Visita discreta de la consellera de Drets Socials a La Mina para palpar el barrio: "Queremos que se nos escuche"

Más allá de abrir una crisis de seguridad por la proliferación de armas ligada al tráfico de droga, el tiroteo de hace un mes en La Mina ha expuesto con crudeza las necesidades perennes del barrio en que, trifulcas puntuales aparte, sufre ante todo por la pobreza, la infravivienda y la estigmatización. Casi un mes después de que Salvador Illa y Núria Parlon se desplazaran a las calles donde se desató la reyerta, otro miembro del Govern ha regresado este jueves, esta vez sin cámaras, a diferencia del paseo que el president y la consellera se dieron casi 48 horas después de la noche de los 150 disparos. Quien ha acudido esta vez ha sido la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en una visita discreta en que, durante hora y cuarto, ha escuchado a entidades sociales, educadores y sanitarios. Son el dique de contención de la zona y han reclamado que se les tenga en cuenta para que las emergencias sociales se aborden sin demora.

Varias personas recibieron un mensaje esta semana en que se les avisaba que la dirigente acudiría a “escuchar las sensaciones de las entidades” que trabajan con menores y familias del barrio y “mostrar el apoyo y la disposición” del Departament de Drets Socials y el Ayuntamiento de Sant Adrià “ante las situaciones ocurridas en La Mina durante las últimas semanas”. Los agentes sociales han agradecido una atención que echaban en falta y, recogiendo el guante, han rogado que no quede en un brindis al sol.

“Es la primera responsable política que visita a los que estamos en primera línea con familias, menores y jóvenes, pero hemos avisado que no sería suficiente un solo encuentro con gente que queremos que se nos escuche y que sentimos malestar desde hace mucho”, ha comentado uno de los presentes tras la sesión, a la que se ha sumado la alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete. De hecho, miembros de las organizaciones presentes en la charla -a la que han asistido una treintena de personas, entre trabajadores y vecinos del barrio- han reclamado que la cita de esta tarde sea un “punto de partida” para constituir una mesa donde sean partícipes para trabajar codo con codo con las instituciones. Varios de los asistentes consultados por EL PERIÓDICO aseguran que Martínez Bravo ha mostrado predisposición a organizar ese foro estable.

En todo caso, del encuentro no han salido compromisos de inversiones ni calendarios para las medidas de carácter social que la Generalitat y el consistorio prometen para aliviar penurias en La Mina. Una de las voces que ha tomado la palabra, veterana del tejido vecinal, ha insistido en que se requiere “inversión en la juventud del barrio”. “Sobre todo educación, y educar, educar y educar”, ha enarbolado, al tiempo que ha maldicho los clichés con los que los vecinos cargan: “Se nos pone de vuelta y media, a todos nos meten en el mismo saco”. 

La consellera se ha ofrecido como interlocutora directa con los actores sociales del barrio, incluidos los representantes de los afectados del bloque de la calle Venus, decepcionados después de que la Generalitat informara de que el final del desalojo y el derribo del inmueble degradado se retrasa dos años, hasta 2030. La consellera ha enmendado las declaraciones de su secretario general, Raúl Moreno, y ha asegurado que no se desistirá para que la operación programada hace 23 años acabe lo antes posible y sin demoras. 

“Necesitamos personas muy sensibles, que quieran meterse dentro del edificio y comprueben en qué circunstancias vive la gente”, han rogado representantes de los vecinos. “Con todo el trabajo que se ha hecho, no pueden ahora alargarlo más”, han remachado.

Falta de información

Algunas de las entidades que han hablado con la consellera han reprochado que las administraciones no les consulten ni reciban información de primera mano sobre los proyectos y las medidas que se planean para el barrio. “Ha pasado un mes del último incidente grave, pero han pasado cuatro del anterior, con familias que aún sufren la situación, y 10 de otro en que nos recomendaron anular actividades en la vía pública y, en todo este tiempo, es la primera vez que nos encontramos con una responsable política”, han remarcado. 

En la misma línea, han lamentado que los anuncios sobre La Mina se difundan antes a la prensa que a los vecinos y han prevenido de que falta comunicación con el vecindario, habitado por casi 11.000 personas. “Escuchamos a políticos anunciando medidas sociales y de otro tipo para el barrio, pero nadie se había sentado con las entidades, los vecinos ni los servicios que atienden a la comunidad”, han recriminado. “No solo se necesita comunicación directa, sino también acciones reparadoras de lo que se daña a nivel comunitario cuando ocurren sucesos y, además, esfuerzos económicos”, han postulado.

Otra reclamación común ha sido que se estudie que una oficina de servicios sociales vuelva a La Mina y que se propongan soluciones para el barrio que no sean solo policiales. “La actitud ha sido de escucha para saber qué queremos”, ha valorado una educadora que ha tomado parte, satisfecha con el contacto “sin intermediarios”. “Que una consellera venga al territorio no es fácil y lo agradecemos como el inicio de un planteamiento para oír a la gente, porque tenemos un compromiso tan grande con el barrio que vale la pena aprovecharlo”, ha defendido. A Martínez Bravo se le ha hecho notar que en el Casal Cívico del barrio, donde la cita ha tenido lugar y que la Generalitat gestiona, hay cristales agujereados por balazos que aguardan a ser sustituidos desde hace meses. Ha tomado nota.