Barcelona recalca que la reserva del 30% a vivienda social en un mismo edificio quedará “como una posibilidad”

La maquinaria para modificar la normativa que obliga a los promotores a destinar un 30% de los pisos que construyen a vivienda social en Barcelona ya está en marcha. El diálogo político para afianzar el consenso del pleno municipal ya ha empezado y el gobierno de Jaume Collboni confía en aprobar “pronto” la modificación. El comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera, insiste en que no se derogará la norma y aclara que la opción de ejecutar la reserva a pisos protegidos en un mismo edificio “es una opción que debe quedar como una posibilidad porque en algunos lugares de Barcelona puede ser interesante”.

Así lo ha expuesto en el diálogo que ha mantenido con el presidente de la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE), Xavier Vilajoana, sobre el modelo de vivienda de Barcelona, organizado por Foment del Treball. Ambos han contrapuesto sus posiciones sobre uno de los temas que más preocupa actualmente a la ciudadanía: el acceso a la vivienda. En este contexto, no se ha pasado por alto la modificación de la norma del 30%, que el gobierno municipal se comprometió a aprobar este año.

Riera ha asegurado que someterán a votación “un acuerdo trabajado”. “No llevaremos una cosa para perderla, tenemos que llevar al plenario un acuerdo sólido”, ha afirmado confiado en que esa posibilidad existe, dado que tres de los cuatro grupos que dieron apoyo a la norma en 2018 la quieren modificar ahora. Son el PSC, Junts y ERC. Los Comuns siguen desmarcados. “Rectificar es de sabios”, insiste el comisionado, que ha vuelto a recordar los escasos resultados que ha dejado: cuando se acuñó la norma, en 2018, la previsión era que el consistorio lograra 334 pisos cada año. Ha logrado 26 en seis años.

Del mismo modo que ha recalcado la voluntad de ejecutar el 30% en un mismo edificio como hasta ahora, ha mencionado otra de las opciones: que los pisos sociales se puedan trasladar a otro barrio cercano, simplificando los trámites, y teniendo en cuenta que el traslado no sea en zonas donde la presencia de vivienda social ya es alta. El objetivo es que la vivienda pública y la privada esté repartida en la ciudad y también un mismo barrio o distrito.

Evitar la "prueba y error”

Por su parte, Vilajoana se ha mostrado partidario de reformar el 30% pero ha pedido específicamente dejar de legislar con "prueba y error” y que se genere un consenso escuchando al sector privado. “Se les debe escuchar con las problemáticas que se encuentran para hacer este tipo de operaciones”. En este sentido, aboga por buscar fórmulas que ofrezcan distintas opciones, como monetizar la reserva o trasladar el techo a otros barrios.

“El 30% no deja de ser un carga. Se puede desarrollar o aplicar de formas diferentes”, ha insistido. “Que nos den libertad para aplicarlo”. El presidente de los promotores ha hecho alusión a los Comuns y a su “demagogia descomunal”. “Que alguien venga a dar lecciones de algo que no ha hecho clama al cielo”, ha criticado. Así pues, aboga por sentarse todos y negociar para que funcione.

La regulación de los alquileres

Mientras ambos esperan llegar a un consenso en esta cuestión, han mostrado sus diferencias en otras cuestiones. Riera ha recalcado la prioridad del ayuntamiento de proveer suelo -público y privado- “para todo aquel que quiera construir en la ciudad”. “Estamos viviendo una crisis de oferta muy importante que va mucho más allá de una regulación urbanística, falta mucha acción y mucha dinamización de suelo”.

El comisionado ha celebrado la regulación de los precios del alquiler y el umbral que los limita, algo en lo que Vilajoana discrepa. “No creo que sea adecuado porque acaba produciendo el efecto contrario de lo que se pretende”. Entiende “ciertas legislaciones” para paliar “ciertas situaciones siempre y cuando se actúe en paralelo en muchas otras cosas”. “El 25% del coste de una vivienda son impuestos. Mañana mismo las administraciones podrían reducir el coste de la vivienda un 25%”, ha avisado.

Tampoco han compartido la misma visión sobre los fondos de inversión. Mientras Vilajoana subraya que “es un operador absolutamente necesario”, Riera lo ve como “un capital alto”. En esta cuestión se ha recordado la reciente compra de la Casa Orsola, que el comisionado ha defendido. El presidente de los promotores, en cambio, ha reprochado que por el precio por el que se ha comprado “se podrían haber hecho el doble de pisos de los que se han adquirido”, un argumento que no ha convencido a Riera.

Subveciones del Govern

Por otro lado, tras el diálogo, Vilajoana ha celebrado el anuncio de la Generalitat de ofrecer subvenciones a los promotores que construyan vivienda de alquiler asequible. Ha explicado que las políticas de vivienda "necesitan inversión pública", ha lamentado que los presupuestos destinados a políticas de vivienda no llegan al 0,5% del producto interior bruto (PIB) y se ha mostrado satisfecho por el hecho de que se haya escuchado al sector a la hora de realizar estas políticas.

Además, ha pedido que en el caso de compra de vivienda social o cuando los compradores son jóvenes, el IVA se debería reducir del 10% al 4% también para los promotores.