Explotación laboral en supermercados 24 horas: jornadas maratonianas por 500 euros al mes y control por cámaras

La apertura de supermercados 24 horas ha sido una constante en los últimos años en toda el área metropolitana de Barcelona. La capital catalana concentra la mayoría de estos comercios, con 686 nuevos permisos entre 2020 y 2024, muchos en el centro de la ciudad o zonas turísticas. También se han multiplicado en barrios y ciudades cercanas a Barcelona que no son muy visitados por los turistas, donde el amplio horario de estas tiendas puede atraer más bien a un tipo de público que busca alcohol y aperitivos para su consumo en la calle y que genera ruido y molestias a los vecinos. Varias administraciones intervienen en el control del sector, con especial protagonismo en la prevención de los abusos laborales.

La regulación de este tipo de establecimientos y los conflictos que pueden generar en el vecindario es responsabilidad de los ayuntamientos y las policías locales mientras que la Inspección de Trabajo se encarga de posibles situaciones de explotación laboral de los trabajadores, en su mayoría ciudadanos extranjeros. Dado que la Policía Nacional tiene competencias sobre extranjería y es la encargada de detectar posibles irregularidades en la situación administrativa de los empleados, sus inspecciones también detectan numerosas irregularidades laborales.

Fuentes del cuerpo indican que la mayoría de supermercados 24 horas barceloneses están regentados por sociedades a nombre de extranjeros, principalmente de Pakistán o la India, y que habitualmente tienen como trabajadores a personas de la misma nacionalidad por vínculos familiares, aunque también hay empleados del norte de África, asiáticos o sudamericanos. Muchos de estos trabajadores sufren condiciones de trabajo muy precarias: la Policía Nacional relatan a EL PERIÓDICO jornadas diarias de entre 12 y 14 horas por unos 500 euros mensuales, sin apenas días libres y en condiciones sanitarias al límite de la salubridad, además de estar controlados por cámaras de seguridad.

Inspecciones policiales

Agentes del Grupo 6 de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional en Barcelona han intensificado las inspecciones de estos comercios en los últimos años, ya que es una de las actividades económicas que más han crecido. Los agentes de Policía Nacional hacen sus propios controles por Barcelona y arco metropolitano, además de dar apoyo a operaciones impulsadas por otras administraciones, como la Inspección de Trabajo o ayuntamientos, cuando se quiere controlar si cumplen la normativa laboral o las ordenanzas municipales. “Lo que nos interesa a nosotros es detectar dónde trabajan ciudadanos extranjeros más proclives a ser víctimas de delitos de explotación, por las condiciones laborales que tienen”, señalan fuentes de la UCRIF.

Sus inspecciones consisten en estudiar la situación administrativa de cada empleado para saber si están en España de forma irregular. Además, investigan si sufren algún tipo de delito relacionado con la explotación laboral, por las condiciones en las que trabaja y por si han sido forzados a hacerlo vulnerando sus derechos. Sin embargo, los agentes remarcan que muchas veces las víctimas no tienen consciencia de serlo o aceptan irregularidades a fin de huir de su situación de origen: “Que un trabajador esté trabajando 12 horas diarias para nosotros es una barbaridad, pero para ellos es el día a día e, incluso, algunos explican que pese a todo están mejor que si estuviesen en Pakistán”.

Por eso, los miembros de la UCRIF remarcan que el “factor cultural es muy importante” y requiere mucha pedagogía: “Se quedan sorprendidos cuando son conscientes de que la legislación española les permite tener un día de descanso”. En otras ocasiones, es el propio afectado quién da el paso porque ya no lo resiste más: “Hay gente que lleva dos años y medio y no ha tenido un día de vacaciones y claro, por mucho que aguanten y estén habituados a estas condiciones laborales, al final acaban explotando y explican lo que sufren”, destacan los agentes.

