Desahucio aplazado
Collboni anuncia un proceso de mediación abierto para la Casa Orsola
El Sindicat de Llogateres niega que se esté dando una negociación entre las partes implicadas
La movilización ciudadana pospone 15 días el desahucio de madrugada de la Casa Orsola
Casa Orsola, en directo: última hora del desahucio y protestas en Barcelona

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una imagen de archivo. / David Zorrakino - Europa Press


Judith Cutrona
Judith CutronaPeriodista especializada en información local. Con la mirada puesta en el Ayuntamiento de Barcelona y en las calles de la ciudad. He estado siete años escribiendo noticias en Europa Press. Antes, colaboré con La Vanguardia y Público.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado que el desahucio de la Casa Orsola, que iba a tener lugar este martes a partir de las cinco de la madrugada, se haya pospuesto hasta el 18 de febrero. Para el primer edil, la suspensión del lanzamiento es "el primer resultado" de la mediación que propuso el Síndic de Greuges de Barcelona y que asegura que ya ha empezado a dar sus frutos. Él mismo ha anunciado este lunes que "en las últimas horas y durante el fin de semana" han habido "encuentros y conversaciones" entre las partes, que para él han sido claves para la nueva suspensión del desahucio. Collboni ha detallado que las reuniones se han producido entre la propiedad, el inquilino y las entidades por el derecho a la vivienda, aunque el Sindicat de Llogateres ha negado en un comunicado posterior que "actualmente haya una negociación con las partes implicadas".
"Para encontrar una solución hace falta más tiempo y es una doble buena noticia", ha afirmado en una rueda de prensa preguntado por el lanzamiento de nuevo aplazado. Con todo, ha insistido que el compromiso del ayuntamiento es "seguir la mediación y apoyar las medidas que se deban adoptar resultado de esta mediación". "Nuestro objetivo es garantizar el derecho a la vivienda de los inquilinos de la Casa Orsola", ha enfatizado.

Casa Orsola. / Servimedia
"Reiterar el agradecimiento al encargo que le hice al Síndic, que empieza a dar frutos y que (las partes) han entendido que se debe encontrar una solución acordada", ha afirmado. El alcalde no ha querido pronunciarse sobre la carta del propietario de Casa Orsola, en la que denuncia haber sido víctima de "insultos y ataques" a raíz de la compra del inmueble en 2021, con el objetivo de transformarlo en viviendas de alquiler de corta duración, y en la que asegura que la "campaña de desprestigio" contra su persona lo ha llevado a considerar la venta del edificio. Ante este escenario, Collboni ha insistido en la mediación como la solución.
No más Casas Orsola en un futuro
Del mismo modo que se pronunció el viernes pasado, al suspenderse el primer intento de desahucio tras una gran movilización vecinal, Collboni ha incidido en la necesidad de adoptar medidas estructurales para que "no haya Casas Orsola en un futuro".
Para él, estas medidas son algunas de las que ya se están tomando para hacer frente a la crisis de la vivienda, como la regulación de los alquileres, la prohibición de los pisos turísticos, y un nuevo reglamento para evitar el fraude con los alquileres de temporada. Todo ello con el objetivo de desincentivar movimientos especulativos.

Carles Cols
Periodista
Las 'casas Orsola' unen sus fuerzas en un acto en el que afloran nuevas compras de fondos de inversión
En vísperas del la fecha en la que estaba previsto el primer desahucio de la Casa Orsola (18 de febrero a las cinco de la madrugada), el Sindicat de Llogateres y vecinos de decenas de fincas amenazados de expulsión de sus hogares porque sus fincas han sido compradas por fondos de inversión se han dado cita en Consell de Cent y Calàbria, desde hace cuatro años esquina simbólica de la lucha contra la gentrificación. Allí está la Casa Orsola, caso resuelto de una forma inesperada, porque el Ayuntamiento de Barcelona finalmente la ha comprado. ¿Ha sido una buena noticia? Según ha recordado el sindicato en el acto convocado, eso solo ha sido la vía de escape que ha encontrado el alcalde Jaume Collboni para “pacificar la situación”, pero en realidad ha tenido el efecto contrario, ha catalizado a los vecinos para que las movilizaciones surgidas alrededor de la Casa Orsola perduren en el tiempo.
Nueve casos sancionables
Bonet ha detallado que lo que se está haciendo en los nueve casos detectados es llevar a cabo una restitución de la legalidad urbanística para ajustar el permiso de obra. Una vez terminado este proceso, se estudia la posibilidad de abrir un proceso sancionador. De estos nueve casos, hay uno -el de la finca de la calle Castillejos, 243- en el que una sentencia favorable determinó hace 15 días que el permiso "no se estaba ajustando". "Aquí aflora un incumplimiento".
Bonet afirma que la voluntad del gobierno es hacer cumplir la normativa
La teniente de alcalde y responsable de Vivienda, Laia Bonet, ha asegurado que la voluntad del gobierno municipal es hacer cumplir la normativa y sancionar si se detectan incumplimientos. Fruto de una macroinspección a 2.500 actuaciones en 2022, el consistorio tiene abiertos nueve expedientes que actualmente "están vivos" y "con posibilidad de sanción". "Iremos hasta las últimas consecuencias", ha afirmado en su comparecencia ante los periodistas. Informa Judith Cutrona.
Comparecencia del gobierno municipal
A esta hora, la teniente de alcaldía Laia Bonet inicia una atención a los medios en el vestíbulo de la sala Lluís Companys del Ayuntamiento de Barcelona, para declarar en relación a este presunto archivo de expedientes. Lo hace en una comparecencia convocada a última hora tras la publicaicón del caso en el diario Ara.
Intención de modificar la normativa
Precisamente, la semana pasada Jaume Collboni insistió en una entrevista en TV3 en la necesidad de cambiar la normativa del 30%. Según el alcalde, esta fórmula "no funciona" y ha "paralizado" la construcción de vivienda privada. También explicó que, desde su aprobación, con este modelo solo se han construido "26 viviendas sociales, de las 2.000 previstas" cuando se aprobó la medida.
Según el ARA, los promotores inmobiliarios expedientados, de haber sido finalmente sancionados, podrían haber reducido las multas en un 80% si finalmente hubieran accedido a ceder la cuota de vivienda asequible que les correspondia.
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