Riesgo para la salud
Incautados más de 2.300 vapeadores ilegales en Barcelona en un macrooperativo policial
Aumenta el consumo de cigarrillos electrónicos entre los más jóvenes
Los médicos reclaman que el vapeo se equipare al tabaco y se prohíba en interiores
Operativo contra la venta ilegal de vapeadores en establecimientos de Barcelona / Guardia Urbana de Barcelona / Policía Nacional
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La Policía Nacional, la Guardia Urbana de Barcelona e Inspección de Trabajo de la Generalitat han intervenido más de 2.300 cigarrillos electrónicos falsificados en el marco de un macrodispositivo en el que se han registrado 29 establecimientos de la capital catalana y se han identificado a 57 trabajadores.
De los 57 trabajadores identificados en este operativo contra la venta ilegal de cigarrillos electrónicos, denominados también vapeadores o 'vapers', 12 no reunían los requisitos en materia laboral y de extranjería, según informa este jueves la Policía Nacional en un comunicado.
La investigación policial contra esta venta ilegal de 'vapers' se inició a raíz de la denuncia interpuesta por una empresa que representa algunas de las marcas de cigarrillos electrónicos más conocidos a nivel internacional.
Los agentes investigaron este caso por los delitos contra la propiedad intelectual y en materia de extranjería.
Tras la investigación, se estableció un dispositivo conjunto y simultáneo en 29 establecimientos de Barcelona, durante el cual se requisaron más de 2.300 vapeadores.
Todo el material intervenido se analizó minuciosamente por peritos y especialistas, que detectaron varios dispositivos que excedían los límites establecidos por la legislación sanitaria, lo que suponía un riesgo para la salud del consumidor. En estos casos, el límite máximo de depósito de líquido de 2 ml por dispositivo, así como el número de caladas o vapeadas en 1.000, con el riesgo que supone para la salud de los consumidores.
En el operativo conjunto participaron, por parte de la Policía Nacional, el Grupo 43 de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial y el Grupo VI de UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, mientras que desde la Guardia Urbana de Barcelona actuaron la Unidad de Investigación, así como Unidades Territoriales de distintos distritos. En cuanto a Inspección de Trabajo de la Generalitat, participaron varios inspectores y subinspectores de trabajo.
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