Barcelona, sobre perdonar multas a infractores del 30%: "Hay 9 casos sancionables"

La primera teniente de alcalde y responsable de Vivienda de Barcelona, Laia Bonet, ha reafirmado este lunes la voluntad del gobierno municipal de hacer cumplir la normativa que obliga a los promotores a destinar un 30% de los pisos que construyen a vivienda social y sancionarlos si es conveniente. Es más, ha precisado que todos los expedientes abiertos con posibles incumplimientos "siguen vivos y con posibilidad de terminar con una sanción", en una comparencencia ante los peridiodistas después de que el diario ARA publicara es domingo que en 2023 el gobierno de Jaume Collboni archivó expedientes que ya se habían incoado y preveían multas por incumplimientos de la norma.

Bonet ha admitido que hay cinco expedientes que caducaron y se archivaron administrativamente, pero niega que hayan perdonado multas. De hecho, ha concretado que hay nueve casos abiertos y con posibilidad de sanción, que se detectaron en una macro inspección realizada en 2022 sobre 2.500 actuaciones en permisos de obras para detectar si en alguna podía haber un incumplimiento de la norma del 30%. "Estamos hablando del 0,036% de los casos inspeccionados", ha resaltado.

"Restituir la legalidad urbanística"

"En el momento que detectamos un incumplimiento, que quiere decir que el permiso de obras que se ha solicitado no se ajusta al tipo de obra, lo que se tiene que hacer es restituir la legalidad urbanística". Es decir, pedir el permiso correcto. Se trataba de casos, por ejemplo, en los que el permiso solicitado era una comunicación de obras en lugar de tratarse de una licencia y en los casos de las grandes rehabilitaciones, la normativa del 30% obliga a los promotores a reservar también viviendas para hacer pisos protegidos.

De este modo, se inició la vía del procedimiento de restitución, como paso previo para hacer "aflorar" incumplimientos, incoar un nuevo expediente sancionador a los promotores e imponer la sanción correspondiente. "Una vez se cambia el trámite urbanístico, tenemos la seguridad jurídica para imponer la sanción", ha apuntado Bonet.

Una sentencia reciente

De estos nueve casos, hay uno -el de la finca de la calle Castillejos 243- en el que una sentencia favorable determinó hace 15 días que el permiso de obra "no se estaba ajustando". "Aquí aflora un incumplimiento", lo que permite abrir el procedimiento sancionador e imponer la multa que corresponde. En los ocho casos restantes, podría seguirse el mismo camino si también se evidencia "el desajuste" entre el tipo de permiso de obra y el nivel de obras que se estaban haciendo. "Actuaremos hasta las últimas consecuencias", ha advertido.

En estos momentos algunos están en sede contenciosa y otros en sede administrativa, pero todos están en fase de restitución. Según la teniente de alcalde, es la recomendación de servicios jurídicos a la hora de proceder.

Los cinco casos archivados

Los cinco de estos nueve casos que sí se archivaron son fincas del distrito del Eixample que se estaban rehabilitando esquivando la obligación de reservar un 30% de los pisos para vivienda protegida, según avanzó el diario ARA. El expediente caducó dado que el ayuntamiento solicitó un informe a servicios jurídicos que, al tardar más de seis meses en presentarse, propició que el expediente se archivara.

Bonet ha responsabilizado a los Comuns de esta situación al decidir abrir en paralelo procedimientos de restitución y procedimientos sancionadores en estos cinco casos. "Esto no da suficiente seguridad jurídica porque, en definitiva, lo que estás haciendo es intentar imponer una sanción antes de que hayas podido acreditar cuál es el incumplimiento", ha asegurado. "Todo está en el momento en el que debe estar el procedimiento de los nuevos casos", ha añadido.

Por otra parte, ha apuntado que el ejecutivo municipal está trabajando de una forma preventiva que anticipa posibles desajustes. Cada mes, ha dicho, los servicios municipales cruzan toda la información sobre permisos de obra y detectan, de media, unos 300 expedientes en los que se verifican los permisos y los tipos de obra que se quieren realizar. Así, si se detecta un desajuste, se detiene la obra y se obliga a modificar el tipo de permiso de obra a la vez que se inicia el procedimiento sancionador si es necesario.

Revuelo en la oposición

Prácticamente al mismo tiempo que ha comparecido Bonet, los grupos de la oposición se han pronunciado al respecto. Por alusión, la líder de BComú, Janet Sanz, ha acusado a Bonet de mentir "claramente" al señalar la supuesta inseguridad de la norma como argumento y ha defendido que hay "cero inseguridad jurídica" en el trabajo realizado durante el mandato de la exalcaldesa Ada Colau.

Por su parte, ERC ha pedido la publicación del informe jurídico que habría servido para archivar los cinco casos que incumplieron la normativa. La concejal Eva Baró ha mostrado la preocupación del grupo municipal ante la situación porque, en caso de confirmarse, significaría una enmienda al compromiso que Collboni dice tener para luchar contra la especulación.

Mientras, Junts ve "cálculos políticos" de Collboni en una hipotética renuncia a multar por el 30%. "El Ayuntamiento tiene la responsabilidad y la obligación de perseguir a los infractores. Creemos que es necesario llegar hasta el final y pedir al PSC que asuma responsabilidades", ha afirmado el concejal Damià Calvet.

Y el líder del PP, Daniel Sirera, ha visto esta ocasión como un motivo más para pedir que se elimine la reserva del 30%: "Es una chapuza jurídica que ha resultado ineficaz para construir vivienda en Barcelona y, por lo tanto, hay que acabar definitivamente con ella".