Eixample

Ocho claves para entender el conflicto de la Casa Orsola de Barcelona

El desahucio del primer inquilino este viernes pone en primer plano los retos de la vivienda en Barcelona

DIRECTO | Casa Orsola, en directo: última hora del desahucio y la protesta hoy en Barcelona

Meritxell M. Pauné

Meritxell M. Pauné

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El caso de la Casa Orsola llega a un punto de inflexión este viernes, con la previsión de desahucio del primer inquilino que se negó a abandonar su piso de alquiler tras la compra del bloque por parte de un fondo inversorLa nueva propiedad planea reformar este inmueble del Eixample para destinarlo a alquileres de corta duración. El perfil de los residentes, mayoritariamente clase media asalariada, ejemplifica la dificultad generalizada para hacer frente a la escalada del precio de la vivienda en la capital catalana.

El conflicto ha suscitado un gran eco mediático y múltiples reacciones políticas y sociales. Por ello, este jueves por la tarde empezó una "maratón de resistencia vecinal", organizada por el Sindicat de Llogateres, en la que participaron caras conocidas como Mònica Terribas, Enric Auger o Jordi Évole. La velada congregó a un millar de personas, según la Guardia Urbana, y culminó en una acampada para pasar la noche y recibir a la comitiva judicial por la mañana. Estas son las principales claves del conflicto.

La Casa Orsola es un bloque de 27 pisos ubicado en el número 122 de la calle Consell de Cent, justo en la esquina de la calle Calàbria. Albergaba viviendas de alquiler, a precios ligeramente por debajo del valor de mercado actual en el Eixample. La pacificación durante el pasado mandato de esta calle -es el principal eje verde del distrito- ha elevado las expectativas de rentabilidad.

En 2020 el fondo de inversiones inmobiliarias Lioness Inversiones adquirió este inmueble para su rehabilitación y conversión a arrendamientos de temporada, usualmente mucho más caros que los convencionales. En el momento de la compra había algunas viviendas vacías y otras de alquiler. No renovó los contratos que vencían y empezó el vaciado de pisos.

Cuando algunos inquilinos se negaron a irse, la firma acudió a la justicia. El juzgado de instrucción número 8 de Barcelona dictaminó a su favor y ordenó el desalojo del primer insubmiso. De los 18 pisos que quedan habitados, bajo distintos tipos de contrato, cinco tienen abiertos procesos judiciales y han sido atendidos por el servicio municipal SIPHO.

Josep Torrent es el primer inquilino de la finca con una orden de desahucio, según ha explicado el Sindicat de Llogateres. No se trata de un caso de vulnerabilidad social. El propio afectado explicó que es profesor y tiene una nómina convencional, que queda corta para afrontar los altos precios de alquiler en el distrito central de Barcelona. “Esto no me pasa solo a mí, pasa en todas las grandes ciudades del país (…), nos están expulsando", ha denunciado este viernes justo antes de una cacerolada nocturna.

El Ayuntamiento de Barcelona ha defendido la conveniencia de suspender el desahucio -decisión que solo puede tomar el juez- para sentar a las partes a negociar. Se ha ofrecido a mediar, como también lo ha hecho el Síndic de Greuges local. En cambio, el Sindicat de Llogateres acusa a las instituciones públicas de inacción.

El ayuntamiento llegó a valorar la compra del bloque vía tanteo y retracto. Lo desestimó en 2021 por “motivos técnicos y de viabilidad económica”, como los costes de la adquisición y rehabilitación, la dificultad para realojar a tantos vecinos durante las obras y la compra municipal de otras cuatro fincas en el mismo distrito. En 2022 el distrito incorpora la Casa Orsola a la Mesa de la Vivienda por supuesto mobbing inmobiliario a través de obras intimidatorias, premisa que no pudo acreditarse y conllevó la salida de la Mesa en 2023.

El ayuntamiento ofreció a la propiedad ceder los pisos vacíos a la Bolsa de Alquiler Social, sin obtener respuesta. El fondo mantiene sus planes, defiende que cumple con la legalidad y se considera víctima de una campaña de desprestigio. Afirma que los afectados con los que ha “negociado directa e individualmente” han llegado a “acuerdos justos y sostenibles a largo plazo". La patronal Foment del Treball se ha incorporado al debate asegurando que los inquilinos no vulnerables que se rebelan son cada vez más y eso generan “inseguridad jurídica”.

El caso lleva meses en boca de las entidades sociales pero llegó al gran público este enero gracias a la gala de los premios Gaudí de cine catalán. Enric Auquer y otros rostros famosos del cine catalán hicieron suyas las reivindicaciones de los inquilinos y denunciaron la situación del mercado de alquiler.

Suscríbete para seguir leyendo