras de rehabilitación de la fachada posterior que en principio acabarán a lo largo del verano. Y que a principios de 2025 se hicieron trabajos de mantenimiento de la fachada principal.

Además, se está tramitando un informe patrimonial para redactar el proyecto de ampliación de la finca, para subdividir los cuatro pisos vacíos y convertirlos en ocho y disponer así de más pisos protegidos. Asimismo, se están haciendo estudios previos para la rehabilitación de los espacios comunes, que incluirá la instalación de un ascensor y la reforma de la fachada principal. Las mismas fuentes indican que para todo ello habrá que “replantear la configuración de la finca”. Y como se ha dicho ya, en función de que cómo queden los pisos se abordará el caso de cada inquilino.

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