Propietarios de pisos se manifiestan para que se derogue el decreto que limita los desahucios

La Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (APROVIJ), creada el pasado otoño, se ha concentrado este sábado en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, ante las sedes de la Generalitat y el ayuntamiento, para exigir la derogación del decreto 11/2020, que mantiene vigente la suspensión de los desahucios en casos de familias vulnerables, informa ACN.

La entidad se oponen a este decreto, que el Gobierno del presidente Pedro Sánchez impulsó en el marco de la pandemia de la Covid-19. La regulación incluye medidas por las que se establece una moratoria en las deudas por arrendamientos, entre otras. La APROVIJ ha reivindicado que no se prorrogue más.

Los manifestantes congregados en la plaza Sant Jaume han reclamado "seguridad jurídica" y acabar con lo que han llamado 'inquiocupaciones'. Una cincuentena de personas han asistido a la convocatoria, a la que dirigentes del PP y Vox han dado apoyo.

Algunos de los presentes han exhibido pancartas con lemas como 'El propietario no es el escudo social' o 'El problema del alquiler no es el propietario, es el decreto 11/2020'. La APROVIJ ha convocado concentraciones este mismo sábado en otras ciudades de España.

Baremos demasiado holgados

La presidenta de APROVIJ, Cati Díaz, ha exigido la retirada del decreto 11/2020. Díaz ha considerado que este decreto, que se ha ido prorrogando, establece unas baremos de vulnerabilidad en el que pueden entrar una parte importante de inquilinos, lo que dificulta poder desahuciar a los que no pagan y provoca que haya propietarios que ya no saquen sus viviendas al mercado por miedo a que esto ocurra.

"Puede pasar que los inquilinos paguen dos meses al entrar a un piso, pidan el informe de vulnerabilidad a los servicios sociales y ya no paguen más", ha afirmado. Entonces el propietario debe acudir a la justicia, que es "lenta" y en la que pierde "un dineral y la salud" esperando una solución, ha añadido Díaz. "La derogación de ese decreto haría que salieran más pisos al mercado, habría más oferta y los precios bajarían, pero este Gobierno esta estrangulando la oferta y demanda", ha denunciado Díaz.

En este mismo sentido, el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha considerado que el decreto perjudica no solo a propietarios, sino también a inquilinos con pocos recursos. Asimismo, Sirera ha exigido "que no se fuerce a estos propietarios a hacer la política social que deberían hacer los gobiernos", que, a su juicio, deberían construir más vivienda social. El líder de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo del Oro, ha denunciado que los gobiernos protegen a "los caraduras" y ha considerado que "los okupas tienen más derechos que las personas que cumplen" con las normativas.

Viviendas ocupadas

En Madrid, medio centenar de personas -en su mayoría propietarios de viviendas ocupadas por familias vulnerables- se han manifestado frente al Congreso de los Diputados, con pancartas y pitos al grito de "¡decreto covid fuera!". Purificación Ramos, de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, ha asegurado a EFE que el decreto no solo les obliga a pagar todos los suministros de la vivienda ocupada, sino que también tienen que seguir tributando a Hacienda por el beneficio de una renta que no perciben.

Ha explicado que, en su caso, lleva haciéndolo durante los cuatro años en que una familia declarada vulnerable por los Servicios Sociales, compuesta por una madre divorciada y dos hijos mayores de edad que están estudiando, residen en su casa del municipio madrileño de Alcalá de Henares sin pagar el alquiler. "En nuestra plataforma hay gente que ha tenido que malvender sus pisos a fondos de inversión, porque no pueden tener las cargas familiares de su familia y de otra; y algunos que han tenido que dejar de pagar sus hipotecas e irse a casa de familiares porque no pueden pagarla sin el alquiler", ha relatado.

Los manifestantes han subrayado que les "parece bien que se ayude a los vulnerables". A su vez, inciden en que esa medida no se puede cargar sobre los propietarios particulares, "porque para eso está el Estado", subrayan.