La nueva ordenanza de civismo de Barcelona se retrasa a finales de año ante la falta de alianzas estables

La actualización de la ordenanza de civismo de Barcelona, que no ha cambiado desde su entrada en vigor en 2006, tiene un nuevo horizonte: se retrasa medio año más. El gobierno municipal, que fijó la posible puesta en marcha de la norma en verano, confirma a este diario que ahora sitúa a "finales de 2025" la modificación de una de las ordenanzas municipales más controvertidas. La voluntad de reformarla es unánime entre los grupos de la oposición, pero la posibilidad real de llegar a acuerdos estará en la letra pequeña. Tras la negociación de los presupuestos, el ejecutivo de Collboni encara ahora la carpeta que incluye las normas de convivencia de la ciudad, una tarea que se augura difícil ante la falta de alianzas estables. A la vez, el gobierno ha iniciado las conversaciones para modificar la norma del 30% a vivienda social, otra negociación complicada.

El gobierno hizo público en noviembre el borrador de su propuesta y prevé que el nuevo texto se apruebe de forma inicial en la comisión de gobierno de abril. A partir de aquí, explican fuentes municipales a EL PERIÓDICO, empezará el periodo de exposición pública y las conversaciones con los grupos para tratar de asegurarse los apoyos que den luz verde, al fin, a la nueva ordenanza. Veinte años después su aprobación, la ciudad y sus prioridades han cambiado y Barcelona se encuentra ahora en un contexto distinto, con más protagonismo de la masificación turística, la conciliación de descanso vecinal y ocio nocturno efervescente y el reto de la limpieza del espacio público.

De momento, el consenso político está lejos. Este febrero los grupos están barajando qué medidas presentan al gobierno para incluirlas en el texto que se someterá a votación. Existe el precedente de 2017, cuando, en el primer mandato de Ada Colau, los Comuns ya intentaron modificar la norma para que fuera más laxa y tuvieron que dar marcha atrás por falta de acuerdos. Es más, la ordenanza ya nació en su momento rodeada de polémica social y política, hasta el punto que quebró la cohesión del tripartito municipal de Joan Clos. Iniciativa per Catalunya votó en contra y se aprobó con los votos de PSC, ERC y CiU.

En esta ocasión, la temática de la negociación podría facilitar también sorpresas. La capacidad de PSC y Junts de sumar mayoría por si solos y la trayectoria de acuerdos de PSC y ERC en el último año propicia explorar aritméticas políticas distintas a la suma de PSC, ERC y Comuns que Collboni ha situado hasta hora como estrategia preferente.

Sanciones más altas

Desde su llegada a la alcaldía, Collboni dejó claro que para revertir el incivismo y mejorar la convivencia ve necesario endurecer las sanciones. Y así lo refleja en su propuesta de reforma de la normativa. En términos genéricos, incluye subir la cuantía de las multas por orinar, masturbarse y beber alcohol en la calle, e incorpora agilizar las sanciones a turistas para lograr que las paguen, dado que ahora la liquidación de la deuda tiene cierta complejidad. Como novedad, añade el castigo de actos que atentan contra la libertad e indemnidad sexual en el espacio público, y que las personas que pinten grafitis en lugares no autorizados sean castigadas con hasta 600 euros y asuman el coste de limpieza.

El gobierno socialista también propone medidas preventivas y alternativas a la sanción en casos que puedan afectar a colectivos vulnerables, como a personas que duermen en la calle o a menores, y también en materia de violencia machista. Precisamente medidas alternativas a la sanción es lo que piden los grupos de ERC y BComú, que quieren que la norma sea menos punitiva y que se priorice la mediación, del mismo modo que propuso el Síndic de Greuges de Barcelona, aunque no descartan que se puedan subir las sanciones en ciertos casos.

No sólo resolver “a golpe de sanción”

Desde ERC defienden especialmente que el texto que se apruebe incorpore la mediación, las medidas alternativas (como servicios a la comunidad) y la corresponsabilidad, un concepto que, de hecho, el gobierno ya incluye en el borrador. “No creemos que los problemas de convivencia se deban resolver solo a golpe de sanción. Se ha demostrado muchas veces que la mediación es una herramienta muy positiva para mejorar los problemas de convivencia”, afirma el portavoz adjunto del grupo municipal, Jordi Coronas, en declaraciones a EL PERIÓDICO.

Los Comuns se posicionan en la misma línea, aunque son más exigentes con la propuesta de los socialistas, que ven “muy limitada, poco ambiciosa e incluso cosmética”. El portavoz adjunto de la formación, Marc Serra, pide no focalizar la ordenanza en colectivos -como en los jóvenes, los migrantes o las personas sinhogar- sino en conductas. “No tiene sentido multar a personas sin hogar”, responde a este diario. Por eso apuesta por “prevenir antes que sancionar” y por alternativas como equipos de convivencia o educadores en las calles. “De nada sirve multar por orinar en la calle si no pones baños públicos”, ejemplifica.

“En Barcelona quién la hace, la paga”

Más allá del texto de la ordenanza, Junts expuso públicamente la semana pasada una serie de recetas para atajar el incivismo. El endurecimiento de las sanciones coincide con el posicionamiento del gobierno, en concreto para el consumo de alcohol, las peleas, los grafitis o las molestias nocturnas. Además, reclama priorizar la “persecución y el castigo” al multireincidente y garantizar que “los procesos de sanción funcionen con los turistas”. Quieren más agentes de la Guardia Urbana y fomentar la mediación como método para resolver conflictos.

El PP no duda en su receta para la nueva ordenanza: “En Barcelona quién la hace, la paga”. Su principal reclamación es incrementar las sanciones, especialmente por consumir alcohol en la calle y orinar, y proponen que quiénes hagan grafitis sean quienes limpien “sus destrozos”. “Para acabar con el incivismo también es necesario dotar a los agentes cívicos de autoridad para multar”, concretan a EL PERIÓDICO.

Suscríbete para seguir leyendo