Un perfil habitual son trabajadores extranjeros que están en España en situación irregular, sin un permiso de trabajo en condiciones. Al detectarlos, los citan a declarar en dependencias policiales para que puedan relatar si sufren algún tipo de explotación laboral e informarles en privado de sus derechos, además de darles apoyo para salir de esa situación. En la casi totalidad de casos se trata de hombres que viven en pisos compartidos con otros y que envían buena parte de su salario a la familia que permanece en el país de procedencia.

Control por cámaras de seguridad

Los agentes señalan que los delitos relacionados con la trata de personas, que se produce con unos fines específicos como la explotación sexual o laboral, son más fáciles de probar en casos de prostíbulos o locales de índole sexual, pero no los han detectado en supermercados 24 horas. “Para que estemos hablando de una situación así tiene que haber un control prácticamente total sobre la víctima todo el día”, indica la Policía, pese a que algunos comercios tienen numerosas cámaras de seguridad y cuando ven a un trabajador que se despista le llaman la atención con el móvil.

El cuerpo estatal clarifica que normalmente la plantilla de los supermercados no está “atada” a los empresarios, es decir, “no están obligados a seguir trabajando” para una sociedad contratante, sino que más bien se dan aprovechamientos de situaciones de necesidad. Los agentes indican que tampoco es habitual que los empleados sean forzados a dormir dentro del local, en trastiendas o habitaciones. Aunque han encontrado algún trabajador al que le ceden ese espacio para descansar de forma puntual, no hay estancias para todo el día.

Los agentes de la UCRIF remarcan que, sobre el papel, los trabajadores dan su “consentimiento” a las condiciones laborales. Sin embargo, se han encontrado con delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, ya que algunos de los empleados han venido desde su país de origen falsificando algún documento o mediante redes de tráfico de personas. Por eso, investigan este tipo de ilícitos penales que pueden afectar a empresarios e inciden sobre una vulneración de los derechos de los trabajadores extranjeros. Con todo, la mayoría de casos que ha observado este grupo policial son personas que tienen “redes de contactos” en zonas de Pakistán o la India y que a través de estas contratan a empleados para tiendas de 24 horas. “Al final para un paquistaní es muy normal tener contratados principalmente a pakistaníes, porque comparten la misma dinámica laboral y la misma cultura”, sostienen las mismas fuentes.

Investigan los contratos laborales

Los agentes examinan con lupa que sean legales los contratos de trabajo, que son la vía de entrada en el país. También investigan las gestorías que los asesoran con la tramitación, para prevenir o hacer aflorar presuntas falsificaciones documentales. En varias ocasiones, afirman, han encontrado documentos con un mismo nombre y datos de identificación pero con fotografías diferentes.

En el mismo sentido, examinan la estructura societaria para evitar fraudes. Algunos empresarios tienen varios locales, de la misma franquicia o de diferentes, y distribuyen en ellos los empleados que llegan. Asimismo, es frecuente que varios administradores y apoderados se alternen en distintas empresas entrelazadas. Este estudio permite ampliar el foco cuando detectan irregularidades en un local, peinando las tiendas de la misma cadena o sociedad. También lo hacen cuando reciben denuncias de extrabajadores descontentos con el trato recibido por parte de un empresario o si en alguna visita de Inspección de Trabajo alguien declara que sufre “explotación laboral”.

Dispositivos conjuntos

En paralelo a las inspecciones que hacen los miembros de la UCRIF por su cuenta, están los dispositivos conjuntos con otras administraciones u organismos. Por ejemplo la campaá de 'multiinspección' realizada en diciembre en Barcelona, que detectó unas 2.000 infracciones y 24 infracciones laborales en un centenar de supermercados 24 horas. En este dispositivo participó personal del Ayuntamiento de Barcelona junto a la Guardia Urbana, inspectores de Trabajo y la Policía Nacional. Levantaron actas por numerosas infracciones, desde alimentos caducados hasta no garantizar los derechos de los trabajadores, pasando por malas condiciones sanitarias en espacios para el uso del personal.

Suscríbete para seguir leyendo