Poder ancestral

La autoridad de los patriarcas en La Mina, en crisis por falta de relevo y conflictos más violentos

El reciente enfrentamiento a tiros desborda el sistema de mediaciones de los cabezas de familia, a los que se ha confiado apaciguar tensiones en el barrio

El tiroteo de La Mina se salda con el destierro de dos participantes y sin detenidos por ahora

Viviendas del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs.

Viviendas del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. / MANU MITRU

Jordi Ribalaygue

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El tiroteo que sacudió al barrio de La Mina la semana pasada se intentó evitar en las horas previas a que miembros de dos familias enfrentadas se cruzaran decenas de disparos. Integrantes de los Cascabeles y los García trataron de rebajar la tensión originada por un encontronazo entre jóvenes de ambos bandos antes de que las rencillas desencadenasen una reyerta desmedida. Sin embargo, un imponderable entorpeció un trato que abortase la refriega: uno de los cabezas de familia con peso y vínculo directo con una parte de los contendientes se hallaba ingresado y en estado grave, incapacitado para zanjar las hostilidades desde el hospital. 

“Puede que su intervención hubiera sido crucial. No hubo una autoridad ni nadie legitimado para asumir ese rol”, interpretan fuentes conocedoras de los entresijos del conflicto, que constata la proliferación de armamento entre personas vinculadas al tráfico de droga en el vecindario. Esa particularidad de la contienda que se libró en plena calle es sintomática de un cambio al que la alcaldesa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, y mandos de los Mossos d’Esquadra se han referido tras el percance: la supuesta pérdida de influencia de los mayores con peso dentro de la comunidad gitana, en los que la administración ha solido confiar la paz social en unas calles lastradas por la pobreza y la estigmatización.  

“Esos referentes están fallando”, sostienen fuentes del Ayuntamiento de Sant Adrià. Lo atribuyen a que los jóvenes de familias gitanas que aún se rigen por esas jerarquías ancestrales “están perdiendo el respeto” por los ‘tíos’, los cabezas de familia infundidos de mando por la obediencia que la comunidad les profesa y a los que se atribuye la capacidad de resolver disputas. 

“Su autoridad es muy inferior”, estima otra fuente. No obstante, rebaja una pretendida desobediencia hacia los ancianos. “Hay pocos jóvenes que no se levanten cuando llega un mayor y no le digan ‘buenas tardes’, sea de su familia o no -destaca-. La ascendencia que tienen sobre el resto y dentro de la propia familia es muy importante, pero en La Mina tenemos un vacío de un grupo que esté legitimado” a interceder en altercados.

La misma voz recalca que varios de esos ‘patriarcas’ -como el mundo payo los denomina- han fallecido sin que nadie haya tomado los mismos galones o haya adquirido un influjo semejante al de los antecesores. “Hemos tenido una crisis generacional -aduce-. Mientas había los que ejercían un rol de poder, no hemos sido capaces de encontrar un relevo que estuviera igual de legitimado”. 

Consejo de Ancianos

El Ayuntamiento de Sant Adrià señala que los Mossos d’Esquadra han impulsado “la mediación entre familias gitanas a través de los referentes del Consejo de Ancianos” de La Mina. Se trata de un órgano formal y reconocido por las administraciones para auxiliar en la resolución de desavenencias cotidianas

Uno de los consultados opina que es una estructura “en decadencia”. “Funcionaba en los 90 y en los primeros 2000, pero ya no”, observa. Añade que agrupó entre una decena y una quincena de personas “muy respetadas”, pero ha entrado en declive por ausencia de sustitutos. “No se ha postulado nadie que quisiera ocupar esos puestos de forma estable”, apostilla.

“A esos los pusieron desde la administración y nadie los respeta. Esa autoridad no se aprende, sino que se nace con ella”, cree otra persona afincada en La Mina. “Intervienen, pero no sirve de nada. Nadie los llama”, zanja. A raíz de otra trifulca a tiros entre dos familias en abril pasado, se buscó a líderes gitanos en Barcelona para que acudieran al barrio a poner paz, algo más bien excepcional. 

Otra voz siente que, al ser figuras adscritas a un programa de mediación en La Mina auspiciado por las instituciones, “se desdibuja la esencia del consejo, porque es la administración quien lo elige y no la comunidad quien lo legitima”. “Ha generado una desconexión de la comunidad con los mediadores -analiza-. Ha habido personas relativamente jóvenes, con unos 40 años, que estaban en el consejo por ser de una familia determinada, lo que lo ha deslegitimado aún más. Ya no es que los jóvenes no respeten a una estructura de poder, sino que la sociedad ha cambiado, las familias han cambiado, las relaciones dentro de la comunidad y entre diferentes familias ya no son las mismas, y hace que el sistema ya no pueda funcionar con la misma eficiencia”.

Discusiones de pareja

Los consultados coinciden en que la escalada violenta de los últimos sucesos en el barrio, con armas de fuego entre medio, desborda el papel tradicional de los ‘tíos’, cuyo cometido sigue sirviendo en el día a día. “Pero cuando hay agresiones, es más complicado”, evalúan. “No es que hayan perdido ascendencia, sino que gestionaban otros problemas: una discusión de pareja, unos primos que no se hablan, unos cuñados que se han peleado… No es lo mismo mediar ahí que en un tiroteo con 200 disparos”, diferencian. “Antes había un patriarca que decía y ponía la ley, pero ahora no existe”, lamentan.

También hay quien piensa que las instituciones han abusado al confiar en los líderes familiares para arreglar sobresaltos en La Mina. “Han dejado que el problema sea cada vez más grande y se ha ido de madre”, recrimina. “Siempre se pregunta por los 'tíos', ¿pero dónde estaban los Mossos cuando el tiroteo? Los ‘tíos’ median, pero la administración debe hacer que las consecuencias caigan sobre los que agreden”, reclama. 

La misma fuente se muestra partidaria de la intervención de los ancianos “mientras no haya disparos ni heridos graves”. “Saltar esa línea roja es saltarse la estructura de convivencia, y ya no hablamos de comunidad gitana, sino de organizaciones criminales”, distingue.

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