Conflicto

Los administradores de fincas, sobre la Casa Orsola: "Se está criminalizando a los propietarios"

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Concentración frente a la Casa Orsola

Concentración frente a la Casa Orsola / ZOWY VOETEN

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El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (Cafbl) ha asegurado que no se pueden proteger derechos amparando, en sus palabras, situaciones delictivas como las que se están produciendo en la Casa Orsola de Barcelona, y ha avisado de que "el chantaje no es la vía para conseguir los objetivos".

El Cafbl ha enviado este martes un comunicado a los medios comentando su punto de vista sobre la situación en la finca de la calle Consell de Cent, donde se ha aplazado en dos ocasiones el desalojo de uno de los inquilinos, y donde está pendiente el desalojo de otros vecinos para reconvertir las viviendas en pisos de alquiler de corta duración.

"A pesar de existir una sentencia a favor del propietario, ésta se está incumpliendo y parece que un contrato de alquiler pueda convertirse en un derecho adquirido de propiedad. Se está criminalizando a los propietarios, cuando son ellos los que ofrecen vivienda en el mercado de alquiler. Si no se les otorga una seguridad jurídica acabarán por retirarlos y es lo que está pasando", aseguran.

La organización colegial reclama políticas que favorezcan que los propietarios pongan vivienda de alquiler con garantías y asegura que la confrontación entre propietarios e inquilinos desvía el objeto del problema, "que debería ser una lucha compartida y exigir conjuntamente a los representantes políticos y al Gobierno que destinen los recursos necesarios para realizar políticas de vivienda efectivas".

El presidente de Cafbl, Lorenzo Viñas, ha recordado que esta entidad siempre ha apostado "por colaborar a la vez para promover políticas efectivas que faciliten el acceso a la vivienda asequible a las familias" y ha defendido un pacto de Estado donde estén presentes todos los agentes involucrados.

El propietario de la Casa Orsola, Albert Ollé, publicó este lunes una carta abierta en la que denuncia haber sido víctima de "insultos y ataques" a raíz de la compra del inmueble en 2021, y en la que asegura que la "campaña de desprestigio" contra su persona lo ha llevado a considerar la venta del edificio.