Varapalo judicial al Ayuntamiento de Barcelona por vetar el museo Hermitage

Nuevo revés de la justicia a una de las decisiones del gobierno de Ada Colau más controvertidas y polémicas de su mandato como alcaldesa. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado el veto que el Ayuntamiento de Barcelona impuso al proyecto del museo Hermitage. La sentencia, que ha avanzado El País, abona las tesis de los impulsores del centro e invalida la decisión del consistorio que impedía la implantación de este equipamiento en la Nueva Bocana del Puerto.

Tras conocerse la sentencia, la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha anunciado que el ayuntamiento presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra este dictamen judicial, del que ha criticado que "ponga en duda la capacidad del ayuntamiento para indicidir en las decisiones que toma el Puerto sobre lo que pasa en el Puerto". "El ayuntamiento tiene toda la legitimidad para tener el rol protagonista", ha reivindicado en declaraciones a los periodistas.

Aun así, ha asegurado que desde el consistorio seguirán trabajando para determinar cuál es el proyecto que mejor encaja en el Puerto y ha dejado claro que el del museo Hermitatge en el Puerto está totalmente descartado, y más en el contexto actual de la guerra en Ucrania.

Una de las apuestas culturales que el ayuntamiento puso encima de la mesa en detrimento del Hermitage fue el proyecto del Liceu Mar, que se levantará donde está el Imax. El espacio ha de ser una sala polivalente con 900 butacas que permita acoger tanto montajes de ópera de cámara contemporánea como de danza.

"Cumplía con los requisitos urbanísticos"

El fallo, sobre el que dos magistradas del tribunal han discrepado y han emitido un voto particular, reconoce que el proyecto del museo cumplía con los requisitos urbanísticos y contaba con la viabilidad económica necesaria, por lo que la negativa del consistorio afectó de manera arbitraria los derechos de la promotora, según han informado a EFE fuentes judiciales.

También alega que el ayuntamiento "no puede retener la decisión sobre qué equipamiento concreto se puede instalar en ese inmueble", más allá de la posibilidad de denegar la modificación del Pla Especial Nova Bocana o no haber autorizado un uso cultural o de otro tipo de edificio central en el Puerto, ambas cuestiones por motivos de legalidad.

La resolución del TSJC abre la puerta a posibles indemnizaciones por los perjuicios económicos causados al grupo promotor, una cuestión que la teniente de alcalde no ha entrado a valorar porque dice que no se deben "pasar etapas antes de hora".

El Hermitage, satisfecho

Fuentes de Hermitage SL, impulsores del centro no nato, han señalado que están satisfechos con la sentencia porque les es favorable, y que ahora tienen que estudiar los próximos pasos de este proceso. Las mismas fuentes aseguran que continúan con "el mismo espíritu" que han tenido siempre: "Encontrar soluciones y conciliaciones que no sean judiciales".

La idea de abrir en Barcelona una sucursal del Museo del Hermitage de San Petersburgo se hizo pública a finales de 2012, un proyecto acogido en la ciudad con diversidad de opiniones, y que derivó después en un largo contencioso administrativo y judicial. Empezó cuando el museo Hermitage Barcelona decidió en octubre de 2021 llevar al ayuntamiento de la capital catalana a los tribunales ante la negativa del consistorio a conceder los permisos para construir en terrenos del Puerto, pese a la autorización inicial por parte del ente portuario.

En primera instancia una jueza les denegó la tramitación cautelar del proyecto tras el rechazo municipal en 2022. El procedimiento judicial ha llegado hasta el TSJC, que finalmente da la razón a los inversores.

"No se puede trabajar desde la confrontación"

Más allá del recurso, Bonet ha opinado que la sentencia muestra cómo "no se debe trabajar desde la confrontación y la imposición", en referencia a la negativa municipal del ejecutivo liderado por Ada Colau al proyecto en 2022. En ese sentido, ha defendido que los proyectos de la ciudad deben definirse "desde el consenso porque sino se corre el riesgo de la judicialización".

Desde los Comuns, la líder del grupo y en su momento teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, le ha recordado a Bonet que el PSC también gobernaba en el mandato de Colau: "El gobierno estaba formado por dos partidos. El PSC se abstuvo pero no votó de forma contraria" ni "manifestaron nunca ninguna duda jurídica", ha apuntado en declaraciones a los periodistas.

A pesar de que este fue uno de los varios proyectos en los que los entonces socios de gobierno mantenían un desacuerdo total, Sanz ha coincidido con Bonet en defender que el ayuntamiento tiene "la plena potestad de decidir cuales son las mejores actividades para la ciudad" y ha vuelto a hacer alusión a los informes que encargaron a expertos y que determinaron que el museo Hermitage no era un buen proyecto para Barcelona ni para esa ubicación.

Reacciones de Junts y PP

La sentencia también ha generado la reacción de Junts y PP. El líder de Junts, Jordi Martí, ha advertido al alcalde, Jaume Collboni, de que "no puede hacer ver que él no estaba" porque compartía gobierno con Colau. A ambos les ha reprochado haber despreciado una oportunidad y ha recordado que desde su grupo ya avisaron de que "todo acabaría mal" con el riesgo de pagar "indemnizaciones millonarias".

Por su parte, el líder del PP, Daniel Sirera, ha criticado que el varapalo judicial es por el "sectarismo del gobierno de Colau y Collboni". "Ahora nos puede costar 141 millones de euros a los barceloneses", ha apuntado.