La Generalitat tramita una multa a la incineradora del Besòs por no informar de un episodio de emisiones excesivas

La Generalitat de Catalunya tiene abierto un expediente que puede acarrear una multa a la sociedad pública Tersa, titular de la incineradora del Besòs, donde arden hasta 360.000 toneladas anuales de basura que el área metropolitana no es capaz de reciclar. Sobre la empresa pesa una causa judicial que se encamina a juicio por los indicios de que la contaminación que emana de la planta de residuos puede haber conllevado un riesgo grave para el medio ambiente y la salud en el límite entre Sant Adrià y Barcelona, según coinciden la Guardia Civil, la Fiscalía y la Audiencia Provincial. El proceso que se dirime en los tribunales discurre en paralelo a una sanción que la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental -que depende del Departament de Territori- plantea por supuestas infracciones de la compañía. 

La Generalitat dictó el verano pasado que tenía que imponerse una penalización. Concluyó que Tersa debía abonar 20.001 euros a modo de castigo “por incumplir los deberes de información”, informa la conselleria, que mantiene bajo reserva la razón por la que acusa a la empresa. 

No obstante, una técnica del departamento reveló la supuesta causa cuando compareció como testigo durante la investigación judicial sobre la presunta polución nociva de la incineradora. Según declaró en abril pasado en el juzgado de instrucción número 5 de Badalona, la central incurrió en unos posibles “incumplimientos” al haber superado el nivel máximo que se permite propagar de ácido clorhídrico al aire. Es una de las sustancias contaminantes que la central esparce. 

Sin aviso

La técnica aseguró que Tersa no notificó la vulneración como era de rigor a la dirección de Calidad Ambiental, que ejerce de órgano de control sobre las industrias con emisiones potencialmente peligrosas en Catalunya. También comentó ante la jueza que la planta habría rebasado el límite para prevenir un exceso de contaminación atmosférica durante unos “cinco días de 2021”.  

En todo caso, la amonestación no se ha hecho aún efectiva ni es firme. Tersa apeló para rebatir los motivos de la multa y, a la postre, paralizar el pago. La firma defiende que el procedimiento de la Generalitat “confirma el cumplimiento de los valores límite de emisión a lo largo de los últimos años". Apostilla que se basa solo "en unas discrepancias en cuanto a la forma de remitir determinada información operativa”. 

Por ahora, Tersa ha cursado el recurso por vía administrativa y no ha emprendido un contencioso. Un juzgado anuló en 2021 otra propuesta de sanción de 20.000 euros que el Govern impuso en 2017 a la sociedad por haber quemado deshechos presuntamente por debajo de la temperatura oportuna para minimizar la polución. A cuántos grados se quema la basura en la central es una de las claves a despejar en el juicio que se avecina.   

Respuestas pendientes

Cinco meses después de decantarse por multar, la Generalitat aún no ha respondido a la impugnación de Tersa, cuya propiedad está controlada en un 58% por el Ayuntamiento de Barcelona y en un 41% por el Área Metropolitana. La compañía afirma que permanece a la espera de que la conselleria se pronuncie. 

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Por su parte, Territori todavía no da el expediente por cerrado ni la penalización por impuesta. “Hay que esperar a finalizar el procedimiento de resolución del recurso de alzada presentado por la empresa”, contesta.  

Aunque reconoce que tramita una sanción, la Generalitat ha desechado precisar qué irregularidad le condujo a expedientar a Tersa y cuándo ocurrió. Ha eludido concretarlo a preguntas de EL PERIÓDICO en los últimos meses y ha desestimado una petición de acceso a información pública de este medio al respecto. Alega que divulgar la respuesta “podría perjudicar la investigación de los hechos”.

Anomalía desapercibida

De las explicaciones de la responsable de la dirección de Calidad Ambiental en el juzgado se desprende que el ente de la Generalitat encargado de supervisar a la incineradora no se percató de la supuesta infracción al menos hasta bien avanzado 2023. Es decir, unos dos años después de la supuesta dispersión excesiva de ácido clorhídrico. 

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El órgano de control cayó en la cuenta al revisar los registros de emisiones de Tersa a raíz de una orden judicial a instancias de la Fiscalía. El Ministerio Público solicitó un informe para que la dirección de Calidad Ambiental examinase si los resultados revelaban “un reiterado incumplimiento de los límites de emisión atmosférica” entre 2017 y 2021. El fiscal lo reclamó al constatarse que los listados que la Generalitat envió al juzgado apuntaban a unas amplias y groseras superaciones de los topes autorizados a la central. El Govern se excusó con que un desliz en la transcripción provocó que millones de datos inexactos se aportaran a la causa, como informó este medio. 

La técnica explicó ante la magistrada que, a raíz del requerimiento formulado en 2023, analizaron las mediciones que Tersa había trasladado al departamento. Dijo que se comprobó que los umbrales se respetaron “en 2017, 2018, 2019 y 2020”. Tirando de memoria, agregó que sí detectaron unas cinco jornadas en 2021 en que pudo cometerse un “incumplimiento de un valor límite que no fue declarado en un informe anual” por la compañía. “La media diaria de ácido clorhídrico debería ser 10 [miligramos por metro cúbico] y los valores eran de 10,7, 10 y poco y 11”, señaló.

Como hace con otras industrias con emisiones contaminantes, Calidad Ambiental insta a Tersa que detalle los niveles de una quincena de parámetros minuto a minuto. La responsable admitió que “no hay un control automatizado” que chequee los resultados tal como llegan a la Generalitat y “no hay una alarma” que salte cuando se produce una superación. 

“No se puede hacer esa valoración exhaustiva que requiere la normativa en materia de control de emisiones de cualquier instalación que mide en continuo”, manifestó. Añadió que ese cotejo “requiere un tratamiento informático muy exhaustivo que, por ahora, no es viable que se haga” desde el departamento.  

A su vez, dijo que el flujo continuo y masivo de mediciones que llegan a la Generalitat sirve para contrastar el dictamen anual que las fábricas deben remitir y “hacer una valoración a final de año”. Esgrimió que la ley no exige al Govern hacer una verificación permanente de la actividad de las plantas. “La obligación de hacer un seguimiento de las emisiones de forma correcta y al momento es de la empresa”, distinguió.

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