Barcelona aprueba las ordenanzas fiscales 2025 tras un pacto in extremis PSC-Comuns sobre cruceros

El gobierno del alcalde Jaume Collboni ha logrado aprobar las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Barcelona este viernes para que entren en vigor el 1 de enero de 2025. El resultado de la votación del pleno de esta mañana había quedado en el aire después de que Barcelona en Comú se desmarcase de la entente que había alcanzado con el PSC y no votase a favor de la propuesta que regula las tasas municipales en la comisión extraordinaria de economía del miércoles. Los Comuns acusaron entonces a los socialistas de aspirar a crear una nueva terminal de cruceros de lujo, a raíz de una mención en un documento de trabajo. El PSC habló de "terminal fantasma", la tildó de inexistente y replicó que el puerto de Barcelona no había formulado ninguna propuesta firme para edificarla.

En todo caso, el alcalde Jaume Collboni y la líder de los comunes, Janet Sanz, se reunieron este jueves para limar asperezas y pactaron una postura común contraria a la construcción del eventual nuevo embarcadero. El compromiso que ambos sellaron ha desbloqueado el proyecto de ordenanzas, que ha prosperado con el apoyo del PSC, de Bcomú y, también, de ERC. Junts, PP y Vox se han opuesto. En paralelo, Collboni ha prorrogado esta mañana los presupuestos de 2024. El alcalde ha invitado durante el pleno a "extender el acuerdo" por la fiscalidad del consistorio a unas cuentas propias para 2025.

El origen de las divergencias

Antes de la sesión plenaria, Sanz ha presumido de contar con la palabra de Collboni para enterrar cualquier pretensión de ampliar los muelles del puerto para recibir a cruceristas. “Dijimos que el acuerdo no debía ser solo de palabra, sino también por escrito, y lo tenemos”, ha recalcado.

Las divergencias entre los socialistas y los Comuns surgieron por el informe de conclusiones de la mesa de trabajo sobre cruceros, que ha reunido este otoño a ambas fuerzas para estudiar que se ponga límite a las embarcaciones turísticas. BComú ha difundido el borrador ya corregido del documento, que suprime toda referencia de la que pudiera desprenderse la posibilidad de edificar una miniterminal para barcos de nueva generación con capacidad máxima de 1.000 pasajeros en el puerto de Barcelona. Este segmento está en alza y no dispone de ningún espacio específico en el Moll Adossat, el único que podría albergarlos.

El texto reza ahora que tanto los socialistas como los Comuns “rechazan crear una nueva terminal de cruceros”. Asimismo, el documento añade que “se propondrá al puerto la reducción” de siete terminales “a cinco”. Este recorte se lograría, según fuentes conocedoras, al no renovar las concesiones de las actuales terminales A y B, que caducan en 2027 y 2030, respectivamente.

Más allá de llegar a un punto de encuentro, el PSC y los Comuns han seguido evidenciando las discrepancias que los distancian. Sanz ha interpretado que ha hecho rectificar a los socialistas, mientras que Collboni y el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, han respondido que quienes se enmiendan en realidad son los Comuns, al deshacer ahora el plan que la exalcaldesa Ada Colau suscribió en 2018 para trasladar los embarcaderos de navíos turísticos más lejos de la ciudad y aumentarlos a siete.

Más presión fiscal al turismo

Al margen de la polémica, Collboni ha celebrado que haya fructificado un acuerdo "progresista" rubricado por el PSC, los Comuns y ERC. Ha resaltado que las ordenanzas fiscales de 2025 permiten incrementar los ingresos del consistorio "sin subir la presión fiscal a las familias, las pymes ni los autónomos, y sí a una actividad que es buena y que va muy bien, la turística, pero que puede pagar más impuestos a favor de la ciudad".

“Va en línea de las prioridades que apuestan por el decrecimiento turístico”, ha postulado Sanz. “Servirá para que el sector turístico pague más, que los hoteles paguen más, que los turistas paguen más y que el puerto de Barcelona pague más sin concesiones”, ha esgrimido la concejala. También ha enfatizado que, "en caso de que el puerto plantee una terminal de cruceros de lujo, el gobierno de Collboni la rechazará".

Sanz ha remarcado que las ordenanzas "llevan el sello de Barcelona en Comú". Ha avisado a los socialistas que, para alumbrar unos presupuestos para 2025, también tendrán que aceptar que su formación deje impronta en las cuentas municipales. De las seis condiciones que marcaron para un pacto contable, los Comuns advierten que solo han cristalizado dos: la regulación de los alquileres de temporada y abortar un muelle más para cruceros.

ERC tilda la controversia de "postureo"

En cambio, Jordi Castellana (ERC) ha tachado el acuerdo entre PSC y Comuns de "postureo", al recordar que el puerto ha negado que tenga un proyecto de ampliación para el desembarco de cruceristas. A su vez, ha atribuido a los republicanos que se eleve el margen del recargo del impuesto turístico de cuatro a ocho euros y que la tasa de residuos se bonifique al 50% a los vecinos que cumplan con el sistema de recogida puerta a puerta en los barrios donde impera.

El líder municipal de Junts, Jordi Martí, ha advertido a Collboni que está "secuestrado por Barcelona en Comú" y "abducido" por las "políticas fracasadas" que ha achacado a Colau. "Ha cedido el poder y el mando de la ciudad a los Comuns", ha alertado el nacionalista, que ha descrito el vaivén entre los socialistas y BComú a cuenta de las ordenanzas fiscales como un "sainete" y un "vodevil impropio de un gobierno serio". El PP y Vox han culpado al PSC de "criminalizar el turismo" y de imponer una presión fiscal "altísima" a los barceloneses.