Residencia Tàber
Barcelona se compromete a mediar en el caso del geriátrico obligado a cerrar a fin de mes
El ayuntamiento elaborará un informe sobre las residencias en riesgo de desaparecer en el Eixample por finalización del alquiler
La última gentrificación: 23 residentes de un geriátrico de Barcelona tienen que irse por sorpresa antes de fin de mes
Collboni insta al Govern a desplegar la ley bucodental tras el rechazo del Supremo al dentista municipal

Un fondo de inversión compra el edificio donde se encuentra la residencia Tàber para gente mayor. / Marc Asensio Clupés / EPC


Jordi Ribalaygue
Jordi RibalayguePeriodista
Periodista especializado en información local de Barcelona y el área metropolitana. Ha trabajado en El Mundo, EFE, Público, Ara, Tot Barcelona y medios locales de Sant Adrià de Besòs y Badalona. Ha colaborado en la redacción del libro 'Objectiu Venus', sobre el barrio de La Mina.
El Ayuntamiento de Barcelona se ha comprometido este martes a mediar para buscar una solución para los 24 ancianos que, de no darse un cambio, tendrán que abandonar el 28 de febrero el domicilio del Eixample en que se afinca la residencia Tàber. El nuevo propietario de la finca, en el número 625 de Gran Via, está remodelando la escalera para reconvertir las viviendas en alquileres de temporada y no prevé renovar el contrato de arrendamiento al geriátrico.
El gobierno del PSC ha aceptado un ruego de Barcelona en Comú en la comisión municipal de derechos sociales, que insta al consistorio a intermediar para “garantizar una solución digna y estable” para los residentes, en coordinación con las familias y el Departament de Drets Socials. A su vez, los Comuns han solicitado “un informe sobre la situación de las residencias de mayores ubicadas en bloques de viviendas en el Eixample, identificando cuáles pueden estar en riesgo de situaciones similares por procesos de recalificación, finalización de contratos de alquiler u otras dinámicas de presión inmobiliaria”. La concejala de Salud, Raquel Villanueva, se ha comprometido a que se elabore.
La concejala Carolina Recio (Bcomú) ha advertido que, como Tàber, “hay una cincuentena de residencias solo en el distrito del Eixample que puede pasar por la misma situación en los próximos años”. La edila ha avisado que la “presión inmobiliaria” sobre fincas del Eixample, en boga por el caso de la Casa Orsola y otros bloques, también pone “en peligro a personas que viven en residencias de la tercera edad y que son sus casas”.
Villanueva ha expresado “preocupación” por el caso de los mayores que viven en el geriátrico ubicado en la Gran Via. “Las residencias son su casa y hemos de poder garantizar que puedan desarrollar su vida en esos espacios”, ha postulado la socialista. A su vez, ha puesto ciertos matices a la proposición de los Comuns. Villanueva ha subrayado que es competencia de la Generalitat hallar “alternativas, si corresponde”. De los 24 habitantes de Tàber, 21 disponen de plazas concertadas con fondos públicos.

Un fondo de inversión compra el edificio donde se encuentra la residencia Tàber para gente mayor, cuyos residentes deberán abandonar próximamente. / Marc Asensio Clupés / EPC
La miembro del gobierno del alcalde Jaume Collboni ha sostenido que las dificultades que planean sobre residencias privadas del Eixample tienen más a ver con los requisitos que la Generalitat exige que por finalizaciones de alquileres. “La problemática que tienen las residencias en pisos del Eixample no es tanto por eso, sino porque bastantes de ellas no responden a la solvencia técnica y económica requerida, por falta de habitaciones triples o los metros cuadrados mínimos de las habitaciones, entre otros, y nos encontraremos en una situación complicada porque esas residencias tienen que acreditarse en 2025”, ha remarcado Villanueva.
En la réplica, Recio ha criticado a Villanueva porque, a su juicio, “no reconoce la influencia de la especulación inmobiliaria en barrios del Eixample y el resto de la ciudad”. También ha protestado al afirmar que, hasta este lunes, el ayuntamiento no había contactado con familiares de los residentes de Tàber.
Dentista municipal
Por otro lado, Barcelona en Comú ha presentado una proposición para abrir una nueva clínica del dentista municipal para pacientes en situación desfavorecida en la franja del Besòs del distrito de Sant Martí, por concentrar “tres de los barrios con más vulnerabilidad” de la capital y descongestionar el centro situado en la calle Viladomat. La propuesta se ha ratificado, con los votos favorables de los Comuns, Junts y ERC, pero es dudoso que prospere, dado que el PSC se ha abstenido alegando que está pendiente de extender la ley de salud bucodental de la Generalitat, aprobada en 2020.
PP y Vox han votado en contra. Ambas formaciones han recordando que el Tribunal Supremo tumbó el propósito del gobierno de Ada Colau de extender el servicio de clínica municipal con precios rebajados no solo a vecinos con falta de ingresos, sino a toda la población, por topar con las competencias propias del Govern.
Gemma Tarafa (Bcomú) ha defendido abrir “una nueva antena en Sant Martí” del servicio de odontología para pacientes con escasez de renta, como se hizo en 2021 en el barrio de Torre Baró, en el distrito de Nou Barris. “Los últimos datos que tenemos es que se han atendido más de 70.000 visitas, pero hay mucha lista de espera, a seis meses vista”, ha asegurado la concejala.
Villanueva ha apuntado al Catsalut para ampliar el servicio y “desplegar la ley de salud bucodental de forma inmediata”. En ese sentido, ha expresado que el consistorio “pone a disposición toda la experiencia acumulada” a la red sanitaria pública catalana y ha señalado que ofrece la clínica odontológica de Viladomat al Catsalut para que la amplíe de tres a seis boxes.
La concejala de Salud ha comentado que el servicio a precios asequibles para vecinos derivados por servicios sociales recibió un 22% más de pacientes en 2023 y un 18% más en 2024. Ha añadido que, pese a la prórroga presupuestaria y que la Generalitat cofinancia servicios, el ayuntamiento incrementa un 2% la aportación al dentista municipal este 2025.
Por su parte, Tarafa ha recriminado que el gobierno municipal “no puede estar dos años sin hacer nada” respecto a los centros municipales de odontología. Ha añadido que la ley de la Generalitat “lleva cinco años de retraso”. “No hagamos trampas al solitario, tiene una cartera de servicios limitada, cuatro veces inferior al dentista de personas vulnerables”, ha distinguido la dirigente de los Comuns, que ha postulado que el servicio municipal “ha de seguir funcionando mientras se despliega la ley”.
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