El AMB pagará a Aigües de Barcelona 32 millones por los costes de saneamiento que Colau rechazó de 2014 a 2020

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) consignó en sus Cuentas Anuales del 2023 una provisión de contingencias de 32 millones de euros para, en su caso, hacer frente a tres contenciosos contra Aigües de Barcelona interpuestos por la empresa suministradora de agua, tal y como adelantó EL PERIÓDICO. Los tres procesos judiciales hacen referencia a costes del sistema de saneamiento y depuración de la red que el AMB liderada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau rechazó pagar entre los años 2014 y 2020. Ante los reveses judiciales del Tribunal Supremo a diversos recursos del AMB, la administración metropolitana asume ahora en su seno interno que hará efectivo el resarcimiento a la empresa con los 32 millones que había previsto. Lo confirman en estos términos fuentes del AMB, que precisan estar estudiando la fórmula para financiar el pago.

La obligación económica del ente, competente del suministro de agua en Barcelona y 35 ciudades de su entorno, consta en documentación de finales de este mes de enero a la que ha accedido este diario. En ella se hace un repaso de los procesos judiciales abiertos contra Aigües de Barcelona y se detalla el origen de la cuantía total de 32 millones: 26,3 millones corresponden a la cantidad principal debida por los citados costes de saneamiento y otros 5,7 millones representan intereses. El AMB asume también su cambio de criterio: al tiempo que Aigües de Barcelona siempre ha reclamado retribución por su actividad de saneamiento, la administración no lo aceptó hasta el año 2021, cuando empezó a abonar el 6% de los gastos directos del saneamiento.

El primero de los citados procesos, referido a reclamaciones entre 2014 y 2018 contra el AMB por importe de 14,8 millones, ya fue sentenciado en primera instancia y en apelación por el TSJC a favor de Aigües de Barcelona, y el Supremo no llegó admitir el recurso del AMB. En el segundo, relativo a reclamaciones entre 2018 y 2019 (8,3 millones), la empresa también obtuvo sentencia estimatoria y el TSJC desestimó el recurso de apelación del AMB. Por último, hay todavía en marcha un tercer litigio por reclamaciones del saneamiento del 2020 (4,3 millones) que actualmente está en suspensión.

Los últimos flecos de la 'guerra del agua' de Barcelona costarán hasta 32 millones al AMB si acuerdos o tribunales no lo evitan

El importe total de los 32 millones de deuda metropolitana representa los últimos flecos de la mediáticamente denominada 'guerra del agua' del área de Barcelona, librada entre el gobierno municipal de la capital que liderón Colau y la empresa. La exedil también presidió el AMB entre 2015 y 2023, cuando además los Comuns se responsabilizaron de la cartera del agua. En esa etapa, la concesión metropolitana del servicio del agua a la empresa fue en primer término declarada nula por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), cuya sentencia fue finalmente revocada por el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal avaló la definitiva validez de Aigües de Barcelona, sociedad mixta integrada por el Grupo Agbar (70%), Criteria (15%) y el AMB (15%).

Durante este periodo, los Comuns de Colau apostaron políticamente por la remunicipalización del servicio del agua y constriñeron a la empresa con medidas como un estudio que reducía sensiblemente su valoración de activos, impeliéndola a abonar unos 210 millones en caso de que el Supremo ratificara la nulidad de la concesión, cosa que finalmente no ocurrió. El nuevo pago a Aigües de Barcelona de 32 millones ha levantado ampollas entre algunos alcaldes metropolitanos, disgustados por que el AMB deba compensar con un importe cercano al 30% de su Plan de Inversiones de cuatro años una deuda enraizada en una pugna política anterior al actual mandato, cuando el AMB está presidida por el alcalde Jaume Collboni (PSC) con la vipresidencia ejecutiva del también alcalde Antonio Balmón (PSC).

El origen del conflicto por el saneamiento

El primero de los recursos contencioso-administrativos interpuestos por Agbar por las citadas reclamaciones de costes de saneamiento atacó el acuerdo del Consejo Metropolitano del AMB del 26 de junio del 2018, que tuvo lugar después del revés judicial del TSJC y antes de la sentencia favorable a Agbar del Supremo. En él, el AMB rechazaba —con el único voto en contra de la antigua CiU y abstenciones de PP, Cs y CAT Torrelles— el requerimiento de Agbar de que el ente cumpliera con sus obligaciones económicas por los servicios de saneamiento realizados por la empresa.

El acta del citado Consejo Metropolitano da buena cuenta del contraste entre visiones políticas en torno a la cuestión durante el mandato político de la ya citada 'guerra del agua' del área de Barcelona. Por una parte, la antigua CiU —en la presidencia del AMB en 2012/2013, cuando Agbar firmó los contratos con el ente— justificó la reclamación económica de la empresa: "El AMB está incumpliendo el convenio", sostenía el 'conseller' Isidre Sierra, hoy alcalde de Junts en Sant Climent de Llobregat, quien tildaba de "obligación contractual" del AMB los pagos reclamados por Agbar.

Los tribunales apuntalan la competencia metropolitana del agua en el área de BCN en detrimento de los ayuntamientos

Por otro lado, la posición oficial del AMB quedaría fijada en las palabras de Eloi Badia (AMB), en aquel momento vicepresidente del AMB y responsable de máxima confianza de Colau para gestionar la cartera del agua metropolitana, quien preguntaba a Sierra si le parecía lógico "que un servicio que no genera beneficio ahora deba producir dividendos", en relación a la reclamación de Agbar. "Desde su llegada están pasando cosas como menosprecios a técnicos propios del AMB o expedientes incompletos que nadie sabe explicar", replicaba Sierra.

El acta recoge cómo Badia se preguntaba si "a una empresa que ha doblado sus beneficios previstos, ahora se le debería abonar diez millones más de beneficios sin hacer ningún cuestionamiento a la coherencia de esta medida". "Es por ello que el Gobierno [del AMB, con presidencia de los 'Comuns' y gobierno cuatricolor junto con PSC, CiU/PdeCAT y ERC] está convencido de que no hay que hacer esto [pagar a Agbar]", sostenía Badia, quien tildaba de "mal acuerdo" el suscrito entre Agbar y el AMB bajo la presidencia de Xavier Trias, que lideró el ente en un ejecutivo amplio liderado por CiU junto con PSC, ICV y ERC.

El TSJC, sin embargo, no respaldó la tesis de Badia. En su sentencia del 21 de abril del pasado 2023, el tribunal desestimó un recurso de apelación del AMB confirmando así la sentencia del 27 de enero del 2022 del Juzgado de lo Contencioso nº 8 de Barcelona, que daba la razón a Agbar. Entre otros argumentos, el TSJC se adhirió a dos informes periciales —uno de ellos de la consultora PwC— que concluyen que "el AMB eludió sus obligaciones para los ejercicios 2014 a 2017; no se produjeron los flujos de caja esperados; tampoco se alcanzaron los resultados esperados al no establecer tarifa comprometida; y, en fin, no realizó aportaciones económicas nuevas".

Esta causa, relativa a la reclamación de 14,8 millones ya mencionada, marca el rumbo de las otras dos y está actualmente en fase de que el Supremo admita a trámite el último recurso, en este caso de casación, del AMB contra la sentencia del TSJC.

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