El juez aplaza el desahucio de la discoteca Draco, el antiguo KGB

El desahucio de la discoteca Draco, el antiguo KGB, previsto para este miércoles, 19 de febrero, ha sido aplazado por decisión judicial. La discoteca gana así un tiempo, no está claro cuánto, y prolongará su actividad, que tantas quejas vecinales ha suscitado.

El pasado 19 de diciembre se conoció la data del desalojo judicial de la discoteca, lo que suponía el anuncio del fin de una película que se ha alargado considerablemente. Draco tenía un contrato de alquiler que venció el pasado 31 de diciembre, por lo que la propiedad, Núñez i Navarro, debía disponer del local con el año nuevo como colofón de un conflicto que lleva años abierto. Pero con el desahucio en el horizonte, la empresa se limitó a esperar.

Un rosario de conflictos

Ahora, según fuentes conocedoras del caso, los gestores de la discoteca han logrado retrasar un tiempo su salida por la vía de recurrir el desalojo: el juez ha aceptado su recurso y ahora debe pronunciarse sobre si lo acepta o lo rechaza. Mientras toma esa decisión, el lanzamiento ha sido suspendido, sin que se sepa cuál será la nueva fecha señalada.

El local, situado en Alegre de Dalt, 55, lleva años generando conflictos en esta parte de Gràcia y los vecinos piden su cierre desde hace décadas, esgrimiendo vídeos de peleas como prueba de las molestias que sufren por la actividad de la discoteca.

Cambio de titular

Draco se llamó Canela y antes llevó el nombre del histórico KGB. La discoteca era de la familia Llobet, y figuraba a nombre de la empresa Setraspa, SA, que con el tiempo la cedió a un tercero, la sociedad Trisquelcanela. En un momento dado, cuando Setraspa traspasó el local a Trisquelcanela pero no la licencia, el distrito de Gràcia precintó el local por considerar que no era lícito que lo gestionara quien no era titular del permiso.

Setraspa recuperó entonces formalmente la gestión y la actividad continuó dentro de la legalidad. Se calcula que fue entonces cuando dejaron de pagar el alquiler.

Pago de la deuda

Núñez i Navarro quiso dar por finalizado el contrato en 2019, cuando de hecho acababa, pero un recurso permitió a los propietarios prolongar cinco años la relación, hasta el 31 de diciembre pasado.  El final que parecía previsible era que la discoteca acabara dejando el local, más o menos tarde, sin abonar la deuda pendiente.

Pero el juez no solo ordenó el desahucio, sino que condenó a la empresa a pagar el alquiler no abonado, que al parecer se corresponde con cuatro años de impago. Núñez i Navarro, consultada por este diario, ha preferido no comentar el aplazamiento del desahucio que le devolverá el local y dará por finalizada la trayectoria de una discoteca que ha tenido tres nombres y dos gestores distintos.

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