Solo 5 de las 23 ciudades catalanas obligadas a sancionar sus ZBE lo hacen con normalidad al inicio de este 2025

Los obstáculos para implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las mayores ciudades de Catalunya son notorios. Tanto por los reveses judiciales a la medida como por las vehementes reticencias de alcaldes de grandes urbes como Badalona, Sabadell, Terrassa o Mataró, sabedores de las complejidades pedagógicas que entraña tener que explicar a sus conciudadanos que van a restringir la circulación de sus vehículos. La medida de cuán lento y delicado está siendo el aterrizaje local de las ZBE la da la aplicación práctica de las sanciones en los municipios, la parte más controvertida de la regulación.

Un análisis de EL PERIÓDICO a las ordenanzas municipales y situaciones de las 23 ciudades catalanas de más de 50.000 habitantes, las que están obligadas por ley, concluye que solo cinco de ellas han empezado el año 2025 multando con normalidad, sin grandes moratorias ni excepciones o regímenes transitorios. El cálculo no implica que sean las únicas localidades que sancionan, ya que otras lo hacen limitadamente o lo tienen previsto para algún momento de este año a través de una implementación gradual. Pero sí da buena cuenta de la alambicada concreción de la medida, de competencia municipal, máxime cuando la norma española aplicable ubicaba en junio de 2024 la obligación de las ciudades de tener aprobadas normas locales.

Una vez incumplido ese plazo, el próximo 'momentum' para aplicarlas es el que marca el correspondiente decreto catalán: el 1 de enero de 2026. La norma catalana exige, de hecho, que para entonces los grandes ayuntamientos veten a los vehículos con etiqueta amarilla (B) en episodios de alta contaminación, algo que de momento no ocurre: solo restringen a vehículos sin etiqueta, los más contaminantes.

El estado de las sanciones en ZBE de grandes ciudades catalanas puede clasificarse en las tres franjas de un 'semáforo': el color verde se corresponde con las urbes que sancionan; el rojo con las que no lo hacen por ni siquiera tener ordenanzas aprobadas; y el naranja con las que no multan pero sí tienen o han tenido regulación aprobada y sancionarán próximamente. Esta división puede visualizarse en la siguiente infografía.

Los cinco grandes municipios catalanes que ahora mismo están multando en sus ZBE integralmente son la pionera Barcelona; Sant Cugat del Vallès; Sant Boi de Llobregat; Viladecans; y El Prat de Llobregat. Sus correspondientes normas locales estipulan un régimen general de sanciones de 200 euros que pueden llegar a 260 euros en caso de reincidencia. Sant Cugat es un caso excepcional: prevé multas de hasta 500 euros para sanciones muy graves.

Al otro extremo del 'semáforo' de las ZBE se ubican las grandes ciudades que todavía no han aprobado sus ordenanzas municipales: Mataró; Santa Coloma de Gramenet; Tarragona; Reus; Castelldefels; Vilanova i la Geltrú y Rubí. El grueso de estos consistorios asume la previsión de impulsar sus regulaciones durante este año.

Discusión AMB-Generalitat sobre el registro de autorizaciones

La mayor heterogeneidad se da en la franja intermedia, donde la gran mayoría de ciudades no sancionan —excepto Cerdanyola del Vallès, precursora de las moratorias para residentes— pero sí tienen aprobada una regulación municipal. Y, a partir de ahí, el caos: unas ciudades —L'Hospitalet y Cornellà de Llobregat— están a la espera de aprobar nueva ordenanza tras el revés judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Otras —Sabadell, Terrassa o Manresa— proyectan multas antes de verano. Y otras tantas, como Girona, esgrimen estar a la espera de que la Generalitat ponga en marcha su propio registro para las autorizaciones de vehículos, imprescindible para la efectividad de las ZBE porque, de no tenerlo, sería imposible discernir entre los vehículos que incumplen y los que, pese a ser de los más contaminantes, tienen autorización para entrar en las áreas restringidas un máximo de veces al año.

El registro catalán que las ciudades de fuera del AMB esperan para poner en marcha sus ZBE ya fue objeto de disputa entre la administración metropolitana y la Generalitat. Ocurrió en el contexto de la tramitación del decreto catalán de ZBE, respecto al cual el ente metropolitano exigió mantener su pionero registro, con más de 200.000 usuarios inscritos, unas 450 autorizaciones diarias a vehículos sin etiqueta por día laborable y unas 3.000 llamadas mensuales atendidas.

Con respecto al nuevo registro catalán todavía por materializarse, el AMB llegó a afirmar en unas alegaciones que, si acaba sumándose al suyo, "no debería comportar una duplicación del gasto público". Finalmente el ejecutivo catalán reconoció la singularidad metropolitana al posibilitar la coexistencia entre el registro del AMB y el de la Generalitat, que aún no ha visto la luz.

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