La contaminación de la incineradora del Besòs llega al Supremo para investigar a un diputado de Sumar

La causa por presunto exceso de contaminación en la incineradora pública de residuos del área metropolitana de Barcelona ya está en manos del Tribunal Supremo. En un paso ya previsto tras reabrirse el caso en octubre pasado, el Juzgado de Instrucción número 5 de Badalona ha remitido la causa sobre la planta de Tersa a la Sala Segunda del alto tribunal. Uno de los dos investigados por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente es Eloi Badia, expresidente de Tersa por haber sido concejal en el gobierno de la alcaldesa Ada Colau y actual diputado de Sumar en el Congreso. La condición de aforado del miembro de los Comuns abocaba el caso al Supremo después de que la Audiencia revocase el archivo de las diligencias y las encaminase a juicio. 

Es lo que la magistrada de Badalona ha formalizado ahora, enviado una exposición razonada de los hechos al alto tribunal. La instructora advierte que le supone una “ardua tarea” precisar los “indicios de criminalidad en el presente procedimiento”, que ella archivó en mayo pasado al descartar que se hubiera perpetrado un delito. No obstante, la Audiencia de Barcelona estimó lo recursos de la fiscalía, de la asociación Airenet -quien presentó la primera denuncia contra Tersa- y una particular. El tribunal juzgó prematuro que se diera carpetazo al asunto y desmontó los argumentos de la jueza instructora.

Aparte de reabrir el caso, la resolución de la Audiencia instó a la magistrada a dictar el auto correspondiente para trasladar la causa al Supremo y someter a juicio los indicios “fundados y serios” y la imputación “clara y concreta” que “evidencian la presunta participación de Eloi Badia” y el jefe de explotación de la planta de Tersa, F. R., escribe la jueza. Basándose en los criterios de la Audiencia, la intructora destaca que los peritos de la Guardia Civil hallaron anomalías en las temperaturas registradas a las que la incineradora quema la basura. Se trata de un parámetro clave para evitar una dispersión desmesurada de partículas nocivas, como las dioxinas y los furanos, ambos cancerígenos.

La clave del algoritmo

Una de las incógnitas a despejar es la pertinencia del algoritmo con el que se calcula el nivel de calor a que arden los residuos. La fiscalía, la Guardia Civil y la Audiencia ponen en duda que sea riguroso. “A juicio de la Audiencia, no había quedado descartado a lo largo del procedimiento que el algoritmo contravenga la normativa medioambiental y, por tanto, no se podía concluir que los datos obtenidos con el algoritmo fueran fiables, ya que eran modificables”, apunta el auto. 

Agrega que “los peritos advirtieron de ciertas anomalías en relación con las temperaturas de la cámaras incineradoras”. La ley exige que los gases de combustión alcancen los 850 grados centígrados como mínimo para minimizar la propagación de polución nociva para la salud y el medio ambiente. En ese sentido, la jueza recuerda que el Seprona avisó de que, “en determinados momentos, la temperatura no alcanzaba los 850 grados” exigidos. “Podría indicar un problema grave del proceso de combustión o en el sistema de control de la temperatura que no permitían dar fiabilidad a que los procesos de combustión se estuvieran realizando de manera que asegurasen la destrucción de contaminantes, como dioxinas y furanos”, precisa.

“Ello podría suponer un riesgo para la población y podrían, por sí mismo, perjudicar el equilibrio de los sistemas naturales ya que, si no se alcanza la temperatura de 850 grados, no se eliminan los contaminantes”, reza el auto dirigido al Supremo. La resolución apostilla que Badia y F. R. “eran los máximos responsables de la mercantil y a quien correspondía velar por el correcto funcionamiento de la misma”.

La jueza agrega que, “dada la condición de diputado en el Congreso de Eloi Badia”, no puede realizar más cometido que elevar la exposición razonada al Supremo. A su vez, considera que la causa debe mantenerse unida, al margen de que uno de los investigados sea aforado y el otro no. De ese modo, remite el proceso judicial entero al alto tribunal para que asuma la causa a partir de ahora y dirime sobre la presunta contaminación excesiva de la incineradora presumiblemente en un juicio.