Vecinos anuncian resistencia ante el desahucio de la Casa Orsola, que Foment pide agilizar

Josep Torrent, vecino de la Casa Orsola pendiente de ser desahuciado el próximo viernes, 31 de enero, ha denunciado el “proceso de expulsión” que sufren los vecinos desde que la empresa Lioness Inversiones compró las fincas de Calàbria, 137 y Consell de Cent, 122.

Torrent ha formulado la denuncia en una carta enviada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al de la Generalitat, Salvador Illa, y al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a los que califica de “responsables políticos” del caso y a los que reprocha que más allá de las “palabras vacías” no han hecho nada para evitar el desenlace.

22 años

En su misiva, recuerda que lleva 22 años viviendo en su piso y anuncia que permanecerá en él “pacíficamente" a la espera de que vayan a echarlo. También subraya que 27 familias vivían, entre alquileres indefinidos y ordinarios, en esos pisos, y que ahora son 18 los habitados, de los que cinco tienen abiertos procesos judiciales en demanda de su desahucio.

“Donde han logrado echar a nuestros vecinos, han hecho alquileres de temporada que triplican lo que pagamos nosotros”, afirma Torrent, que ve en ese dato “la prueba clara de cuáles son las intenciones de la propiedad”. También ha destacado que los vecinos no esperan nada de las administraciones, a cuyas decisiones atribuye que se pueda “formar una SICAV para ahorrar impuestos, comprar un edificio entero, expulsar a todo el vecindario, hacer alquileres de temporada y triplicar el precio”. Torrent ha recordado que los vecinos y el Sindicat de Llogateres, que el viernes llamó a la resistencia de los vecinos- secundan su lucha.

Seguridad jurídica

La posición de Torrent contrasta con la de la patronal Foment, que ha pedido “medidas efectivas” contra la ocupación, citando expresamente el caso de la Casa Orsola. Foment considera que en Catalunya se vive “una situación preocupante” en cuanto a ocupaciones, con más del 42% de las que hubo en España en 2023, siendo la comunidad que más suma.

La patronal denuncia que cada vez hay más situaciones en las que los inquilinos se niegan a dejar los pisos cuando vence su contrato pese a no encontrarse en situación de vulnerabilidad. Las regulaciones con “claro sesgo político” han generado “una fuerte inseguridad jurídica, afectando gravemente a los derechos de los propietarios y al mercado del alquiler”, sostiene Foment, que también carga contra “la lentitud de la justicia” y la “acción de plataformas que animan a estos incumplimientos”, que, prosigue la organización, llevan a que mucha gente deje de alquilar sus pisos.