Grandes ciudades catalanas se arriesgan a perder millones para su transporte público si no activan sus ZBE este 2025

El nuevo decreto 'ómnibus' aprobado por el Gobierno contiene una espada de Damocles para las grandes ciudades este 2025 que no había trascendido hasta ahora. La norma, que superó la convalidación parlamentaria este miércoles 12 de febrero, condiciona las ayudas al transporte público en los municipios a que durante este año tengan implantadas y "en funcionamiento" sus Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). En Catalunya, el importe estatal para entidades locales subordinado a las ZBE ronda los 60 millones de euros. De ellos, 52 millones van destinados al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), pionera con la supramunicipal ZBE Rondes Barcelona, confirman a EL PERIÓDICO fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA).

Es la primera vez que se supedita financiación estatal a la puesta en marcha de esta medida dirigida a mejorar la calidad del aire y caracterizada hasta la fecha por la laxitud de sus plazos. La norma española aplicable situó en junio de 2024 la obligación de los municipios de más de 50.000 habitantes de establecer ZBE. Pero no se cumplió: a día de hoy sigue habiendo grandes urbes que no las han implantado. Y el polémico decreto catalán que incluye por primera vez el veto a los vehículos con etiqueta amarilla habla de enero de 2026. Ante la pasividad y dificultades de parte del mundo local, el ejecutivo estatal ha optado por apretar el botón rojo del dinero público.

Solo 5 de las 23 ciudades catalanas obligadas sancionan con normalidad en sus ZBE a inicios de este 2025

Al haber grandes ciudades que ya cumplen, como por ejemplo Barcelona, los mencionados 60 millones en ayudas locales en Catalunya no están en peligro en su totalidad, pero la suma de los importes que se arriesgan a perder los municipios sí asciende a una cuantía millonaria. La distribución de la financiación la calcula el MITMA municipio a municipio y en función de la población. Y la relación final de ayudas la publica la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril, a cuya resolución de 2024 ha accedido este diario y sirve como estimación para este 2025, certifican fuentes del MITMA.

Aunque las ayudas —como la competencia— son locales, en el ámbito del AMB, integrada por Barcelona y otros 35 municipios, es la administración metropolitana la que gestiona los servicios de buses urbanos y la que recibe los fondos estatales. Y, en caso de incumplimientos locales, el decreto asume que el montante se reducirá proporcionalmente. El criterio para aminorar el importe, confirman fuentes conocedoras, será la población atribuible a los municipios que no implanten ZBE en relación al total de 3,3 millones de habitantes del AMB. Por ejemplo, si L'Hospitalet de Llobregat acabara 2025 sin su ZBE en funcionamiento —tras un revés judicial, el Ayuntamiento trabaja ahora en una nueva ordenanza—, el AMB dejaría de ingresar proporcionalmente unos 4,4 millones de euros. En el caso de Badalona, que actualmente tiene su norma suspendida y a la espera de documentación metropolitana, la pérdida de financiación para el AMB rondaría los 3,5 millones de euros. Desde la ciudad liderada por Albiol asumen que "antes de acabar el año la ordenanza estará aprobada a condición de que entre en vigor posteriormente", confirma el teniente de Alcaldía Daniel Gracia (PP).

Solo dos de los municipios obligados en el AMB no han aprobado aún siquiera una primera ordenanza de ZBE: Santa Coloma de Gramenet y Castelldefels. Si no lo hicieran durante el año, la suma del menoscabo para el AMB sería de unos 2,9 millones aproximadamente. Fuentes de la administración metropolitana aseguran que confían en que cumplan todas las ciudades obligadas de su ámbito. Sin ir más lejos, estas mismas fuentes corroboran que Castelldefels, una de esas ciudades hasta ahora sin ZBE, se ha comprometido a implantarla este año. Santa Coloma, por su parte, está trabajando en ello y también prevé su ZBE para antes de que acabe el año.

Fuera del AMB, los casos más significativos de ciudades que no han aprobado todavía una ordenanza de ZBE son algunas integrantes del llamado Arc Metropolità, concretamente Mataró, Rubí y Vilanova i la Geltrú, y por otra parte los de Tarragona y Reus, que lo proyectan para diciembre. Según los datos del MITMA, estas cinco ciudades recibieron conjuntamente unos 3 millones el pasado 2024, que es la cantidad susceptible de evaporarse si no activan sus ZBE durante el ejercicio. En la siguiente tabla pueden consultarse todas las atribuciones locales a partir de las ayudas estatales de 2024 y, en el seno del AMB, calculadas como estimación proporcionalmente a su población.

Qué entender por ZBE "en funcionamiento"

El tenor literal del decreto estatal especifica que, para recibir la ayuda, las ZBE deben encontrarse "en funcionamiento durante 2025" en las ciudades. El interrogante es qué implica exactamente ese "en funcionamiento", ya que una ordenanza municipal puede estar aprobada pero no estar aplicando sanciones por motivos diversos o tener en vigor moratorias que eximan de multas a amplios segmentos de la población como los residentes, que es el caso de Cerdanyola del Vallès.

Fuentes del AMB consultadas argumentan que, para acceder a las ayudas estatales, será suficiente certificar documentalmente el compromiso de las ciudades de que antes de acabar el ejercicio tendrán una ordenanza municipal aprobada. Otras voces autorizadas en la materia van más allá y contemplan que las ZBE se entenderán "en funcionamiento" cuando su correspondiente régimen sancionador se esté aplicando. Fuentes del MITMA consultadas no precisan por el momento la interpretación técnica de la norma y remiten a las futuras bases de la convocatoria.

En cualquier caso, lo que sí se encargan de remarcar los ayuntamientos es el gasto público que ya han destinado a las ZBE pese a no tener todavía aprobada una ordenanza, por ejemplo en la instalación del sistema de cámaras de videovigilancia para controlar el acceso de vehículos. A juicio de las administraciones locales, estas derramas ya ejecutadas son signo inequívoco de la voluntad política para impulsar las restricciones a vehículos más contaminantes antes de culminar el 2025.

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